AVISO

AVISO (12/03/23):
Debido a la gran cantidad de juicios por jurados llevados a cabo en una decena de provincias de Argentina, la AAJJ dejará de publicar crónicas individuales por cada juicio y comenzará a publicar resúmenes mensuales

jueves, 7 de diciembre de 2023

Los jueces del Juicio a las Juntas Militares de 1985 ratificaron que el veredicto absolutorio en juicio por jurados "es irrecurrible"


Jueces Guillermo Ledesma, Ricardo Gil Lavedra,
León Arslanian y Jorge Valerga Aráoz

León Carlos Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Ricardo Gil Lavedra, los jueces del mundialmente famoso Juicio a las Juntas Militares de 1985, decidieron apoyar los amicus curiae presentados en la causa del Camping del Durazno. 

Se sumaron así a la lista de prestigiosos juristas, académicos, profesores y abogados de todo el país que cuestionan la realización de un nuevo juicio tras el veredicto absolutorio recaído en dicho caso. 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires decidió abrir el recurso de las defensas y resolverá la cuestión.

El Juicio de Nuremberg, Los Procesos de Tokyo y el Juicio a las Juntas Militares son los juicios más célebres de la historia. De allí el inmenso prestigio que adquirieron los jueces que tuvieron a su cargo el juzgamiento de esos crímenes contra la Humanidad, renovado hoy por el éxito mundial de la película Argentina 1985.



En 2021, el jurado absolvió a los tres acusados del caso. La fiscalía aceptó la decisión por carecer de recurso, pero la querella particular planteó la inconstitucionalidad de la norma que le impide recurrir la absolución y también planteó que los delitos sexuales debían ser juzgados por jueces técnicos y sin jurados por disposición de la Convención de Belen do Pará y la CEDAW. 

La cuestión ya había sido tratada y decidida reiteradas veces por el Tribunal de Casación y la SCJPBA en contra de lo pretendido por la querella.

Sin embargo, en una anómala decisión, los jueces Violini y Borinsky de la Sala III del Tribunal de Casación Penal anularon el veredicto de no culpabilidad, alegando una cuestionada nulidad de orden público. No trataron el pedido de inconstitucionalidad, pero ordenaron hacer el juicio de nuevo ante otro jurado. (ver)

Los abogados defensores recurrieron ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, quien tiene ahora que resolver ahora la cuestión.


Los jueces en el famoso juicio de 1985


En agosto de 2023, destacadas organizaciones  y personalidades del derecho y la Universidad de todo el país, se presentaron ante la máxima autoridad judicial provincial en dos amicus curiae para lograr que la SCJPBA revierta esa decisión. (ver los amicus curiae

Desde ese momento, decenas de personalidades comenzaron a adherir a esos dos amicus curiae, siendo los jueces del Juicio a las Juntas Militares los más resonantes.

Todo lo cual no hace sino resaltar la importancia del apoyo unánime e inequívoco de estos célebres jueces a la protección del sistema de juicio por jurados y sus notas esenciales.

Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma, con sendas notas, ratificaron que un veredicto absolutorio en un juicio por jurados e irrecurrible por las querellas.

“A lo largo de mi carrera, en los diversos ámbitos en los que he interactuado, he defendido el correcto funcionamiento de las instituciones jurídicas de la república, con apego a sus principios rectores”, planteó Valerga Aráoz al cuestionar el escenario surgido de este caso y defender la legislación vigente para este tipo de procedimientos.



Guillermo Ledesma y Ricardo Gil Lavedra dijeron: "Hemos desempeñado una larga carrera pública en la vida política y judicial argentina con un denominador común, que es la defensa irrestricta de la democracia, la República, el Estado de Derecho y los derechos humanos". 

"El juicio por jurados es por antonomasia el símbolo mismo de la participación ciudadana directa en la administración de justicia y, por eso, es necesario preservar su delicado mecanismo de funcionamiento para no desvirtuarlo". 

"Los amicus curiae aciertan al señalar que el empleo de nulidades no provocadas por el acusado o su defensor no debe ser empleado para vulnerar por vía oblicua un veredicto absolutorio y provocar un segundo riesgo de enjuiciamiento y de condena, señalado oportunamente por nuestra CSJN en el célebre fallo Mattei de 1968". 

“Tal forma de proceder afecta al corazón del sistema de jurados”, afirmó León Carlos Arslanian en su escrito y manifiesta que “los veredictos de no culpabilidad (…) impiden al acusador recurso alguno”.

Adhesión de Ricardo Gil Lavedra (descargar)

Adhesión de Jorge Valerga Aráoz (descargar)

Adhesión de Guillermo Ledesma (descargar)

Adhesión de León Carlos Arslanian (descargar)

Leer noticias aquí:

- La Capital (6/12/23): "Camping El Durazno: jueces del juicio a las Juntas cuestionan que se realice un nuevo debate" (ver)

- Ahora Mar del Plata (6/12/23): "Jueces que condenaron a las juntas militares ratificaron que veredicto absolutorio en juicio por jurados "es irrecurrible" (ver)

miércoles, 6 de diciembre de 2023

ENTRE RÍOS: Un sargento de la policía fue encontrado culpable del crimen de Iván Pérez por gatillo fácil en Gualeguaychú

El policía Gómez

Un jurado popular llegó a un veredicto unánime y declaró culpable al sargento de Policía Mauricio Gómez, acusado por el asesinato del joven Iván Pérez, perpetrado el 9 de octubre de 2019 durante una persecución en el barrio Molinari de Gualeguaychú. 

Organismos de Derechos Humanos deninciaron que se trató de un caso de gatillo fácil.

A Iván Pérez lo acusaban de haber robado una caja de herramientas y una amoladora de una casilla. El joven tenía antecedentes de adicciones y su madre había salido públicamente en los medios locales pidiendo ayuda por su hijo. En febrero estaba en una granja recuperándose. 

A eso de las 10:48 hs, acuden al lugar en un patrullero de la Comisaría 8° los policías Juan Alberto Zapata y el Sargento Javier Mauricio Gómez. Ambos comienzan la persecución de Iván Pérez,  sindicado como posible autor del hurto en curso y es allí donde el policía Mauricio Gómez, según la fiscalía, le disparó al presunto ladrón que corría desarmado a 100 metros de distancia. Le pegó un balazo en la cabeza y el muchacho murió en el acto en un descampado.

Tras casi dos horas de deliberación, cuatro días de juicio y una gran tensión de los familiares de ambas partes en la sala, a las 18.30 el jurado anunció al juez Arturo Exequiel Dumon que habían llegado a un acuerdo unánime de doce votos.

Este era el segundo juicio contra el sargento de la Policía de Entre Ríos, Mauricio Gómez, tras haberse estancado el primero en 2021 (ver)


El fiscal fue clave con la preparación
de este segundo debate.

"El jurado lo encontró culpable por el delito de homicidio doloso, es decir intencional, agravado por el uso del arma de fuego", confirmó a Radio 2820 el titular del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán.

"Dentro de las calificaciones esta era una de las más graves. Había otras en las que podía corresponder pena perpetua. De todas maneras esta es una calificación que establece un homicidio agravado, con una pena importante de prisión, aunque no llega a la cadena perpetua. Por supuesto también estaba el planteo de absolución que hizo la Defensa Técnica", explicó Beherán.

Vale destacar que Mauricio Gómez se encuentra en libertad, situación que podría cambiar el próximo lunes de acuerdo a lo que resuelva el juez Dumón al aplicarle una pena que tiene un máximo de 30 años de cárcel.


La familia de Pérez, emocionada
tras el veredicto

El segundo juicio

Este hecho fue juzgado por un jurado popular el 31 de marzo de 2021, bajo la conducción técnica de la jueza Alicia Vivian. Los integrantes del que fue el primer juicio por jurados en esa jurisdicción no alcanzaron una votación unánime como exige la ley. Por este motivo, se realizó a pedido del fiscal un segundo debate que concluyó con el veredicto de culpabilidad.

En este juicio, el fiscal Beherán afinó mucho más la estrategia y la presentación de las pruebas. Eso se notó inmediatamente en la litigación del juicio. Es que el caso había dividido por la mitad a Gualeguaychú, al punto que hubo marchas a favor del policía y del joven fallecido. 

Los organismos de derechos humanos del país le dieron una especial atención a este caso, máxime en la provincia de Entre Ríos, donde es prácticamente imposible lograr una condena ante la justicia técnica por delitos de violencia institucional policial. 

Este era el estreno del jurado popular en la provincia con un caso de gatillo fácil. Si bien el jurado descartó el abuso funcional (correspondía perpetua), lo declaró culpable de un delito menor incluido que tiene una grave pena.

El juez técnico fue el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, Arturo Exequiel Dumón. La fiscalía estuvo representada por Lisandro Beherán mientras que la querella la ejerció el abogado Pablo Di Lollo. En la defensa de Gómez, actuó Alfredo Vitale.

Las deliberaciones se realizaron en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú.



Leer noticias aquí:

- El Día de Gualeguaychú (6/12/23): "El jurado encontró culpable al policía Mauricio Gómez por la muerte de Iván Pérez" (ver)

- Periodismo de Izquierda (&/12/23): "Gualeguaychú. Una enorme victoria frente a la impunidad represiva" (ver)

jueves, 30 de noviembre de 2023

DOCTRINA: Se presentó el libro "El juicio por jurados en Entre Ríos", con brillante prólogo de Horacio Rosatti (descarga gratis digital)



El 23 de noviembre, en un acto llevado a cabo en el mismo lugar en donde se debatiera hace 4 años la ley de juicio por jurados 10.746 (ver), se presentó el magnífico libro "El Juicio por jurados en Entre Ríos", con un soberbio prólogo ni más ni menos que del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti.

En la obra escriben los máximos exponentes del derecho entrerriano, las autoridades políticas de todos los partidos que contribuyeron a su sanción y juristas de la Argentina. Fue un trabajo de escritura que llevó tres años y que hoy, finalmente, ve la luz gracias al empuje de Rosario Romero, Ministra de Justicia y artífice de que saliera la ley.




PARTES DEL PRÓLOGO DE ROSATTI

"Respecto de la naturaleza del acto de juzgar, el debate puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿se trata de un saber técnico, que requiere una formación específica, o se trata de un saber prudencial y por ende susceptible de ser ejercido por gente común, carente de una instrucción especializada? 

Quienes afirman que la tarea de juzgar es de eminente –o al menos predominante– naturaleza técnica argumentan que un lego no está en condiciones de comprender la criminalidad de un acto, o de entender el funcionamiento de factores condicionantes, coadyuvantes, agravantes o atenuantes, que provienen del desarrollo de la ciencia jurídico-penal. 

Se ha refutado a aquella presunción con una lógica impecable: “Es totalmente absurdo admitir que el ciudadano pueda ‘comprender la criminalidad’ de un acto propio (convirtiéndose en delincuente) y no esté en condiciones, empero, de ‘comprender la criminalidad’ de un acto ajeno, si se trata de juzgar a otro con las mismas pautas de valoración social que a él le incumben”.

Respecto del segundo tema de debate, o sea la posibilidad de construir socialmente una decisión judicial basada en el sentido común, hemos sostenido la respuesta afirmativa basada en dos argumentos, que en su oportunidad denominamos “teoría de la distancia justa” y “teoría del margen de error”.

Originada en el juicio estético, pero aplicable en nuestro parecer al juicio moral, la “teoría de la distancia justa” enseña que aquellos que se ubican a la distancia (psicológica) adecuada –ni muy cerca ni muy lejos– del objeto o acontecimiento que deben juzgar, están en mejores condiciones de emitir una opinión imparcial.

Se suele citar el caso de la representación teatral del “Otello” de Shakespeare: el marido celoso estará “demasiado cerca” del drama; el experto en escenografía, “demasiado lejos”.

Lo que puede predicarse de la “distancia psicológica” puede afirmarse igualmente de la relación de “interés-desinterés” con que una persona se coloca respecto de un objeto o un hecho. Si pudiéramos ubicarnos en “la particular situación psicológica por la cual no nos preocupamos ni por el precio, ni por el peso, ni por todas las características que sugieran una utilización práctica del objeto que estamos considerando …terminaremos … por eliminación, quedándonos conceptualmente con el objeto desnudo y crudo, apreciado por sí mismo”.

Conforme al marco teórico descripto, si es integrado respetando las diferencias de género, edad, condición social –y religión o etnia si es del caso–, el jurado popular puede ser visto como un intento por ubicarse “a la distancia justa” y “con el desinterés justo” para formarse una composición de lugar lo más certera posible del hecho que debe ponderar. 

La pluralidad de miradas parece ser, además, un buen antídoto para contrarrestar la influencia de factores externos (económicos, políticos, religiosos o de otra índole) susceptibles de influir sobre la voluntad de los jurados. 

No parece razonable, sino más bien prejuicioso, sostener que un jurado –por el hecho de que sus miembros sean legos– sea más influenciable que un tribunal profesional."



DESCARGAR LIBRO

En el acto de presentación en el salón del Consejo General de Educación participaron la vicegobernadora Laura Stratta, la Ministra de Justicia Rosario Romero, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; Andrés Harfuch (INECIP), la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; los vocales del Superior Tribunal de Justicia Miguel Giorgio y Martín Carbonell; la presidenta de Vidaer Carla Cusimano, el delegado de la AAJJ Entre Ríos Elvio Osir Garzón; abogados Rubén Pagliotto, Miguel Ángel Cullen y Marciano "Chano" Martínez (CAER), legisladores provinciales; jueces federales de garantías y fiscales coordinadores, autoridades universitarias y autoridades judiciales, entre otros.


Andrés Harfuch, Rosario Romero
y Gustavo Bordet


¨El gobernador Gustavo Bordet, resaltó la importancia del sistema de juicio por jurados de su provincia: "Una ley de esta naturaleza, atraviesa además de las discusiones que se dieron en las asociaciones y en distintos círculos, a los tres poderes del estado. Para la sanción de la ley de juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos participaron activamente el poder legislativo y el poder ejecutivo en redactar un proyecto de ley, y el poder judicial aportando todo lo necesario para dotar a este proyecto de la estructura jurídica que necesitaba¨". 




Rosario Romero, Ministra de Gobierno y Justicia, resaltó la participación ciudadana, "Estamos muy contentos con esta enorme participación ciudadana que genera el juicio por jurados, nada más y nada menos que en los procesos judiciales de mayor importancia. Es una forma de participación rotunda de la ciudadanía en la cosa judicial y que la vamos a notar en las generaciones que vienen. Cuando parecía que el Poder Judicial era el más cerrado, el más inexpugnable, a participación popular le da otra matriz"


UN EJEMPLO A IMITAR

Diego Lara, Carla Cusimano y Andrés Harfuch


Andrés Harfuch (INECIP) al momento de presentar el libro, dijo: "Estoy muy emocionado de presentar este libro que es maravilloso, en este mismo lugar en el que cuatro años antes discutimos la ley con fiereza y ardor (ver). Tengo experiencia en todo el país, pero la de Entre Ríos, con 72 juicios por jurados hechos, sin ningún escándalo, comenzando en plena pandemia y con la participación de cientos de entrerrianos que han dado sus veredicto, es un ejemplo a imitar. Felicito al Gobernador y a la Ministra por la determinación política de ponerlo en marcha".

“Afortunadamente, en Entre Ríos hubo un consenso político del gobierno y de la oposición, por eso la ley salió por unanimidad. Eso demuestra que es una institución sólida. Realmente venimos a festejar los cinco años de vigencia de la ley y quienes más han empujado y militado el juicio por jurados son las propias víctimas, los que son agredidos por el delito, que ven a los jurados como sus iguales, como sus pares, y confían más en ellos”.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Elvio Garzón, ex coordinador del STJ para el estudio y la implementación de los juicios por jurados y delegado de la AAJJ en Entre Ríos, dijo estar “convencido que Entre Ríos desde hace cuatro años atrás ha dado un salto de calidad democrática inigualable”.

Apuntó que “uno que lo puede ver día a día, dado que me ha tocado estar en cuatro juicio por jurado puede ver como la comunidad al principio está como un poco reticente para poder participar, pero una vez que concluye el juicio ya su sensación, su semblante es totalmente diferente, es más con decir que las personas que no pueden deliberar, los jurados suplentes, se quedan con ganas de participar y automáticamente ya quieren saber cuándo van a ser convocados”.


GALERÍA FOTOGRÁFICA

EL LIBRO


El libro Juicio por Jurados en Entre Ríos. Un avance institucional que se logró a partir de los consensos políticos y entre los poderes del Estado. El libro compendia la producción de la Ley 10.746, llamada Juicio por Jurados, que contribuye a democratizar la administración de la justicia en la provincia, a fortalecer las instituciones y la calidad de participación ciudadana.

Refleja el esfuerzo por saldar una deuda postergada por más de 80 años por distintos gobiernos entrerriano al reunir reflexiones, antecedentes y aportes de convencionales constituyentes, legisladores, jueces y juezas; también de juristas, pensadores y pensadoras de las ciencias sociales. Todo ellos estudiosos de la institución de juicios por jurados a lo largo de la historia.

La obra reúne también reflexiones, antecedentes y aportes de convencionales constituyentes, legisladores, jueces y juezas, juristas, pensadores y pensadoras de las ciencias sociales; es decir hombres y mujeres que estudiaron la institución de juicios por jurados a lo largo de la historia.





Autores

Horacio Rosatti. Prólogo.

Gustavo Bordet: “Democratizar la acción de hacer justicia”.

Andrés Harfuch: “Características de la ley entrerriana y su respaldo democrático y popular”.

Alfredo Pérez Galimberti: “El jurado hace escuela”.

Susana Medina: “Juicio por jurados y equidad de género”.

Miguel Ángel Giorgio: “Breves reflexiones sobre el estándar de Prueba más allá de toda duda razonable”.

Martín Carbonell: “El veredicto del jurado y los recursos: los nuevos paradigmas y modelos de actuación”.

Rosario Romero: “Otro modo de administrar justicia”.

Ángel Giano: “Consideraciones generales y particulares de la Ley 10.746”.

Marciano Martínez: “El aporte de la abogacía en el juicio por jurados y los héroes olvidados de 1933”.

Laura Stratta: “El juicio por jurados y su potencial democratizador”.

Elvio Garzón: “Selección del jurado: audiencia de voir dire”.

Diego Lara: “El jurado pensado como base de la democracia y la participación ciudadana en el Poder Judicial”.

Carla Cusimano: “Una perspectiva desde la sociedad”.

Raymundo Kisser: “El largo camino del juicio por jurados en las constituciones nacional y provincial”.

Alejando Cánepa - María Gabriela López Arango: “El rol de las partes y la necesidad del control cruzado”.

Miguel Ángel Cullen: “Los dilemas en torno al derecho de ser juzgado por jurados y el imperativo dispuesto por la ley”.

Rubén Pagliotto: “La justicia en manos del soberano y la Constitución honrada”.

Esteban Vitor: “Reseña histórica y el caso de los galeses en Argentina”.

Notas periodísticas

Secretaría de comunicacipon Gobierno de Entre Rios 23-11-2023 "Especialistas destacaron que el juicio por jurados en Entre Ríos es un ejemplo" Ver aquí

Diario R2820 ""Especialistas destacaron que el juicio por jurados en Entre Ríos es un ejemplo" Ver aquí

martes, 28 de noviembre de 2023

ROSARIO: Jurado vecinal, récord de 1500 voluntarios inscriptos en menos de 24 horas

 

Se inscribieron más de 1500 personas para participar como jurados voluntarios en los juicios vecinales de la ciudad de Rosario. 

El juicio por jurado vecinal es la novedosa herramienta del Código de Convivencia, cuya puesta en marcha es inminente. Se abrió la inscripción y, contra lo que muchos agoreros vaticinaban, se batieron los récords y mil quinientos rosarinos se anotaron como jurados para juzgar casos de faltas y contravenciones municipales.

El sistema es totalmente gratuito y voluntario. Rosario sería así la tercera ciudad del país, junto con Mendoza capital y San Patricio del Chañar, en Neuquén, que ya comenzaron a juzgar a suss infractores mediante jurados.



“Hemos abierto un registro, y se ha colmado de inscriptos, son más de 1.500. Eso es una buena noticia, porque garantizar una buena cantidad de gente permite la diversidad en la composición del jurado”, destacó este sábado la subsecretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad, Juliana Conti, en Radio2.

Y agregó: “Es un poco parecido a lo que se ve en las películas, solo que en este caso son faltas de menor gravedad por ser contravenciones de nivel municipal. Estamos contentos por la cantidad de gente que se ha interesado en participar. Suele haber mucho interés en vecinos de hacer denuncias sobre algunos hechos de gravedad, y en estos juicios pueden canalizar ese interés”.

El juicio por jurado vecinal puede ser solicitado por el propio infractor o por el procurador de faltas, y allí reside el valor de esa nueva herramienta, explicó Conti: “Alguien que va a ser juzgado puede pensar que es una herramienta más justa y democrática, que evalúen la falta sus pares”.


Fuente:  Diario Vía Pais Ver aquí

domingo, 26 de noviembre de 2023

ARGENTINA: State Supreme Court of Justice of Entre Ríos province upholds the finality of jury verdicts and speaks of an “overwhelming pro-jury wave” in the country

 

Claudia Mizawak, Daniel Carubia and 
Martín Carbonell

In a ruling of enormous institutional significance for Argentina and Latin America, the Superior Court of Entre Ríos (STJER) unanimously rejected an appeal by the prosecution against a jury’s not guilty verdict and upheld the constitutionality of the double jeopardy clause that prohibits the prosecutor from challenging an acquittal on appeal.

The unanimous not guilty verdict of the jury, which found that prosecutor Uriburu had failed to prove beyond a reasonable doubt that José Carlos Cervín had committed attempted femicide, was confirmed. The trial took place in Rosario del Tala (ver).

DOWNLOAD RULING

There is no doubt that this ruling will be a landmark in Argentine jury trial jurisprudence. It is not just another ruling: the STJER’s support of the finality of jury verdicts, one of the essential characteristics of the jury system, has been absolute and unanimous.

In addition, the ruling recognizes that in Argentina there is "an overwhelming, democratic and republican, pro-jury wave” that grows year after year in the provinces. The following is an exact excerpt from the ruling:

""It should be noted here that the laws establishing juries in the provinces of Chaco, Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro and Chubut have rules similar to those of our Article 89. Thus, the arguments made by the appellants that this is a flaw in the jury system of countries with an Anglo-Saxon tradition -which they remarkably, and wrongly, consider to be antiquated and unwilling to subscribe to norms in accordance with human rights- fall flat in the face of the reality of our country, in which every year, overwhelmingly, more federal territories are incorporated into the democratic and republican jury system. These provinces, I repeat, have rules of appeal similar to ours.”".


The Drafters of the Constitution

This "Cervín" decision by the STJER represents a cultural achievement, as it breaks with the tradition of bilateral appeals, typical of French doctrine and mixed inquisitorial systems before professional judges. Some courts have resisted abandoning the traditional of bilateral appeals, despite the incipient legal doctrine (El precedente Alvarado/Sandoval CSJN)and as mandated by international human rights treaties. 

The jury, here and throughout the world, enshrines and protects the finality of the acquittal verdicts rendered by the People. Judge Daniel Carubia, in one of the most prominent paragraphs of his opinion, highlights this "core norm of the jury system" which, slowly but surely, is being established in Argentina thanks to the gradual implementation of the jury trial. 

The jury trial and the adversarial system in criminal cases that our Framers dreamed of in 1853, came 170 years later. That delay had very serious consequences for the justice system in our country, which are only now beginning to be remedied. The STJER’s ruling is part of this necessary change.

For example, it took a lot of effort to implement the unanimity rule in a judicial branch that for centuries decided everything by majority verdicts, including capital punishment. In a traditional civil law court of three bench judges, two votes are enough to sentence a person to life imprisonment or acquit someone of a very serious crime. 

Now, in Argentina, we accept that the unanimous vote of the twelve-person jury is required to acquit or to convict. Today, no one disputes the immense benefits that unanimity has brought for the legitimacy of verdicts, since data shows that jurors achieve unanimity in 96% of cases.



It was even more difficult to get our legal culture to accept the finality of verdicts, but the jury has managed (at last!) to open this much-needed debate in our legal system. As in all other countries that originally adopted an inquisitorial system, Argentine prosecutors were always granted unlimited powers of appeal to obtain a conviction. This system prolonged cases for decades and made defendants live in a constant state of anxiety and insecurity.

Argentina’s top scholars Julio Maier (cited in this ruling) and Alberto Binder fought for decades for Argentina’s acceptance of this essential feature of the jury that distinguishes the adversarial systems of the most advanced nations.

The universal tradition of the jury views appeal as the defendant’s exclusive right. The double jeopardy clause has been included in the every international human rights treaties (ACHR, art. 8.2.h). Therefore, it has been established for centuries that juries’ not guilty verdicts put an end to the criminal process and are not appealable.

This has been established in all of Argentina’s classic jury laws. But the tension with centuries of inquisitive practice, which turns double jeopardy and the right of appeal into an incomplete right, was bound to emerge at some point in Entre Ríos, and that's what happened.

The "Cervín" judgment begins forcefully, recognizing that trial by jury, in the 1853 Constitution, intended to eradicate practices that are contrary to the adversarial system. Thus begins Judge Carubia’s opinion:

"The lack of a reasoned verdict, the rule of secrecy and the scope of appeal in classic jury systems, are some of the great issues that generate tension in Argentine legal debate." 

"Indeed, as the hour of the definitive implementation of the classic jury in our country approaches, the cultural and political inadequacies of the prevailing justice system that the jury was intended to eradicate, have been sharpened



The only jurisdiction in which prosecutors and victims challenged the finality of acquittal by a jury was in the Province of Buenos Aires at the beginning of the implementation of the system (2016). Also in Buenos Aires, which was the birthplace of this cultural shift, the Court of Appeals and the Supreme Court of Justice upheld the absolute constitutionality of the rule that prevents prosecutors or assistant prosecutors from appealing against a jury verdict of not guilty. But they did so in cases of crimes of institutional violence (see the Bray paredes ruling) (see the SCJPBA´s ruling on Bray paredes)and in common crimes of homicide (see the López ruling).  

The novelty of this very important ruling of Entre Ríos is that it is the first that correctly resolves this issue in the sensitive context of gender-based violence. That gives it added value, because the basis of the prosecutor’s claim was an alleged lack of gender perspective in the ruling.

The appeal generally agrees with the basic principle of the finality of jury verdicts of acquittal, but states that, due to the enhanced due diligence ordered by international treaties on the matter, the principle should yield in cases of gender-based violence.

The prosecutor and victim should, therefore, be able to appeal the acquittal. In other words, appeal should be available for crimes of gender-based violence, but not for other crimes. As if the genuine advance of feminism meant repealing or devaluing basic constitutional guarantees of the accused or evading the rule of law. None of the three judges of the STJER were fooled by this argument, which, under a veil of pseudo-progressivism, intended to hide the fact that the investigation in the case was flawed.

The defense attorneys and judges Carubia and Mizawak were merciless with the appellants on this point. 

In his excellent argument, defense attorney Rubén Pagliotto said, in unequivocal terms:

:"The prosecutor´s appeal ultimately exposes the investigative flaws. This case was ineptly investigated. It was not the fault of the jury that the prosecutor failed to present absolutely conclusive evidence. This is a disrespectful way of asking for a constitutional ruling—the jury’s finding of insufficient evidence—to be overruled.

No wonder the prosecution has resorted to masking its absolute incompetence in the investigation of the case, in its construction of an evidence-supported legal theory for the case, and in its inability to convince even one of the members of the jury.

It is not about blaming Article 89 of the Law and otherwise misconstruing the law, such as the prosecutors’ interpretation of Article 64 of the Provincial Constitution.

If the prosecutor who investigated was inept, he should not try to remedy his faults by trying to force the Provincial Constitution to say what it does not say, or what the Law of Trial by Jury does not say.

When the "second hearing rule" was established in section 64, it was with the accused in mind; it is a protection that has its raison d’être in serving as a shield against the impetuous punitive power exercised by the State; that is why guarantees exist."


Rubén "Rubito" Pagliotto,
renowned defense attorney

Judge Claudia Mizawak, a renowned feminist, went so far as to say that the prosecutor in this case "did not seriously investigate" the incident and held him directly responsible for the outcome of the trial:

"The Prosecutor’s Office (MPF) submits that the appeal should be heard and dealt with as required by the enhanced duty of due diligence.

The IACHR has recognized the duty of the States to prevent "and seriously investigate" these crimes. The enhanced duty of due diligence is uniquely relevant to the MPF -as the body in charge of criminal prosecution- since it imposes an even greater burden on it, especially during the Preparatory Criminal Investigation and the oral trial.

It is not possible to ignore the shortcomings pointed out by the defense regarding investigative failures and the inadequacy of the evidence presented during the debate.

I think it is necessary to mention that the IACHR has established that the investigation phase in cases of sexual violence is of fundamental importance. 

Failures at this stage become a barrier that can be insurmountable in the subsequent identification, prosecution and punishment of those responsible for these acts."



THE FACTS, APPEAL AND DEFENSE’S ARGUMENT

The case reached the Court because prosecutors Uriburu and Lombardi raised the unconstitutionality of Article 89 of Law 10.746, which prevented them from appealing the jury’s acquittal verdict. The law, which has received praise from other countries (ver), reads as follows:

Article 89°: Acquittal. Finality. The verdict of not guilty by the jury shall be binding on the presiding judge and will become res judicata, definitively and irrevocably concluding the proceedings and the criminal prosecution against the accused.

No appeal shall be allowed against a not guilty verdict and the corresponding acquittal, except in cases where the prosecutor fully demonstrates that the verdict of not guilty was the result of bribery, coercion, extortion by kidnapping or other forms of intimidation that exercised on the juror(s), and which were decisive for the acquittal verdict. An appeal of any kind against an acquittal by a judge in a hung jury case will not be allowed.

The prosecutors argued, by order of General Instruction No. 2/2020 of the Entre Ríos Attorney General’s Office, that their inability to appeal such verdicts violated the effective judicial protection of victims of gender-based violence and the Convention of Belem do Pará.

They also argued that Article 64 of the Entre Ríos Constitution established that the guarantee of a "second hearing” also applied to them.

Article 64°: The Legislature shall ensure the right to a second hearing in criminal proceedings, respecting the principles of adversarial, oral and public proceedings in the adversarial system.

The Concordia Court of Appeals issued a memorable ruling rejecting this claim in its entirety, which we reported on this page (see judgement).The prosecutors insisted and appealed to the STJER.

Giordano Boggian’s defense team then added one of Entre Ríos' best lawyers, Rubén Pagliotto. The opinion they defended in the public hearing before the STJER is an anthology and we reproduce it here. 

They practically exhausted the discussion on non bis in idem, double jeopardy, the finality of the acquittal, the sole hearing, the IACHR’s Mohamed decision, international treaty law and its relationship with enhanced due diligence in cases of gender-based violence.

BRIEF FOR DEFENDANT-APPELLE

(download)

Giordano Boggian and Rubén Pagliotto 


SUPREME COURT´S RULING

Judge Daniel Carubia wrote the lead opinion. He did so with remarkable precision, as he reviewed the arguments presented to him by the prosecution from the perspective of the idiosyncrasies of the jury system. In this way, he complied with the IACHR (in re RVP v. Nicaragua, 2018) and the ECtHR (in re Taxquet v. Belgium, 2010), both of which order respect for the inherent characteristics of jury procedure. 

These two precedents recognize that in the West there are two models of criminal prosecution: trial by jury and bench trial. Both are standard, but have different characteristics that must be respected both in the original decision and in the appeal. 

Thus, there should be no attempt to graft onto one system specific characteristics of the other, such as requiring a jury to justify its verdict or requiring a judge to issue judgments out of personal conviction. The same is true of the finality of the jury’s verdict of acquittal, which is inherent to this form of trial and follows Article 8(2)(h) of the ACHR. 

In short, the judges of the STJER did what the IACHR clearly states: when reviewing the verdict of a jury, the essential characteristics that define the jury system, which Statute 10.746 recognized so well, must be respected  - and not altered.

Excerpt from the decision: "The advantages and disadvantages of one system or another are distributed equally, taking into account the nature of each trial system"

Carubia's opinion was based on four points that shaped his decision. The first is formal. He argued that the prosecution came up with the idea of raising the unconstitutionality of Article 89 of the Law when it lost the case. Before that, it had said nothing and accepted the rules of the game, only questioning them after failing. If they had wanted to try this route, Carubia said, they should have challenged the constitutionality of the jury system from the outset, as the most basic doctrine of constitutional law requires. 

"This Office filed an appeal only ‘for having lost': it allowed a trial to proceed in its entirety with the jury system’s rules, to which the parties had submitted. Only when  the result of the trial was an acquittal, did the prosecution challenge the constitutionality of a core rule of the system to which, without objection, they had submitted." 

He strongly rejected the Attorney General's Instruction 2/2020 as "unknown" and unrelated to the process

But the lead opinion did not leave it there. The second point went directly to the substance of the matter, with an irrefutable argument in defense of the constitutionality of Article 89 of the Law. One caveat needs to be made here. It is common knowledge that Judge Carubia’s position is that the prosecution could never have the same scope of appeal as the defendants. 

In his ruling, he confirmed this position and reminded prosecutors that Article 89 in no way deprives them of the chance to appeal, but limits them in an absolutely reasonable way to the only two cases recognized worldwide (even in common law systems with juries) that are called “fraudulent res judicata." 

In other words, corrupt activity by the accused or his defense that leads to a flawed acquittal (bribery, coercion, extortion of jurors or witnesses, serious misconduct, etc.). In these scenarios, the prosecutor’s appeal is tolerated because there was never any "risk" for the accused. "Double jeopardy" in these corruption cases is a fiction; it does not exist.

"The Entre Ríos Legislature does not prohibit the prosecution’s access to the "double hearing", but only limits it to cases of not guilty verdicts in which the prosecutor "irrefutably demonstrates that the acquittal verdict was the result of bribery, coercion, extortion by kidnapping or other serious intimidation that exerted coercion on the juror(s), and which were decisive for the not guilty verdict."

"Contrary to what the prosecution emphatically argues, the constitutional rule of the double hearing in Art. 65 of the Constitution of Entre Ríos is not violated, since with absolutely reasonable limits that are part of the core of the jury trial system, it grants both parties the possibility of appealing. It is not true that the prosecution is prevented from this option in the current system: in the event of an acquittal verdict, it will have the right to appeal that is recognized in the same Art. 89 that it challenges." 

"With the introduction of the trial by juries, the local legislature decided to limit the grounds for appealing an acquittal. It is, therefore, a legislative decision, keeping with the very nature of the jury trial. The jury’s verdict of acquittal is the expression of the sovereignty of the people, and their will may only be revoked to the extent authorized by the legislature."



The third point unambiguously supports the precedents that Concordia Court of Appeals used to reject the prosecutor’s appeal. As we mentioned before, Concordia was a superlative ruling  (see holding). The STJER agreed with it in all respects and stated that the rulings cited there, Green v. United States (U.S. Supreme Court, 1957), Alvarado/Sandoval (CSJN, 1998, 2005), Mattei (CSJN, 1968), and the judgments of the Court of Appeals of the Province of Buenos Aires and the SCJPBA, cited above, among others, sealed the issue. 

"The precedents invoked carried out a thorough analysis not only of the norms of our National Constitution, but of the entire international framework, establishing the full validity of the rule limiting the possibility to appeal, as long as it does not contradict the international human rights system. In other words, all the international rules invoked by the appellants in support of their claim were duly analyzed by the Buenos Aires judgments cited by the Court of Appeals, and their considerations are fully applicable to the case at hand.”

The fourth and final point is perhaps the most important one and has to do with enhanced due diligence in matters of gender-based violence. This was the prosecution’s central argument and the most original part of this ruling for Argentine jurisprudence because it defines what is meant by enhanced due diligence in a jury system: it in no way implies giving the prosecutor or the victim the right of appeal against acquittal.  

Defense attorneys Boggian and Pagliotto repeatedly insisted that all the country’s victims’ laws clearly state what is meant by “effective judicial protection” and “access to justice.” These laws grant broad powers to victims, including access to the case file and the possibility of appealing in cases where the judge does not send the case to a jury. But none of them state the right to appeal acquittals. This is logical, since such a rule would repudiate the strict letter of international human rights treaties, which establish the right to appeal as an exclusive guarantee of the convicted person. 

Here the lead opinion did not hold back. The Jury Act does not deprive the victim of remedies against acquittal, but limits them to exactly the same two cases mentioned above for the prosecution and which are "absolutely compatible" with the essence of the jury system.

"The duty of enhanced due diligence has been guaranteed and respected by the judiciary from the moment the victim was granted unrestricted access to justice. In fact, she was heard, she took part in various stages of the proceeding, her right to testify without the presence of the accused Cervín was respected; she was been given the opportunity to be an assistant prosecutor, -of which she opted out- and she had a trial that included a jury made up of twelve people carefully selected by the parties, with absolute gender parity, six women and six men, which rules out any violation, even the slightest, of the due diligence required.”

"With the introduction of trial by jury, the local legislature decided to limit the grounds for appealing an acquittal. It is therefore a legislative decision, keeping with the nature of the jury trial. The jury, politically, is nothing more than the requirement-in order to make state coercion possible- to obtain the acquiescence of a minimum and unanimous number of citizens, which symbolizes, in the best possible way in our mass society, politically, and not statistically, popular opinion (cf.: Maier, Julio B. J.; "Criminal Procedural Law", vol. I, 1st ed, p. 787, Ed Bs.As., 2004); for this reason, acquittal by the jury prevents the use of the appeal, regardless of the assessment of the verdict: fair or unfair before the law (cf.: Maier, op. cit., p. 634).

"Thus, the acquittal of the jury is the expression of the sovereignty of the people and its will can only be revoked in the cases authorized by the legislator. In this sense, and as the Federal Court stated: "... the guarantee of the right to appeal was established only for the benefit of the accused. It may be concluded, then, that since the Public Prosecutor’s Office is part of the State, it is not the recipient of this benefit, and is therefore not protected by the constitutional norm..."

"The fact that the victim has not been constituted as an assistant prosecutor would not change the limitations on appeal provided for by law, since the assistant prosecutor, according to our legislation, enjoys the same rights as the Public Prosecutor’s Office and may appeal to the courts only in the same cases and under the same conditions. In short, there is no indication of any violation of the rights of the appellant, the victim in the case.

THE MIZAWAK VOTE

Judge Claudia Mizawak was responsible for supporting Judge Carubia's last point that Article 89 of Law 10.746 does not violate enhanced due diligence by limiting the prosecutor's and victim's ability to appeal a verdict of acquittal.

She thoughtfully argued that enhanced due diligence is for the MPF to "seriously investigate" and obtain evidence at the early stage of the Preparatory Criminal Investigation for crimes of sexual and gender-based violence. After that, it’s too late.

She also added that the Federal Supreme Court’s well-known legal doctrine that, to declare a law unconstitutional, it must be manifestly and flagrantly contrary to the Magna Carta. In close cases, this type of challenge must always be rejected. She concludes that Article 89 of Statute 10.746 is constitutional. It should be remembered that this law was unanimously approved by the Senate and the House of Representatives and all political parties in 2018. (see here)

"The appellants' request to declare Article 89 of Law No. 10,746 unconstitutional intends - purely and simply - to modify the current legal regime; which would mean the judiciary is exceeding its power at the expense of the legislature, violating the separation of powers principle, a basic principle of our republican system."


Superior Court of Entre Ríos (STJER)  (STJER) "CERVIN, CARLOS JOSÉ - Attempted Manslaughter - Acquittal - Trial by Jury S/EXTRAORDINARY APPEAL", File No. 5344 of 9/11/23 [ver]

Read more news here:

- Diario Judicial (10/11/23): "What the jury says may not be questioned" (ver)

El Diario (10/11/23): "Juries: acquittals cannot be appealed" (ver)

-El Entre Ríos (10/11/23): "The STJ ruled that an acquittal by a jury is not subject to appeal"" (ver)

sábado, 25 de noviembre de 2023

LA PLATA: Tras siete años de prisión preventiva por un homicidio que no cometió, el jurado por unanimidad absolvió al acusado

 

Maximiliano Lapera quedó en libertad

Villa Elvira ostenta, junto al Mondongo y al Churrasco, la cucarda de formar parte de la tríada de barrios más pesados de La Plata. 

Ubicado bien al sur, sólo los valientes pueden animarse a ir a comprar algo al "kiosco" en horas de la madrugada. Eso fue lo que pasó en esa dramática noche.

Por algo el inolvidable Carpo, el rey del blues y el heavy metal argento, compuso en 1973 "Con Elvira es otra cosa" para el disco Pappo´s Blues Vol. 4.


 

La inspirada letra del Carpo nos dice tanto de aquella Elvira. No sabemos bien si la escribió para este barrio platense que seguro conoció el rugir de su moto o su voituré, o si fue para una novia que cortejó allá por los años ´70. Lo cierto es que Pappo compuso esta letra cargada de hondura y metáforas borgeanas, digna del Premio Cervantes.

Con Elvira Es Otra Cosa
Pappo

¡Elvira!, le gusta estar al sol,
¡Elvira!, le gusta estar al sol,
todo el día y todo el tiempo,
le gusta estar al sol.

Me levanto a la mañana,
veo una sonrisa en ti,
creo que este blues podrido,
te hace sentir feliz.

Creo que es mejor,
que me cosas el botón,
que me seques el pelo,
con un viejo pantalón.

¡Elvira!, le gusta estar al sol,
todo el día y todo el tiempo,
le gusta estar al sol.

¡Elvira!, ¡Elvira!



Perdón lectores. Otra vez nos fuimos al joraca con el rock. ¡Cómo nos pueden el rock y el Carpo, Batman! Volvamos a nuestra historia y hacia este kiosco patibulario en medio de la noche de Villa Elvira.

Hacia allí se dirigieron Maxi Lapera y sus dos amigues. Suponemos que no precisamente a comprar Beldent, caramelos Media hora o un alfajor Capitán del Espacio

Era la noche fría y helada del 20 de junio de 2016, a exactos 204 años de que Belgrano hiciera jurar la bandera nacional a orillas del Paraná. En la calle no había nadie. Sólo la noche negra y silente como la tumba.


El kiosco de Villa Elvira
  
En ese mismo instante, desde lo más profundo de la negra oscuridad, emerge una turba ululante de lúmpenes y perros que ladraban. Una voz aguda de cumbiero surca la atmósfera nocturna al grito de "¡Eh, gatooooo, te afano, te afano todo!"; "¡Te afano todo lo que quiero!"

Era el Chueco Johnatan Soto, con quien Lapera mantendría añejas rencillas. Los Soto ostentaban el carnet de ser los dueños del rioba. Cobraban peaje y decidían quién circulaba de noche y a qué precio. 

La turbamulta lo ataca en manada y le afanan la billetera. Lapera no se quedó atrás. Valiente el hombre, le metió un terrible uppercut de derecha al Chueco, quien cayó pesadamente por toda la cuenta contra la reja del kiosco. Para qué. 

No, no, no, no. ¿Sabés lo que te va a pasar?

El Chueco agarró un palo que había ahí y desde el suelo lo empezó a surtir a Lapera. Se sumó el resto de la montonera y ahí se armó una gresca descomunal donde era imposible distinguir nada.

La fiscal Victoria Huergo lo acusa allí de intentar matar con un cuchillo al Chueco (hecho n° 1).

Lo único que se supo es que Lapera emprendió la huida a la gran carrera hasta que ¡milagro!  vio un patrullero estacionado y poco menos que se zambulló adentro. El móvil fue rodeado por la muchedumbre de aullantes homínidos.



El kisoco de día

Se arma otra gresca fenomenal y, cuando todo se dispersa por el orden natural de las cosas, cae a los pocos metros Fernandito Soto. Estaba herido de arma blanca y falleció. La fiscal lo acusó también a Lapera de este hecho n° 2.

Lapera quedó preso siete años y medio en prisión preventiva sin juicio hasta el día de hoy, en que el jurado lo liberó. Una vergüenza.

Le debe la vida al equipo que armó el defensor oficial Manuel Bouchoux, quien se rodeó de Enzo Cárdenas, Fernanda Amoreo, Julia Coretti, Lola Bernales, Sofía González y Berenice García. Trabajaron sobre la teoría del caso diseñada por Rocío Muñoz en su época de pasante. 

Todos ellos pertenecen al Equipo de Litigación de la UNLP que recientemente salieron campeones nacionales en Mendoza, en el XIII Concurso de Litigación Adversarial del INECIP.


Team Defensa Pública: Manuel Bouchoux, Enzo Cárdenas,
Fernanda Amoreo, Julia Coretti y Lola Bernales.


EL JUICIO

La fiscal Victoria Huergo luchó denodadamente contra la falta de pruebas concretas en la IPP. "No fue un caso de legítima defensa ante un ataque en manada para robarle la billetera"

“En ningún momento Lapera se defendió, no fue Lapera solo contra una turba de palos y gente, Lapera no es Fernando Báez Sosa rodeado de rugbiers, no permitan que les construyan esa imagen”, fue el primero de los pedidos de la fiscalía de juicio. 

“No se dejen instalar ideas equivocadas de la mecánica del hecho, Lapera siempre atacó”, fue el segundo de los requerimientos al jurado ciudadano.

Sobre el cierre de su alegato Huergo ensayó el tercero de los requerimientos al jurado popular: “No es un caso de legítima defensa; dejen la mochila de los prejuicios de lado y la discriminación; les pido que usen la lógica y el sentido común y lo condenen”.


El defensor oficial Manuel Bouchoux
y la fiscal Victoria Huergo


“LA FISCAL NO PROBÓ NADA”

El defensor oficial Manuel Bouchoux no dudó un instante en salir al cruce. Seguro y decidido tomó el micrófono, miró fijo al jurado y con absoluta certeza asestó: “Para empezar y que quede claro, Lapera es inocente, la fiscal no probó nada”.

Tras comenzar con su análisis de la prueba recordó que el acusado “lleva siete años detenido a la espera del juicio que se postergó por la pandemia”. "En todo ese tiempo comenzó a estudiar, le falta una materia para terminar el segundo año de la carrera de sociología".

"No hay un relato claro” sobre la teoría de caso de la acusación ya que todo es “confusión y caos” al tiempo que “hay contradicciones” en la acusación y “la mentira tiene patas cortas”.

El letrado dejó flotando en el aire lo que verdaderamente pasó y que la fiscalía no pudo demostrar. Y es que Fernando Soto murió de un cuchillazo propinado por error en el medio del tumulto por alguno de los casi quince intervinientes de la gresca. 

Para la defensa, el acusado fue “víctima de un robo en el marco de una agresión salvaje que puso en riesgo su vida, luego se escapó, se refugió en un patrullero y lleva siete años detenido”. Sobre el cierre de su alegato solicitó al jurado un veredicto de “no culpabilidad”.


Tantas cosas buenas....


ÚLTIMA PALABRA

Tras los alegatos y réplicas, el juez Andrés Vitali le dio la última palabra al acusado. “Si me van a condenar, que sea por hechos concretos, sólo pido justicia”.

En relación a su presunta falta de emociones en su versión de los hechos, Lapera le contestó a la fiscal: “Desde 2016 estoy detenido, no conozco a mis nietos, los vi por primera vez acá”.

Not guilty of all charges by a unanimous verdict. Villa Elvira rules!


We are the Champions UNLP


Leer noticias aquí:

- EL DÍA (24/11/23): "Crimen en La Plata: "No culpable", el veredicto del jurado popular" (ver)

- EL DÍA (22/11/23): "¿Homicidio o defensa propia? Nueva audiencia por un confuso crimen ocurrido en La Plata" (ver)

- EL DÍA (23/11/23): "Los pedidos de una fiscal al jurado por un crimen en La Plata" (ver)