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| Diego Roda y su esposa Virginia Tueso, víctimas de las balas policiales |
Fue gatillo fácil. El veredicto del jurado volvió a poner sobre la mesa un debate elemental en una sociedad democrática: ¿puede la policía abrir fuego en zonas urbanas, donde el riesgo letal a terceros inocentes es altísimo?
El jurado mandó un mensaje contundente: no sólo que no se puede (como marca la Ley Orgánica de Actuación Policial, que sólo habilita a la policía para disparar si está en riesgo inminente de muerte la vida del policía o de una persona), sino que hacerlo constituye un homicidio calificado por abuso en sus funciones (art 80 inc 9° del Código Penal).
Cuando uno ve las películas de otros países, descubre, por ejemplo, que los patrulleros llevan las armas en sus baúles, precisamente para evitar errores y/o tragedias como la que sucedió aquí.
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| Fernando Grané y su defensora oficial Juliana Oliva Gentileza de Primer Plano |
El veredicto del jurado
Un jurado de doce vecinos de Morón consideró por unanimidad culpable al ex policía Fernando Grané por el crimen del comerciante de Ituzaingó, Diego Roda y el intento de homicidio de su esposa. Será condenado a prisión perpetua, tras casi diez años de investigación. La figura que se impuso fue la de homicidio calificado agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad y, además, por falsedad ideológica al encubrir la escena del crimen para zafar de culpa y cargo.
Así lo decidió el jurado luego de más de dos horas de deliberación. Ahora sólo resta la decisión final a cargo de la jueza Julia de la Llana, que impondrá el monto de pena en el cierre del debate.
El veredicto trajo un inmenso alivio a las víctimas (ver video) y coincidió con el pedido realizado por los fiscales del juicio, Patricio Pagani y Adrián Ferreira, y con lo planteado por las querellas, a cargo de los abogados Ismael Jalil de la CORREPI (en representación de los padres del fallecido) y Gerónimo Podestá en nombre de la viuda, Virginia Tueso.
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| Diego Roda tenía 38 años |
Los trágicos hechos y el encubrimiento
Varios policías perseguían a unos delincuentes que se habían fugado en una camioneta robada en Villa Pineral en la madrugada del domingo 12 de septiembre de 2016. A la altura de Ituzaingó, se desencadenó la masacre contra dos inocentes.
Los policías rodearon otra camioneta diferente y la acribillaron a balazos. En ella iban el verdulero Diego Roda, su esposa y su bebé recién nacido de 12 días a comprar las frutas para abrir la verdulería. Diego Roda murió, sus esposa fue herida y su bebé, milagrosamente, no recibió disparos.
Desde ese mismo instante, comenzó la típica maniobra de encubrimiento para exonerar a los policías y echarle la culpa a los ladrones a quienes perseguían.
Sin embargo, la maniobra se vino abajo con este veredicto unánime del jurado. Ante la masacre, los policías alteraron la escena y las actas para hacer creer que fueron los delincuentes quienes balearon la camioneta para robarla y continuar la huida, ya que la de ellos había reventado una goma.
Un demorado peritaje balístico independiente (a cargo de la Policía de CABA) demostró lo contrario. Tres años después, en 2019 y tras gran presión de la familia de Roda, la pericia arrojó: que las balas eran de los policías del procedimiento.
"Quiero abrazar al jurado", dijo la viuda sobreviviente
La maniobra de encubrimiento al detalle
Cada día, Diego Roda se levantaba antes de que el sol diera sus primeras señales. Pasaba por el mercado, compraba lo que hiciera falta y se iba a la verdulería El Económico, en la esquina de Brandsen y Belén, Ituzaingó, a esperar la llegada de los primeros clientes.
Aquel domingo a la noche, Diego, de 38 años, apuró la salida de la casa de su suegra, en la calle El Delta al 2300, a unas pocas cuadras de su lugar de trabajo. Quería prepararse para reiniciar la rutina. Virginia Tueso (34), su esposa, cargó en brazos a Pedrito, de apenas 12 días, y los tres se metieron en el auto.
Con las manos en el volante, Diego vio que alguien rodeaba el coche y los apuntaba con un arma. Por el lado opuesto, otro hombre corrió y, armado también, se tiró cuerpo a tierra. Diego y Virginia se agacharon, pero no pudieron escapar de la ráfaga de disparos: cuatro balas alcanzaron al verdulero y una de ellas hirió a Virginia en una mano. Entre la brutalidad y el drama, un milagro: a Pedrito no le pasó nada.
Herido, Diego pisó el acelerador, pero no pudo ir muy lejos. “Amor, no llego, no llego”, resopló durante unos 200 metros, hasta que se desvaneció sobre el volante con la palanca en punto muerto, mientras Virginia gritaba con desesperación.
El balazo en el pecho, diría la autopsia más tarde, le puso fin a la vida de un hombre que acababa de formar una familia y estaba construyendo su hogar en Ituzaingó. Todo aquello terminó esa noche, minutos después de las 21. Era el 12 de septiembre de 2016.
Diego fue trasladado a un hospital cercano con un disparo en la región lateral del hemitórax derecho, otro en región escapular izquierda y dos en la región deltoidea izquierda. Los médicos no pudieron salvarle la vida.
La bala que hirió a Virginia quedó atrapada entre el panel y la chapa de la puerta del auto. Nadie lo sabía entonces, pero ese proyectil escondía la luz de una trama de encubrimiento que fue demolida por el jurado.
Primero se dijo que Diego había sido asesinado por delincuentes que robaron una camioneta en Villa Pineral, Caseros, y que la Policía persiguió por Tres de Febrero y San Martín hasta llegar a Ituzaingó. Los tiros -se remarcó entonces- fueron porque la Peugeot Partner reventó una rueda y los ladrones quisieron robar el Volkswagen Vento de la víctima para seguir la fuga.
Esa versión nutrió el expediente durante 500 días y 873 fojas, el tiempo que demoró el peritaje de la bala. Hasta que, en 2019, se descubrió que a Diego lo habían matado policías en servicio.
“Me desespera revivir todo esto porque se están por cumplir 9 años y la pesadilla sigue y sigue. No se va nunca. Quisieron involucrar a gente inocente. Gente que estuvo presa y a la que nunca pudieron encontrarle una prueba en su contra. Los asesinos eran, al final, policías”, cuenta María del Carmen Peche, mamá de Diego, a TN.
Recién en 2021, dos años después que la verdad saliera a la luz y cuando ya habían pasado cuatro años y medio desde el crimen, fueron detenidos Fernando Grané (tenía 31 años al momento del hecho), policía bonaerense y -según la investigación- autor del disparo; y Gerardo San Miguel (35), el oficial que se arrojó a la vereda para escoltar a su compañero durante la balacera.
Cuando el fiscal Marcelo Tavolaro -titular de la UFI 1 de Morón- pidió su captura, Grané ya había sido exonerado de la Bonaerense y cumplía prisión domiciliaria. Pero no por el caso de Diego, sino por haber baleado con su pistola reglamentaria a un joven durante una discusión de tránsito en 2017.
“Se están cumpliendo cuatro años desde que los asesinos están en prisión. Los detuvieron un 6 de abril, en plena pandemia”, evoca Carmen sin titubear, con una precisión sostenida en el amor materno y la lucha consecuente por derribar las barreras de la impunidad. “Si yo no me movía, te puedo asegurar que todavía no sabríamos quién mató a mi hijo. Íbamos a la fiscalía y nos palmeaban la espalda a mí y a mi marido, pero no se hacía nada”, remarca.
Diego murió pensando que le habían querido robar el auto. Virginia se enteró tres años después que su marido era, en realidad, víctima de un caso de gatillo fácil. Entre la oscuridad de la noche y la desesperación, ninguno de los dos alcanzó a ver los uniformes. Tampoco los vio la suegra, a quien Diego le había pedido que no saliera porque afuera hacía frío. La mujer se percató de todo después, cuando la cuadra ya era un reguero de sangre y los compañeros de los policías involucrados empezaban a copar la parada.
En el medio hubo decenas de marchas para pedir el esclarecimiento del caso. Los familiares y amigos de Diego se movían, pero el expediente seguía quieto. Cuando la trama de encubrimiento empezaba a crujir, los abogados de la familia Roda tuvieron que reclamar la intervención de la Fiscalía General. El motivo: ni la comisaría de Villa Elisa que había participado del operativo, ni los peritos que habían falseado los informes para proteger a los policías implicados respondían a las citaciones.
“Les mando las cédulas y ellos no las reciben, ¿qué quiere que haga? Eso nos decía el fiscal Tavolaro”, sitúa la mamá. Finalmente, oficiales de la Gendarmería y de la Policía Federal intervinieron en el traslado a indagatoria de los implicados en el crimen y el posterior encubrimiento.
En septiembre del año pasado, ocho años después del crimen de Diego, llegaron las primeras condenas: en un juicio abreviado, la oficial Camila Pazos fue sentenciada a tres años de prisión condicional por encubrimiento agravado, falso testimonio y falsedad ideológica.
Días más tarde, el ex comisario Daniel Pérez y el ex miembro de la Policía Local Maximiliano Ramos recibieron penas de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos. También fueron condenados dos civiles, Alejandro Salomón y Johana Vukman, a dos años de prisión en suspenso. Ninguno de los cinco está preso.
“El debate iba a comenzar el 17 de febrero, pero Casación accedió a un pedido de Grané, acusado del delito más grave, para ir a un juicio por jurados”, explicó Ismael Jalil, abogado de la mamá de Diego e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “Con los jefes policiales de entonces a la cabeza, la tarea fue encubrir el accionar policial. Levantaron las vainas halladas en el lugar, pero las guardaron en una caja literalmente sepultada en la oficina de la Policía Científica de Morón. Por años, nunca se supo nada de ellas ni de las armas reglamentarias utilizadas en la cacería”, denunció la entidad una vez que la sombra de la impunidad había quedado al descubierto.
.El juicio
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| Jueza Julia de la Llana |
Según expusieron los fiscales Adrián Ferreira y Patricio Pagani en sus alegatos finales, la prueba pericial permitió determinar que "Diego fue fusilado por el policía Fernando Grané", conclusión respaldada por el peritaje balístico presentado durante el juicio.
“Que este asesino salga de la cárcel cuando mi hijo salga del cementerio”, había solicitado María del Carmen Peche, madre de Diego, que esperó una década por justicia. Tras conocer el veredicto se estrechó en un abrazo con sus familiares, con los fiscales del juicio y con el fiscal que descubrió la verdad de lo sucedido, Marcelo Tavolaro.
La defensora oficial de Grané, Juliana Oliva, había intentado durante todo el debate convencer al tribunal que el ex policía “no es un asesino”, pero su estrategia no logró conmover la opinión del jurado. Su teoría del caso, básicamente, fue tratar de demostrar que Grané se confundió de camioneta mientras perseguía delincuentes. De tal modo, no se trató de un homicidio calificado, sino de un exceso en el cumplimento del deber, que prevé una condena por homicidio culposo. También alegó que no se pudo determinar que la bala correspondiera al arma del policía Grané y que podía haber sido del otro efectivo (que pactó una condena en juicio abreviado). El jurado decidió que no era un exceso en el deber, sino un homicidio por abuso de la función policial.
Además del homicidio de Roda, Grané fue hallado culpable por las lesiones sufridas por la esposa de la víctima, que había dado a luz pocos días antes del hecho, y por el delito de falsedad ideológica, al haber participado en la confección de actas policiales falsas para presentar el caso como un supuesto robo.
De acuerdo con lo expuesto durante el proceso judicial, un peritaje realizado por la Policía Metropolitana en 2019 modificó el rumbo de la investigación. Posteriormente, en 2021 y tras una reconstrucción del hecho realizada en Ituzaingó, fueron detenidos Grané y su entonces compañero Gerardo Gabriel San Miguel.
San Miguel fue acusado de encubrimiento por haber participado en la elaboración de la documentación policial que buscó instalar la versión de que Roda había sido víctima de un hecho de inseguridad. Más adelante admitió su participación e involucró a Grané, por lo que recibió una condena de seis años de prisión y posteriormente recuperó la libertad.
En causas abreviadas también fueron condenados otros seis policías que prestaban servicio en la comisaría de Villa Ariza, entre ellos quien era su titular en 2016, Daniel Fernando Pérez. Todos reconocieron su responsabilidad y recibieron penas menores e inhabilitaciones.
Durante las últimas audiencias, Grané sostuvo que disparó después que San Miguel y aseguró que nunca tuvo intención de matar. La estrategia defensiva apuntó a generar dudas sobre cuál de los dos policías efectuó el disparo que impactó en las víctimas.
Tras conocerse el veredicto, los padres de Diego Roda expresaron sus sensaciones luego de casi una década de espera. "Sé que cumplí con mi hijo y que, de ahora en adelante, va a tener paz eterna", manifestó María del Carmen Peche, madre de la víctima. Por su parte, Omar Roda declaró a Primer Plano Online: "Se siente paz, sí, pero yo ya perdí. No tengo a mi hijo, y eso es lo que más lamento en esta vida".
La resolución del jurado representa un paso clave en una causa que durante años estuvo marcada por el presunto encubrimiento policial y que finalmente logró llegar a juicio con una reconstrucción distinta de los hechos, según quedó acreditado en el debate oral.
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| La jueza, las querellas y los fiscales Gentileza Primer Plano |
Los alegatos de la fiscalía
“Diego fue fusilado por el policía Fernando Grané: las balas que mataron a Diego Roda salieron de su arma”, agregó el funcionario al exponer su alegato para tratar de convencer al tribunal. “Grané disparó a matar y el pedido de disculpas que escuchamos llegó 10 años después”, continuó, no sin dejar en claro también que tampoco se hubieran justificado los disparos si en ese vehículo en el que viajaba el comerciante iban los delincuentes a los que venían siguiendo tras el robo de una camioneta en Caseros.
“Desde el inicio de la causa, Grané dio cuatro versiones distintas de lo sucedido. Todas sus mentiras se cayeron como un castillo de naipes en el juicio”, completó su exposición, mientras su colega Patricio Pagani enfatizó que “la prueba está cumplida y las evidencias y testigos fueron contundentes” para la condena, al tiempo que hizo hincapié en la “mentira sistematizada” a lo largo de todo el proceso para “engañar” sobre lo que había pasado.
Incluyó a Grané en esa cadena de mentiras y recurrió a la frase “miente, miente, que algo siempre quedará”. También fue crítico de los testigos ofrecidos por la defensa del ex policía, que se refirieron a la “poca preparación” que tenía el efectivo y a las condiciones precarias en la que los agentes de la fuerza desarrollan su trabajo. La estrategia fue plantear que todo ese combo confabuló para que tome una mala decisión aquella noche.
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| Ismael Jalil, abogado querellante de la CORREPI |
Las otras posturas en los alegatos
El abogado Ismael Jalil, que representó a Omar Roda y María del Carmen Peche, papá y mamá del comerciante asesinado, manifestó que “la familia rechaza el pedido de disculpas hecho por Grané porque no fueron sinceras y jamás miró a la cara de los seres queridos de Diego”.
Y apuntó con sus palabras al corazón del jurado cuando les pidió que reparen en un concepto: “la trascendencia social de un policía”. Por eso solicitó que este crimen “no quede impune” porque “lo único que contiene a una familia a la que le arrebatan la vida de su ser querido es la condena al asesino”.
Cabe recordar que el otro abogado que intervino en la causa fue Gerónimo Podestá, quien representó a Virginia Tueso, viuda de Roda y sobreviviente de las balas policiales.
La enérgica defensa del acusado y las últimas palabras de Grané
La defensora oficial Juliana Oliva, representante legal de Grané, intentó convencer al jurado al afirmar que la “incoherencia” fue lo que sobresalió de aquella investigación inicial, el planteo de los fiscales del juicio y los abogados de la familia. Es más: acusó al ex policía Gerardo San Miguel de ser el responsable de la muerte de Roda y que mintió al acordar una condena en juicio abreviado.
Cuestionó, asimismo, la prueba balística expuesta y aseveró que “no se pudo determinar claramente de qué arma salieron las balas que mataron a Roda”. “Fernando (por Grané) tuvo una conducta imprudente. Pero hay que tener en cuenta el contexto: fue un error inevitable, nunca quiso matar a un inocente”, enfatizó y en todo momento intentó justificar el accionar por la presión de ser efectivo policial. “Hay que contemplar a la Policía porque en el futuro ninguno nos va a cuidar”, llegó a decir antes de plantearle al jurado popular que lo declare no culpable.
Para finalizar los alegatos Grané hizo uso del derecho de dar sus últimas palabras antes de conocer la sentencia. Y también argumentó de manera similar a su defensora: “si nunca pedí perdón a la familia fue por la persecución mediática que sufrí”. Para el jurado popular quedó claro que cuando un policía mata a un inocente eso se llama gatillo fácil.
El veredicto del jurado popular
El tribunal popular se retiró a deliberar después de escuchar los planteos de las partes y tuvo que resolver sobre las distintas alternativas que les fueron planteadas. Y no había término medio: o era un veredicto unánime de culpabilidad para que Grané reciba prisión perpetua o si no lograban los 12 votos la pena era infinitamente menor. Dos horas y media tardó en ponerse de acuerdo.
“Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Fernando Aníbal Grané culpable por unanimidad del delito de homicidio agravado por su condición de policía; culpable por homicidio agravado en grado de tentativa (por mayoría de 10 votos) en el caso de Virginia Tueso; y culpable por unanimidad del delito de falsedad ideológica de instrumento público”, fue lo que se dio a conocer.
Fiscales Ferreyra y Pagani: “es un fallo ejemplar”
La prensa recopiló las opiniones de Adrián Ferreyra y Patricio Pagani, los dos fiscales designados para llevar adelante la acusación contra Grané.
Válido es aclarar un punto: al momento de grabar la entrevista con el medio Primer Plano hubo que interrumpir porque se escucharon algunos gritos e insultos en la sala dirigidos a su colega Marcelo Tavolaro, quien investigó la causa. Fueron de parte de allegados a Virginia Tueso, la viuda de Roda, quienes no quedaron conformes con su desempeño en la causa y se lo hicieron saber tras el veredicto.
Más allá de ese pequeño incidente, que no pasó a mayores, la fiscalía que intervino en el juicio consideró que fue “un fallo ejemplar”. “Desde el principio dijimos que esto no era un juicio contra la Policía, sino contra un miembro de la policía que había actuado más allá de las funciones que le dieron, que había utilizado el arma para ejecutar a un inocente, y no para lo que se la dio el Estado, que era para defender a los inocentes”, reflexionó Ferreyra.
“Yo lo veo como un caso en donde un policía usa un arma indiscriminadamente, en forma alocada, en forma completamente desmedida, sin mantener los protocolos que la misma fuerza les enseña para proceder en estos casos. Lo cierto es que no respetaron esos protocolos, hicieron lo que quisieron, hizo lo que quisieron, en realidad”, acotó Pagani.
Ambos coincidieron también en ponderar el abrazo con la familia Roda-Tueso al finalizar el debate. “Significa cerrar un círculo, que tengan una respuesta por parte del Estado en cuanto a lo que vivieron en 10 años. Cuando a Roda lo fusilaron en el auto, en el mismo auto viajaba un bebé que tenía 12 días de vida. Hoy, ese chico está a 45 días de cumplir 10 años sin haber conocido a su padre más que por fotos y por los relatos de la familia. Esto es también un abrazo con ese chico que, de alguna manera, aunque no recupere nunca a su padre, por lo menos va a saber que si eso es justicia”, concluyeron.
Los abogados de las familias Roda y Tueso: “10 años de tortura”
Conocido todo lo que fue el proceso, la llegada de Ismael Jalil a la causa como representante legal de Omar Roda y María del Carmen Peche, papá y mamá del comerciante asesinado, permitió un vuelco definitivo al expediente que se tramitaba. “Yo me comprometí con el caso, y, si algo quería, era cerrar mi ejercicio profesional reparando en algo el dolor de esta familia”, se sinceró el letrado.
“Es muy contradictorio lo que siento, porque más allá del significado laboral, todo se te remite a la muerte de Diego, a la maniobra que intentaron hacer para ocultar a su verdadero responsable, y, sobre todas las cosas, a 10 años de tortura que ha vivido la familia esperando este momento, que era obtener justicia. Y vino de la mejor mano que podía venir, que es de la mano del jurado popular”, completó Jalil.
A su lado lo escuchaba Gerónimo Podestá, que desde hace 8 años representa legalmente a Virginia, la viuda de Roda y mamá del bebé que viajaba en ese auto. “Este fallo es espectacular por cómo se dio, cómo llevaron los fiscales el juicio, y nosotros, con nuestro granito de arena. No va a reparar nunca una ausencia que altera el orden natural de la vida, donde los hijos deben enterrar a los padres. Nunca más debe salir esta persona de la cárcel porque es un verdadero asesino”, sentenció.
Jalil, que hace 40 años está matriculado en el Colegio de Abogados de Morón, consideró también que “es muy necesario e imprescindible tomar conciencia de la trascendencia social que tiene la función policial, por lo cual estos casos de gatillo fácil no pueden repetirse ni pueden blanquearse ni naturalizarse”. “Estas cosas se tienen que terminar, porque además de matar a Diego también significó negarle a la familia la posibilidad de acceder a la verdad”, culminó.
La jueza Julia de la Llana: “fue una buena experiencia”
“El juicio se desarrolló de buena manera, con todas las garantías que deben primar en un proceso penal. La decisión no era de mi competencia sino del jurado popular, así que no queda más que respetar lo que ellos decidieron”. La jueza Julia de la Llana tuvo a su cargo la orientación de las audiencias en donde las partes intentaron imponer su visión del caso mediante el aporte de evidencias y 30 testigos que fueron convocados para brindar información sobre lo ocurrido aquella fatídica noche y lo que fue la investigación posterior.
El primero de los testimonios que se oyó fue el de viuda de Roda, quien conmovió con sus lágrimas al narrar cómo había sucedido todo. Después de eso hubo pocas cosas que pudieran tocar los corazones del jurado popular: ni siquiera lo que expuso el expolicía Grané, que mostró un relato estratégico organizado por su defensora oficial, Juliana Oliva, que intentó echar culpas en la cobertura mediática que tuvo el caso.
“El peso de una decisión como esta se siente, y está bien que así sea. Entiendo que lo sintieron, pero se hicieron cargo de esa responsabilidad”, subrayó la jueza en diálogo con Primer Plano Online. La magistrada puso en valor el compromiso de cada jurado para participar de las varias jornadas que tuvo el debate y el comportamiento manifestado.
También felicitó a todas las partes que intervinieron en el proceso, pero se refirió en particular a la familia Roda, a la que se acercó a saludar una vez conocido el veredicto y concluido el juicio, al que sólo le resta la audiencia de cesura para imponer la condena final, que no puede ser otra que prisión perpetua para el ex policía.
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