El histórico anuncio del envío a la Legislatura de Chaco del proyecto de ley que establece el juicio por jurados en materia civil y comercial sigue cosechando elogios. No es para menos: Chaco se convertirá el año que viene en la primera provincia argentina en tener un jurado penal y un jurado civil. La noticia no solo implica un salto de calidad y democracia para la justicia chaqueña, sino que la convierte en una referencia a nivel latinoamericano.
El Gobernador Jorge Capitanich dio una conferencia de prensa en donde explicó los lineamientos generales del proyecto que cambiará para siempre a la justicia argentina.
DESCARGAR Texto del proyecto de ley Nº 1463/2020
MÁS REPERCUSIONES
El Gobierno con el INECIP y la AAJJ,
La nota de Francisco Verbic en el prestigio sitio "Class actions en Argentina"
Leer noticias aquí:
- Chaco por Día (18/09/20): "Chaco impulsará juicios por jurados en causas civiles y comerciales" (ver)
- Diario Chaco (18/09/20): "Capitanich propuso ampliar la modalidad de juicios por jurados a procesos civiles y comerciales" (ver)
En un hecho sin precedentes a nivel mundial, el Gobierno del Chaco envió a la Legislatura el proyecto de ley que establece el juicio por jurados en materia civil. La norma será sancionada este año y comenzará a aplicarse en 2021.
Gracias al Chaco, Argentina se suma así al conjunto de naciones como Estados Unidos y Canadá, que juzgan sus asuntos civiles y comerciales por jurados. Esta ley será un antes y un después para la justicia de Argentina y de América Latina. Chaco entra así en el sitial de honor de la República: es la primera provincia argentina en tener un jurado penal y un jurado civil, como ordena nuestra Constitución de 1853 (CN, 24). Un verdadero orgullo que Chaco, la indómita provincia de nuestra Patria, sea la primera en hacerlo.
No en vano el padre de la Ciencia Política, Alexis de Tocqueville, describió de este modo en 1835 las bondades y la importancia crucial del jurado civil:
“La institución del jurado, limitada a los asuntos criminales está, pues, siempre en peligro; una vez introducida en las materias civiles, resiste el tiempo y los esfuerzos de los hombres. Si se hubiese podido suprimir el jurado de entre las costumbres de los ingleses con tanta facilidad como sus leyes, habría sucumbido por completo bajo los Tudor. Es, pues, el jurado civil quien realmente salvó las libertades de Inglaterra”.
LAS RAZONES PARA IMPLEMENTAR LA LEY
La adaptación del proceso civil del Chaco a las exigencias del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina es el motivo principal del dictado de esta ley. Efectivamente, el código civil de 2015 ha desencadenado cambios impostergables e irreversibles en el vetusto y anquilosado proceso civil argentino, que se encuentra sumido desde hace más de 200 años en un procedimiento completamente escrito y secreto.
Los únicos avances reales que puede exhibir el proceso civil y comercial de la Argentina en los últimos 25 años son el reemplazo de la máquina de escribir por la computadora, la paulatina conversión del expediente escrito en uno digital (pero expediente al fin) y una audiencia de vista de causa que nada tiene que ver con un juicio público. En pleno siglo XXI, se siguen gastando en Tribunales millones de pesos anuales para comprar hilo y agujas para coser los expedientes.
Los expedientes: clásica postal de
un juzgado civil argentino
Todos los casos civiles y comerciales del país son tramitados por expedientes, ante juzgados organizados igual que en la Inquisición española del siglo XV, con masiva delegación de funciones en empleados y funcionarios y sin noción alguna del juicio oral y público.
El resultado final de esta "justicia" del trámite escrito y secreto es la demora infinita de los procesos civiles, que afecta los derechos humanos básicos.
Argentina fue recientemente sancionada por la CIDH (Corte Interamericana de los Derechos Humanos) porque tardó doce años en indemnizar a los padres de un niño vulnerable que sufrió un gravísimo accidente en una plaza de juegos (Furlán y Familiares Vs. Argentina). El caso empezó en 1990 y terminó en 2013. De haber habido jurado civil, el juicio hubiera terminado en tres (3) días y en un marco de máxima transparencia y oralidad plena.
Algunos párrafos de dicho fallo de la CIDH muestran el estado calamitoso de la justicia civil en la Argentina y el por qué de su urgente reforma.
186. "de los argumentos presentados por el Estado no se desprenden razones concretas que justifiquen por qué un proceso civil que no debía durar más de dos años (…), terminó durando más de doce años."
190. Teniendo en cuenta las razones expuestas, este Tribunal considera que el Estado no ha demostrado que la demora prolongada por más de 12 años no sea atribuible a la conducta de sus autoridades (…).
232. De la prueba que obra en el expediente judicial, la Corte observa que Sebastián Furlán no fue escuchado directamente por el juez a cargo del proceso civil por daños y perjuicios. Por el contrario, en el expediente hay prueba de que Sebastián Furlán compareció personalmente dos veces al juzgado, sin que en ninguna de las oportunidades fuera escuchado (…).
265. Por todo lo anterior, la Corte considera probada la desintegración del núcleo familiar, así como el sufrimiento padecido por todos sus integrantes como consecuencia de la demora en el proceso civil, la forma de ejecución de la sentencia y los demás problemas que tuvo Sebastián Furlán para el acceso a una rehabilitación adecuada."
Así será en Chaco: justicia civil pública en una sala de audiencias
y ante un jurado popular y un juez.
CONTENIDO DE LA LEY DE JURADO CIVIL
La ley de jurado civil chaqueña posee una jerarquía indiscutible, de primer nivel mundial, ya que regula en simultáneo aspectos absolutamente innovadores para el derecho procesal civil argentino:
1) Establece un jurado civil clásico de doce personas y con veredicto unánime para juzgar un número reducido de materias, como ser acciones de clase, afectaciones colectivas al derecho del consumidor y daños y perjuicios superiores a los 600 mil pesos.
2) Regula por primera vez a nivel local un litigio colectivo.
3) Establece por ley la litigación adversarial civil en un juicio oral y público obligatorio.
4) El jurado tendrá igualdad de género. Integrarán el jurado seis mujeres y seis varones.
5)Jurado indígena: si el actor y el demandado pertenecen a los Pueblos Wichí, Moqoit o Qom, los doce jurados serán de esa etnia.
6) Prevé una audiencia de descubrimiento (discovery y admisibilidad de la prueba) y de gestión del caso.
LA HISTORIA DETRÁS DE LA LEY
No hay duda alguna que el éxito arrollador del jurado penal en Argentina fue decisivo para que se abrieran las compuertas para la discusión del jurado civil. En particular, la provincia del Chaco y el Gobernador Capitanich fueron los principales promotores del jurado penal desde el año 2013.
2013, implementando el jurado penal en Chaco
Es imposible dimensionar todavía el paso gigantesco que acaba de dar el Chaco. Por ejemplo, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y los demás países del Commonwealth retienen el jurado civil para pocas materias, como el libelo, la calumnia o cuando el juez así lo disponga. También Japón, durante el período de ocupación de las bases norteamericanas en Okinawa hasta bien entrado los años ´70, tuvo un jurado civil y hoy lucha por recobrarlo.
Gobernador Capitanich y su ministra de Justicia
y Seguridad, Gloria Zalazar
Quienes hicieron posible esta proeza en el Chaco, además del asesoramiento del INECIP, la AAJJ, Pensamiento Civil y la visión política de su Gobernador, han sido la ministra de justicia Gloria Zalazar; la subsecretaria de justicia Lourdes Polo y su equipo con Camila Parra y Fernando Sosa y el subsecretario de planificación Leandro Álvarez y su equipo Camila Arce y Joaquín Dudik.
La AAJJ felicita calurosamente al Gobierno de la Provincia del Chaco por esta magnífica ley que cambiará para siempre a la justicia argentina.
In an unprecedented worldwide event, the Governor of Chaco sent to the Legislature a bill that establishes the trial by jury in civil matters. Hopefully, it will be enacted into law this year and will become effective in 2021.
Thus, thanks to Chaco, Argentina joins the group of nations such as the United States and some provinces of Canada, to try their civil matters by juries. This law will be a before and after for the justice systems of Argentina and Latin America.
The trailblazing province of Chaco is the first Argentine province to hold both a criminal and civil jury trials, as ordered by our 1853 Constitution (Section 24). Chaco's extraordinary undertaking marks a historical milestone that Argentina should be very proud of.
Not in vain the father of Political Science, Alexis de Tocqueville, described in this way in 1835 the benefits and the importance of the civil jury:
“The institution of the jury, limited to criminal matters, is thus always in danger; once introduced to civil matters, it resists the time and efforts of men. If the jury could have been suppressed from the mores of the English as easily as their laws, it would have completely succumbed under the Tudors. It is, then, the civil jury who really saved the liberties of England.”
THE REASONS FOR IMPLEMENTING THE LAW
The adaptation of the civil process in Chaco to the requirements of the new Federal Civil and Commercial Code is the main reason for the enactment of this law. Indeed, the civil code of 2015 has triggered unpostponable and irreversible changes in the ancient and stagnant Argentine civil process, which has been mired in a completely written and secret procedure for more than 200 years.
Argentina’s only real advancement in civil procedure in the past 25 years are the replacement of the typewriter by the computer, moving paper filing to electronic filing (but filing nonetheless), and a conference in chambers that has nothing to do with a public trial. In the XXI century, millions of Argentine pesos a year are still being spent to buy thread and needles to sew the files.
The usual landscape of a civil law court: mountains of papers
All civil cases in the country are tried in writing and secrecy in bench trials organized as in the 15th century Spanish Inquisition, with massive delegation of functions to court staff and officers, and without any notion of oral and public trial whatsoever.
The final result of this "justice" is an infinite delay in the civil proceedings, which affects basic human rights.
Argentina was recently sanctioned by the IACHR (Inter-American Court of Human Rights) because it took twelve years to compensate the parents of a teenager who suffered a very serious accident in a playground (see Furlan and Family Case vs Argentina). The case started in 1990 and ended in 2013.
If there had been a civil jury procedure, the trial would have finished with a verdict in no more than three days, and with all the evidence presented at trial in open court.
Some paragraphs of the IACHR ruling show the shameful status of civil justice in Argentina and the reason for its urgent reform.
186. "From the arguments presented by the State, no specific reasons emerge to justify why a civil proceeding that should not have lasted more than two years (…) ended up lasting more than twelve years."
190. Bearing in mind the reasons outlined above, this Court considers that the State has not demonstrated that the delay prolonged for more than 12 years is not due to the conduct of the authorities (…).
232. From the evidence of the record, the Court observes that Sebastián Furlán was not even heard directly by the judge presiding over the suit for damages. On the contrary, there is evidence in the record that Sebastián Furlán appeared in person twice before the court, but he was not heard on those occasions (…).
265. For all the aforementioned reasons, the Court considers that the disintegration of the family unit has been proven, together with the suffering endured by all the family members as a consequence of the delays in the civil trial, the manner in which the judgment was executed and the other problems that Sebastián Furlan faced in trying to obtain adequate rehabilitation.
This will be in Chaco: a jury in open court to try civil cases
CONTENT OF THE CIVIL JURY LAW
The Chaco civil jury law has an indisputable world class level, since it simultaneously regulates completely innovative aspects for Argentine civil procedural law:
1) It establishes a civil jury of twelve members, presided by a judge who will instruct the jury on the law, and a general unanimous verdict. A special verdict may also be rendered. The jury will try class actions, consumer rights collective disputes, tort cases of over half a million pesos and collective environmental and land disputes.
2) Establishes by law the civil adversarial litigation in a mandatory oral and public trial.
3) The jury will have gender equality. The jury will be composed of six women and six men.
4) Indigenous jury: If the plaintiff and the defendant belong to the Wichí, Moqoit or Qom Indigenous Peoples, the twelve jurors will be of that ethnic group.
5) Provides both a discovery hearing and a case management hearing.
THE STORY BEHIND THE LAW
Undoubtedly, the overwhelming success of the implementation of criminal juries in Argentina was decisive in opening the floodgates for the civil jury discussion. In particular, the province of Chaco and Governor Capitanich have been some of the main promoters of the criminal jury in the country since 2013.
Seven years ago: discussing the implementation of criminal jury trials in Chaco
It is still impossible to measure the gigantic step that the Chaco has just taken. For example, England, Wales, Scotland, Ireland, Australia, New Zealand and the other Commonwealth countries got rid of the civil jury some years ago and only retain it for minor matters, such as libel or when the court ordered. Also, Japan held civil jury trials during the period of occupation of the North American bases in Okinawa until well into the 70s, and today it is striving to recover it.
Governor Jorge Capitanich and Minister of Justice Gloria Zalazar
Those who made this feat possible in Chaco, along with the Institute of Criminal and Social Science Comparative Studies and the Argentine Association of Jury Trials (INECIP and AAJJ by their Spanish acronyms), have been the Minister of Justice Gloria Zalazar; the Undersecretary of Justice Lourdes Polo, and her team with Camila Parra and Fernando Sosa and the Undersecretary of Planning Leandro Álvarez and his team Camila Arce and Joaquín Dudik.
The AAJJ warmly congratulates the Government of the Province of Chaco for this magnificent law that will forever change the Argentine justice system.
Cuando se sancionó en agosto del año 2018 la ley de Juicio por Jurados en mi provincia, Mendoza, sentí que algo revolucionario estaba ocurriendo. Pero, para ser sincera, no tomé dimensión de su magnitud hasta que pude vivenciar en persona el significado de la intervención popular en la administración de justicia.
Después de leer el libro de Andrés Harfuch “El Juicio por Jurados en la Provincia de Buenos Aires” (el celeste) y algunas otras obras más, había operado en mi la “conversión”. Ya era una completa juradista, en teoría.
Finalmente, llegó una causa por homicidio doblemente agravado en la que fui designada para intervenir como juez técnico,“la Jueza del Derecho”. (ver el caso)
Mantuve con las partes muchos encuentros preliminares, varios de ellos informales, en la tarea de depuración de la prueba, en miras a asegurar un juicio ágil y limpio. Del total de testimonios ofrecidos inicialmente, se admitió alrededor del treinta por ciento, las partes decidieron retirar a los restantes, solo uno fue rechazado por el Tribunal, lo que evidencia el trabajo de repensar la necesidad de cada prueba. También se llevó a cabo una tarea importante para “descubrir” los puntos en común de cada teoría del caso, y así se lograron 18 acuerdos probatorios que permitieron dar mayor agilidad al juicio, al no tener que se ser demostrados en debate.
La preparación de las instrucciones generales y finales importó todo un desafío. Tenía el deber de enseñarles a ciudadanos sin formación jurídica el derecho aplicable al caso. No podía cometer errores, la validez de su decisión estaba necesariamente atada a la precisión de las indicaciones que les impartiría. Para alcanzar un lenguaje claro y sencillo, tenía que deconstruir la obra de mis profesores universitarios, que amenazaban con bochar al que no demostrara “lenguaje jurídico”.
Mientras las organizaba, me tranquilicé pensando que, así como los jueces muchas veces necesitamos información de otras disciplinas para decidir, por ejemplo de medicina forense, criminalística, psiquiatría, psicología, y para eso no es necesario que conozcamos todo lo que un médico o un licenciado en esas ciencias debe saber para alcanzar el título, sino solamente la información relevante al caso. Del mismo modo, los ciudadanos que integran el jurado no necesitan conocer todo el derecho vigente para alcanzar un veredicto justo. Con prueba de calidad y conociendo el derecho aplicable al caso concreto, con más sentido común y sentido de justicia, cuentan con todo lo que necesitan para tomar una decisión justa y apegada a la ley.
Cuando todo el trabajo preparatorio estaba listo, e incluso habíamos establecido el cronograma de audiencias –de sorteo, voir dire y juicio-, se desató la pandemia por COVID 19 y el Poder Ejecutivo Nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Debimos suspender el trámite, pero nos animamos a retomarlo en el mes de junio, viendo que en el departamento de San Rafael la situación parecía controlada. Por supuesto, debíamos asegurar las condiciones sanitarias necesarias y evitar poner en riesgo a la población.
De este modo, junto con la Administradora de la Oficina de Gestión de Audiencias, Dra. Claudia Sraik, preparamos un protocolo de actuación para evitar la posibilidad de contagio y propagación del virus. Las partes prestaron conformidad a todas las decisiones que se adoptaron; lejos de poner obstáculos, colaboraron para que el juicio pudiera realizarse de manera regular en plena pandemia mundial.
El 27 de julio del año 2020 tuvo lugar la audiencia de Voir Dire. Veía a los convocados llegar al Centro de Congresos y Exposiciones, un complejo creado con fines culturales y turísticos que se vio invadido por un equipo enorme que lo acondicionó para llevar adelante todas las audiencias. Todo había sido pensado y ejecutado minuciosamente, desde la ubicación del estrado y los escritorios, hasta las pantallas.
La convocatoria a la audiencia de selección fue excepcional. Los 58 ciudadanos llegaron a horario, llenaron los formularios y se ubicaron distanciados en la sala mayor -con capacidad para mil personas-. Los veía cautelosos, como expectantes; aunque sabían para qué habían sido citados, no conocían la dinámica de la audiencia. Y yo, aunque había estudiado la ley a piejuntillas, debutaba en la tarea de lograr conformar un jurado de 12 ciudadanos, 6 mujeres y 6 varones, que garantizara independencia e imparcialidad. La audiencia se desarrolló con absoluta normalidad, todos -tanto el personal que trabajó ese día, como los convocados- respetaron el protocolo sanitario, y pudimos sentirnos a salvo.
Sobre el mediodía, se llevó adelante el sorteo final. Después de despedir a los que no integrarían el jurado, felicité a los designados, les tomé juramento, les expliqué algunas cuestiones para que estuvieran tranquilos y conocieran cómo iba a desarrollarse el juicio y les impartí las primeras instrucciones. Fue maravilloso imponerlos de la grandiosa tarea que la Constitución puso a su cargo, el de participar de la administración de justicia de manera directa, ser “los jueces de los hechos”.
Se conformó un jurado muy diverso: una nutricionista, una ama de casa, una comerciante, una docente, una profesora de educación física, un radiólogo, un mecánico de autos, un empleado de estación de servicio, un estudiante universitario, un empleado de la construcción, un farmacéutico y un empleado de seguridad privada.
El lunes 3 de agosto, a las 8:30 hs. comenzó el juicio. De nuevo, los ciudadanos llegaron a horario, prestos para iniciar labores. Incluso uno de ellos pensó que era importante vestirse adecuadamente para la ocasión y consiguió un traje prestado. Todos escuchaban muy atentos. A algunos les corrían las lágrimas cuando declaraban los padres de la víctima –algo que como juez aprendí a hacer para adentro, sin que se note-. Pocos tomaron apuntes. Solo uno, muy joven, no siguió las instrucciones finales con el texto impreso que les dejamos en las sillas, simplemente escuchaba.
El jueves 6, después de tres horas de deliberación, el oficial de custodia me avisó: “Dra., hay veredicto”. Me asombró que fuera tan rápido, no era un caso fácil, había ocho opciones de veredicto posibles y los doce integrantes del jurado debían estar de acuerdo en una única opción para alcanzar veredicto. La sabia regla de la unanimidad garantizaba una deliberación rica; que se escucharan unos a otros. Y evidentemente lo habían logrado, se habían puesto de acuerdo, y ese acuerdo unánime legitimaba poderosamente su decisión.
Rápidamente volvimos a la sala. Ansiosa, olvidé hacer poner de pie al acusado -de todas maneras creo que nadie lo notó-. La presidente del jurado dio a conocer la decisión (la opción N° 4, una intermedia entre el pedido fiscal y el de la defensa). Una decisión que quizás hubiera sido cuestionada de haber sido tomada por jueces técnicos, pero que al provenir del pueblo, representado por esos doce ciudadanos que conformaron el Jurado Popular, y haber sido adoptada de manera unánime, gozó de tal legitimidad que ningún artículo periodístico ni comentario en redes sociales se atrevió a ponerla en crisis. (Amplia repercusión en los medios)
La ley no me permite dar a conocer mi opinión acerca del veredicto, pero sí puedo decir que me emocioné cuando los despedí y les agradecí por su tarea. Con voz entrecortada por la emoción, les dije “En nombre del pueblo de la provincia de Mendoza y de las partes involucradas en este juicio, les agradezco sinceramente el servicio público inestimable que han prestado. Espero que el tiempo que han vivido aquí haya incrementado su comprensión de cuán importante es el servicio de jurado para el funcionamiento de la democracia en la República Argentina. También espero que hayan aprendido cómo funcionan nuestros Tribunales y cuanto necesitan de su apoyo y de su interés como ciudadanos. Por mi parte, no puedo sino expresarles lo honrada que me siento como jueza de haber presidido este juicio teniéndolos a ustedes como jurados”.
Finalizada la audiencia, me acerqué a la Sala de Deliberación para saludarlos. Estaban tranquilos, compartiendo el último café como grupo. Los felicité por la tarea, les trasmití lo orgullosa que me sentía. Ellos también se mostraron agradecidos, orgullosos de lo que habían hecho, comprometidos con la decisión que habían tomado, con la tranquilidad de haber hecho lo que consideraban justo.
Algunos mencionaron cómo había cambiado la visión que tenían de la justicia, que habían descubierto cuánto trabajo hay detrás, cuanta información hay que valorar y poner sobre la mesa, y lo insuficiente que resulta la que trasmiten los medios de comunicación para formar criterio.
Los puse en videollamada con el juez de la Corte Suprema Dr. José Valerio, que les agradeció en nombre del Poder Judicial de la Provincia su tarea. Esa comunicación coadyuvó a dar trascendencia institucional, enalteciendo y poniendo en valor el derecho/deber constitucional que estaban ejerciendo.
No pude compartir con ellos todo el tiempo que me hubiera gustado, su tarea había finalizado pero no la mía, tenía que continuar con la audiencia de la pena, resolver un pedido de revocación de prisión domiciliaria y dictar el fallo. Los “abracé” a distancia y volví a la sala de juicio.
Fueron unas jornadas cívicas ejemplares. La justicia se acercaba a la gente y la gente a la justicia. Algo que, por fin, después de 160 años, tenía que pasar, y que ni siquiera el temor al COVID-19 pudo detener.
El diario La Voz del Interior de Córdoba publicó una nota de opinión escrita por Héctor Granillo Fernández y Andrés Harfuch, presidente y vice de la AAJJ.
La nota se titula "Un cambio necesario en la justicia de Córdoba" y la reproducimos en su totalidad aquí. Es un aporte al debate para el impostergable dictado en Córdoba de un nuevo código de procedimientos y de un nuevo diseño de su organización judicial, que la pongan en línea con las legislaciones de las provincias más avanzadas del país.
La persistencia de un CPP con tantas distorsiones escrituristas e inquisitivas le impide a Córdoba avanzar hacia el modelo de jurado clásico al que lo intenta llevar la jurisprudencia más reciente de su TSJ. Patricia Cóppola, del INECIP Córdoba, publicó en el mismo diario una nota titulada "La Justicia de Córdoba duerme en los laureles", que profundiza en detalle este diagnóstico (ver).
Tribunales en Córdoba
"Un cambio necesario en la justicia de Córdoba"
"El sistema republicano en Argentina, al instaurar el primer jurado del país. Aun con su forma escabinada (en la que el tribunal de jurado es integrado por jueces profesionales y por ciudadanos legos designados por sorteo), significó el primer paso para que el pueblo ingresara a los juicios. La experiencia ayudó a derribar y a desmitificar infundados temores acerca de la capacidad de nuestros jurados.
Pero ello no puede enceguecernos frente a una cuestión de suma importancia: el jurado escabinado de Córdoba dista de ajustarse al diseño constitucional de jurados. El ideal republicano, pilar de nuestra Constitución, reposa sobre la idea de la desconcentración y la división del poder.
Dentro del Poder Judicial, ello tiene serias implicancias: por un lado, se impone la separación tajante entre las funciones de acusar y decidir (sistema acusatorio), y por otro, se impone la separación del poder jurisdiccional entre el juez del derecho y el juez de los hechos.
El primero es el juez técnico, encargado de garantizar el desarrollo de un juicio justo y de instruir la ley y explicarla a los jurados. El segundo es el jurado popular, encargado de valorar la prueba de manera soberana, sin tutelajes ni vigilancias del Estado, y determinar los hechos durante la deliberación para rendir un veredicto.
El sistema escabinado cordobés adolece en este punto clave de un vicio fatal, que lo torna incompatible con el principio republicano. Los jueces técnicos mantienen un amplio margen de injerencia en las deliberaciones de los jurados, sea participando de ellas en forma directa, sea interactuando con los jurados en forma secreta y sin presencia de las partes.
Es una invasión republicanamente inadmisible de los jueces del derecho en el ámbito natural del jurado popular.
La propia Corte de Córdoba debió intervenir ante las disvaliosas consecuencias de semejante intromisión y sacar una acordada cuasiderogatoria del modelo escabinado, ya que prohibió a los jueces participar en las deliberaciones de los jurados.
Pero se impone otra ley, porque los vicios adicionales del escabinado continúan: los jurados son ocho, no 12. Los jueces siguen decidiendo los hechos, bajo el pretexto de motivar las sentencias. Si hay empate, decide el tercer juez. No votan por unanimidad, sino por simple mayoría, algo inadmisible.
Los jurados no deciden exclusivamente por las pruebas del juicio oral. A los jurados cordobeses les dan una copia íntegra del expediente de instrucción para que decidan. No reciben instrucciones de derecho por parte del juez, ni hay un amplio voir dire para la selección imparcial.
El veredicto posterior de absolución es recurrible por la fiscalía. El escabinado de Córdoba coexiste –y es completamente funcional– con un Código de Procedimientos arcaico y vetusto, que es impropio de una provincia señera que ha dado al continente iberoamericano una de las escuelas más lúcidas de derecho procesal.
Este modelo de jurado escabinado ha cumplido su ciclo en Córdoba.
Es un hecho indiscutible que el juicio por jurados clásico de la Constitución de 1853 se impuso en la Argentina, con 500 juicios realizados con todo éxito y aceptación social: Neuquén (2011), Buenos Aires (2013), Río Negro (2014), Chaco (2015), Mendoza y San Juan (2018) y Entre Ríos y Chubut (2019). Varias más lo harán este año, con el mismo modelo.
El verdadero jurado clásico es el de 12 jurados dirigidos por un juez que les imparte instrucciones legales, que rinden un veredicto unánime deliberando en soledad, sin interferencias del Estado, sin leer expedientes, seleccionados de un amplio voir dire y cuyo veredicto general (sin expresión de motivos) es final y definitivo.
Se argumenta que la Constitución de Córdoba impide adoptar el jurado clásico bajo el gastado y perimido argumento de la motivación de las sentencias.
Es otra falacia, ya que la motivación es un imperativo lógico para los jueces letrados, pero no para los jurados. Varias de las provincias con jurado clásico poseen las mismas normas constitucionales que Córdoba y nada les ha impedido implementar un jurado clásico con veredicto general.
La motivación es una excusa superada por la misma realidad y por precedentes jurisprudenciales que ya no se pueden desconocer.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh, RVP vs. Nicaragua, 2018) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Canales, 2019) han reafirmado la plena validez convencional y constitucional del modelo de juicio por jurados clásico y de su veredicto general, que distingue a las repúblicas y democracias más consolidadas de Occidente.
Es hora de que Córdoba cambie hacia el jurado clásico y modifique de raíz su Código de Procedimientos y su organización judicial, para ponerlos en línea con los sistemas acusatorios que hoy se imponen en Argentina como exigencias básicas de una república.
- La Voz del Interior (2/09/20): "Un cambio necesario en la justicia de Córdoba" (ver)
- La Voz del Interior (28/08/20): "La Justicia de Córdoba duerme en los laureles" (ver)
"Tarda en llegar y al final hay recompensa". Tras cuatro años de larga espera, una de las colecciones jurídicas más importantes del Derecho en habla hispana vuelve a entregarnos una nueva producción.
Se trata del ya célebre "El Juicio por Jurados en la jurisprudencia nacional e internacional", que presenta ahora su "Tomo B". El libro sistematiza los fallos más relevantes de las Cortes Supremas del common law y de la Corte Europea de Derechos Humanos, traducidos íntegramente al castellano con gran cuidado y comentados por los más prestigiosos juristas del mundo y de la Argentina.
Es un libro, además, dedicado a la memoria de nuestro querido gran maestro, Julio Maier.
EL TOMO B
Todos los temas claves del sistema de jurados están tratados aquí: la fundamentación y el control recursivo contra la condena, el veredicto general y especial, el voir dire para seleccionar al jurado, el veredicto unánime, el jurado estancado y el nuevo juicio, el ne bis inidem/double jeopardy y la imposibilidad de recurso fiscal o del querellante contra la absolución, el jurado como derecho/garantía u obligación, el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, el jury nullification, las instrucciones, la Regla del Secreto del jurado y un nuevo capítulo sobre el jurado y la pena.
La producción integra la prestigiosa Colección de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana de Editorial Ad-Hoc, que representa un hito en la biblliografía en idioma español sobre el juicio por jurados. Ha sido posible gracias al generoso aporte de más de casi treinta traductorxs que trabajaron durante cuatro años para traducir los fallos.
No todos los días se presenta una obra de este nivel, con este panel de excelencia de académicos y juristas comentando los fallos sobre juicio por jurados fundamentales para comprender el sistema de juicio por jurados. Una obra clave que será material de estudio obligatorio de jueces, abogados, investigadores y estudiantes del juicio por jurados de Argentina y de toda la región.
El antes y el después: tomo A (2016) y tomo B (2020)
El libro viene a fortalecer la jurisprudencia existente en nuestro país en materia de juicio por jurados. No es casual que el Tomo A haya agotado todas sus ediciones y haya sido citado en la gran mayoría de las sentencias de los tribunales revisores de nuestro país. (Salió el vol. 5 Tomo A).
Es que nuestra región se encuentra en un incipiente camino de consolidación de un sistema de juzgamiento que trae consigo siglos de cultura de justicia democrática. Aprender de las experiencias comparadas y de los primeros grandes fallos de nuestros propios jueces es un paso ineludible para el ejercicio de la abogacía. La historia se está desenvolviendo frente a nuestros propios ojos, y estos libros invitan al lector a formar parte y protagonizar este momento irrepetible.
El dream team de autores que participaron del Tomo B está conformado por:
Edmundo Hendler
Cindy Simmons
Nancy S. Marder
Harry M. Dorfman
Ángela E. Ledesma
Luis María Bunge Campos
Luis Cevasco
Shari S. Diamond
Andrés Harfuch
Julio B. J. Maier
Alfredo Pérez Galimberti
John Gastil
Martín Sabelli
Oscar Pandolfi
Pedro Roldán Vázquez
Con las ediciones C y D, la colección habrá terminado de abarcar el ciclo de fallos más emblemáticos de la historia del juicio por jurados. Quedarán así las puertas abiertas para la producción de las nuevas sentencias que los tribunales y cortes de las nuevas provincias juradistas dicten.
La colección completa
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"Great ideas take time and in the end there is a reward". After a long four year wait, one of the most important legal collections about trial by jury in the Spanish language is released in a fascinating new book.
This is the second volume (Volume B) of the now famous "Trial by Jury International and National Jurisprudence". The book systematizes the most relevant rulings of the common law Supreme Courts and the European Court of Human Rights, fully translated into Spanish with great care and commented on by the most prestigious American scholars and from our country.
It is also a book dedicated to the memory of our beloved great teacher, Julio Maier.
All of the key issues of the jury system are covered here: the general verdict, lack of reasons, appeals, the voir dire to select the jury, the unanimous verdict, hung jury and double jeopardy, finality of the verdict, the jury as a right or obligation, the standard of proof beyond a reasonable doubt, jury nullification, legal instructions of the presiding judge, the anti-impeachment rule, and a new chapter on the jury and the sentencing procedures.
The production is part of Ad-Hoc Publishers´ prestigious "Jury Trial and Citizen Participation Collection", which represents a milestone in the Spanish-language bibliography on trial by jury. It has been possible thanks to the generous contributions of more than almost thirty translators who volunteered during these past four years to translate the rulings and commentary.
Far away, but close...
It is not an everyday thing that a book of this level is presented, a collective body of work presenting a panel of excellence, with some of the best American and Argentine scholars commenting on jury trial rulings that are critical to understanding the operation of a jury system.
This book will be indispensable for judges, lawyers, researchers and students in Argentina and Latin America.
The book strengthens the existing jurisprudence in our country regarding trial by jury. It is no coincidence that Volume A has sold out all its copies to date and has been quoted in the vast majority of the judgments of the reviewing courts of our country.
Latin America is on its way to consolidate a judicial system that brings with it centuries of a culture of republican values, transparency, and democracy. Learning from comparative experiences and the first major rulings of our own judges is crucial for law practitioners. History is unfolding before our eyes, and these books invite the reader to be part and play a major role in this unrepeatable moment.
The complete collection
With Volumes C and D (2021-22), the collection will have completed the most iconic rulings in the history of trial by jury. Then it will be the time for our own rulings to come, under the strong foundations of the common law jurisprudence.
La prestigiosa New York University en Manhattan,
sede del Civil Jury Project (CJP)
El CJP (Civil Jury Project), con sede en la célebre Facultad de Derecho de la NYU (New York University) de Manhattan, es el centro de investigación del jurado civil más importante del mundo.
En su boletín bimensual de junio 2020, el CJP decidió distinguir a la Argentina con la publicación de un artículo de doctrina en inglés (al que calificó de "uplifting o inspirador") de los profesores Andrés Harfuch (UBA, AAJJ, INECIP) y Sebastián Lloret (Univ. de Salta, INECIP) en relación al avance del jurado civil en el país. Es la primera vez que el CJP dedica una publicación a la Argentina en su historia, lo cual supone un doble honor.
Andrés Harfuch y Sebastián Lloret
El paper se llama "The Dawn of the Civil Jury in Argentina" (El amanecer del juicio por jurados civil en la Argentina) y describe cómo, a partir de la explosión y el éxito del juicio por jurados en materia penal en la Argentina, comenzó a instalarse, lenta pero persistentemente, la necesidad de que ciertos casos importantes del derecho civil (afectación de derechos al consumidor, acciones de clase, litigios colectivos, etc) sean dirimidos en un juicio plenamente oral, público, adversarial y con doce jurados.
En mayo de 2020, el gobernador de Mendoza el Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, abrió el 180° período de sesiones ordinarias de Mendoza y anunció que habrá juicio por jurados civil para ciertos casos de extinción del dominio por hechos de corrupción de funcionarios públicos. La noticia impactó en los círculos académicos del país y del mundo (jurado civil en Mendoza).
En una jornada que marcará un antes y un después en la historia del juicio por jurados en Paraguay y en la región de Iberoamérica, el pasado 20 de agosto se constituyó la Asociación Paraguaya de Juicio por Jurados.
Desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados saludamos afectuosamente a su presidente, Marcos Köhn, y en su nombre a todxs sus integrantes, quienes cuentan con nuestro más sincero apoyo para que el sueño juradista sea prontamente una realidad en nuestro querido país hermano.
Logo de la flamante asociación
La Constitución del Paraguay del año 1870 en su art. 11, establecía: “El derecho de ser juzgado por jurados en las causas criminales, será asegurado a todos y permanecerá para siempre inviolable”.
El Código de Procedimientos Penales (1890) puso en marcha el jurado clásico. Durante 50 años se realizaron en el Paraguay centenares de juicios de manera ejemplar, hasta que la funesta dictadura de 1942 lo abolió. Hoy comienza a darse vuelta la historia para reinstaurar el juicio por jurados en nuestra amada tierra guaraní.
Toda gesta histórica requiere de abanderados y abanderadas capaces de convertir las demandas populares en realidades concretas. La democratización de la justicia es, sin dudas, una de las exigencias ciudadanas centrales en todas las sociedades de América Latina. La participación ciudadana a través de los juicios por jurados aparece entonces como un requisito ineludible para que el sistema de justicia sea verdaderamente republicano y democrático.
La creación de la Asociación Paraguaya de Juicio por Jurados refleja esta necesidad, y se convierte en la herramienta que que la canalizará hacia su efectiva implementación, que auguramos será muy pronto.
Marcos Köhn, flamante presidente de la APyJJ
La Asociación Paraguaya de Juicios por Jurados es una asociación sin fines de lucro que tiene entre sus
fines fundamentales la búsqueda de la reimplantación del Jurado como instrumento de participación
ciudadana en la construcción de una justicia penal abierta al Pueblo.
En la primera reunión se procedió
a la elección y designación de las autoridades sociales, que conforme al estatuto aprobado tendrán un
mandato de cuatro años.
Saludo del maestro Alberto Binder a la APyJJ
Como mandato de la reunión, quedó conformado un grupo de trabajo para formalizar la personería jurídica de la Asociación; trabajar en el estudio y redacción de un anteproyecto de Ley de Jurados aprovechando que la Comisión Nacional de la Reforma del Sistema Penal a la fecha se encuentra trabajando en el Código Procesal Penal; y, explorar la posibilidad de realizar talleres o charlas sobre el Tribunal de Jurados en este mismo año.
La presidencia dejó constancia del apoyo del movimiento juradista latinoamericano, en especial de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado en la persona de los Profs. Alberto Binder, Héctor Granillo Fernández y Andrés Harfuch.
El primer presidente de la APyJJ es Marcos Köhn, Docente universitario, Abogado Litigante, Miembro de la Comisión Nacional
de Reforma del Sistema Penal (representante del Poder Ejecutivo), ex Juez
Penal de Garantías en Asunción, ex Director Ejecutivo y ex Presidente de
INECIP Paraguay.
Las otras autoridades designadas en la reunión son:
