AVISO

AVISO (12/03/23):
Debido a la gran cantidad de juicios por jurados llevados a cabo en una decena de provincias de Argentina, la AAJJ dejará de publicar crónicas individuales por cada juicio y comenzará a publicar resúmenes mensuales

jueves, 30 de noviembre de 2023

DOCTRINA: Se presentó el libro "El juicio por jurados en Entre Ríos", con brillante prólogo de Horacio Rosatti (descarga gratis digital)



El 23 de noviembre, en un acto llevado a cabo en el mismo lugar en donde se debatiera hace 4 años la ley de juicio por jurados 10.746 (ver), se presentó el magnífico libro "El Juicio por jurados en Entre Ríos", con un soberbio prólogo ni más ni menos que del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti.

En la obra escriben los máximos exponentes del derecho entrerriano, las autoridades políticas de todos los partidos que contribuyeron a su sanción y juristas de la Argentina. Fue un trabajo de escritura que llevó tres años y que hoy, finalmente, ve la luz gracias al empuje de Rosario Romero, Ministra de Justicia y artífice de que saliera la ley.




PARTES DEL PRÓLOGO DE ROSATTI

"Respecto de la naturaleza del acto de juzgar, el debate puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿se trata de un saber técnico, que requiere una formación específica, o se trata de un saber prudencial y por ende susceptible de ser ejercido por gente común, carente de una instrucción especializada? 

Quienes afirman que la tarea de juzgar es de eminente –o al menos predominante– naturaleza técnica argumentan que un lego no está en condiciones de comprender la criminalidad de un acto, o de entender el funcionamiento de factores condicionantes, coadyuvantes, agravantes o atenuantes, que provienen del desarrollo de la ciencia jurídico-penal. 

Se ha refutado a aquella presunción con una lógica impecable: “Es totalmente absurdo admitir que el ciudadano pueda ‘comprender la criminalidad’ de un acto propio (convirtiéndose en delincuente) y no esté en condiciones, empero, de ‘comprender la criminalidad’ de un acto ajeno, si se trata de juzgar a otro con las mismas pautas de valoración social que a él le incumben”.

Respecto del segundo tema de debate, o sea la posibilidad de construir socialmente una decisión judicial basada en el sentido común, hemos sostenido la respuesta afirmativa basada en dos argumentos, que en su oportunidad denominamos “teoría de la distancia justa” y “teoría del margen de error”.

Originada en el juicio estético, pero aplicable en nuestro parecer al juicio moral, la “teoría de la distancia justa” enseña que aquellos que se ubican a la distancia (psicológica) adecuada –ni muy cerca ni muy lejos– del objeto o acontecimiento que deben juzgar, están en mejores condiciones de emitir una opinión imparcial.

Se suele citar el caso de la representación teatral del “Otello” de Shakespeare: el marido celoso estará “demasiado cerca” del drama; el experto en escenografía, “demasiado lejos”.

Lo que puede predicarse de la “distancia psicológica” puede afirmarse igualmente de la relación de “interés-desinterés” con que una persona se coloca respecto de un objeto o un hecho. Si pudiéramos ubicarnos en “la particular situación psicológica por la cual no nos preocupamos ni por el precio, ni por el peso, ni por todas las características que sugieran una utilización práctica del objeto que estamos considerando …terminaremos … por eliminación, quedándonos conceptualmente con el objeto desnudo y crudo, apreciado por sí mismo”.

Conforme al marco teórico descripto, si es integrado respetando las diferencias de género, edad, condición social –y religión o etnia si es del caso–, el jurado popular puede ser visto como un intento por ubicarse “a la distancia justa” y “con el desinterés justo” para formarse una composición de lugar lo más certera posible del hecho que debe ponderar. 

La pluralidad de miradas parece ser, además, un buen antídoto para contrarrestar la influencia de factores externos (económicos, políticos, religiosos o de otra índole) susceptibles de influir sobre la voluntad de los jurados. 

No parece razonable, sino más bien prejuicioso, sostener que un jurado –por el hecho de que sus miembros sean legos– sea más influenciable que un tribunal profesional."



DESCARGAR LIBRO

En el acto de presentación en el salón del Consejo General de Educación participaron la vicegobernadora Laura Stratta, la Ministra de Justicia Rosario Romero, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; Andrés Harfuch (INECIP), la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez; el intendente de Paraná, Adán Bahl; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; los vocales del Superior Tribunal de Justicia Miguel Giorgio y Martín Carbonell; la presidenta de Vidaer Carla Cusimano, el delegado de la AAJJ Entre Ríos Elvio Osir Garzón; abogados Rubén Pagliotto, Miguel Ángel Cullen y Marciano "Chano" Martínez (CAER), legisladores provinciales; jueces federales de garantías y fiscales coordinadores, autoridades universitarias y autoridades judiciales, entre otros.


Andrés Harfuch, Rosario Romero
y Gustavo Bordet


¨El gobernador Gustavo Bordet, resaltó la importancia del sistema de juicio por jurados de su provincia: "Una ley de esta naturaleza, atraviesa además de las discusiones que se dieron en las asociaciones y en distintos círculos, a los tres poderes del estado. Para la sanción de la ley de juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos participaron activamente el poder legislativo y el poder ejecutivo en redactar un proyecto de ley, y el poder judicial aportando todo lo necesario para dotar a este proyecto de la estructura jurídica que necesitaba¨". 




Rosario Romero, Ministra de Gobierno y Justicia, resaltó la participación ciudadana, "Estamos muy contentos con esta enorme participación ciudadana que genera el juicio por jurados, nada más y nada menos que en los procesos judiciales de mayor importancia. Es una forma de participación rotunda de la ciudadanía en la cosa judicial y que la vamos a notar en las generaciones que vienen. Cuando parecía que el Poder Judicial era el más cerrado, el más inexpugnable, a participación popular le da otra matriz"


UN EJEMPLO A IMITAR

Diego Lara, Carla Cusimano y Andrés Harfuch


Andrés Harfuch (INECIP) al momento de presentar el libro, dijo: "Estoy muy emocionado de presentar este libro que es maravilloso, en este mismo lugar en el que cuatro años antes discutimos la ley con fiereza y ardor (ver). Tengo experiencia en todo el país, pero la de Entre Ríos, con 72 juicios por jurados hechos, sin ningún escándalo, comenzando en plena pandemia y con la participación de cientos de entrerrianos que han dado sus veredicto, es un ejemplo a imitar. Felicito al Gobernador y a la Ministra por la determinación política de ponerlo en marcha".

“Afortunadamente, en Entre Ríos hubo un consenso político del gobierno y de la oposición, por eso la ley salió por unanimidad. Eso demuestra que es una institución sólida. Realmente venimos a festejar los cinco años de vigencia de la ley y quienes más han empujado y militado el juicio por jurados son las propias víctimas, los que son agredidos por el delito, que ven a los jurados como sus iguales, como sus pares, y confían más en ellos”.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Elvio Garzón, ex coordinador del STJ para el estudio y la implementación de los juicios por jurados y delegado de la AAJJ en Entre Ríos, dijo estar “convencido que Entre Ríos desde hace cuatro años atrás ha dado un salto de calidad democrática inigualable”.

Apuntó que “uno que lo puede ver día a día, dado que me ha tocado estar en cuatro juicio por jurado puede ver como la comunidad al principio está como un poco reticente para poder participar, pero una vez que concluye el juicio ya su sensación, su semblante es totalmente diferente, es más con decir que las personas que no pueden deliberar, los jurados suplentes, se quedan con ganas de participar y automáticamente ya quieren saber cuándo van a ser convocados”.


GALERÍA FOTOGRÁFICA

EL LIBRO


El libro Juicio por Jurados en Entre Ríos. Un avance institucional que se logró a partir de los consensos políticos y entre los poderes del Estado. El libro compendia la producción de la Ley 10.746, llamada Juicio por Jurados, que contribuye a democratizar la administración de la justicia en la provincia, a fortalecer las instituciones y la calidad de participación ciudadana.

Refleja el esfuerzo por saldar una deuda postergada por más de 80 años por distintos gobiernos entrerriano al reunir reflexiones, antecedentes y aportes de convencionales constituyentes, legisladores, jueces y juezas; también de juristas, pensadores y pensadoras de las ciencias sociales. Todo ellos estudiosos de la institución de juicios por jurados a lo largo de la historia.

La obra reúne también reflexiones, antecedentes y aportes de convencionales constituyentes, legisladores, jueces y juezas, juristas, pensadores y pensadoras de las ciencias sociales; es decir hombres y mujeres que estudiaron la institución de juicios por jurados a lo largo de la historia.





Autores

Horacio Rosatti. Prólogo.

Gustavo Bordet: “Democratizar la acción de hacer justicia”.

Andrés Harfuch: “Características de la ley entrerriana y su respaldo democrático y popular”.

Alfredo Pérez Galimberti: “El jurado hace escuela”.

Susana Medina: “Juicio por jurados y equidad de género”.

Miguel Ángel Giorgio: “Breves reflexiones sobre el estándar de Prueba más allá de toda duda razonable”.

Martín Carbonell: “El veredicto del jurado y los recursos: los nuevos paradigmas y modelos de actuación”.

Rosario Romero: “Otro modo de administrar justicia”.

Ángel Giano: “Consideraciones generales y particulares de la Ley 10.746”.

Marciano Martínez: “El aporte de la abogacía en el juicio por jurados y los héroes olvidados de 1933”.

Laura Stratta: “El juicio por jurados y su potencial democratizador”.

Elvio Garzón: “Selección del jurado: audiencia de voir dire”.

Diego Lara: “El jurado pensado como base de la democracia y la participación ciudadana en el Poder Judicial”.

Carla Cusimano: “Una perspectiva desde la sociedad”.

Raymundo Kisser: “El largo camino del juicio por jurados en las constituciones nacional y provincial”.

Alejando Cánepa - María Gabriela López Arango: “El rol de las partes y la necesidad del control cruzado”.

Miguel Ángel Cullen: “Los dilemas en torno al derecho de ser juzgado por jurados y el imperativo dispuesto por la ley”.

Rubén Pagliotto: “La justicia en manos del soberano y la Constitución honrada”.

Esteban Vitor: “Reseña histórica y el caso de los galeses en Argentina”.

Notas periodísticas

Secretaría de comunicacipon Gobierno de Entre Rios 23-11-2023 "Especialistas destacaron que el juicio por jurados en Entre Ríos es un ejemplo" Ver aquí

Diario R2820 ""Especialistas destacaron que el juicio por jurados en Entre Ríos es un ejemplo" Ver aquí

martes, 28 de noviembre de 2023

ROSARIO: Jurado vecinal, récord de 1500 voluntarios inscriptos en menos de 24 horas

 

Se inscribieron más de 1500 personas para participar como jurados voluntarios en los juicios vecinales de la ciudad de Rosario. 

El juicio por jurado vecinal es la novedosa herramienta del Código de Convivencia, cuya puesta en marcha es inminente. Se abrió la inscripción y, contra lo que muchos agoreros vaticinaban, se batieron los récords y mil quinientos rosarinos se anotaron como jurados para juzgar casos de faltas y contravenciones municipales.

El sistema es totalmente gratuito y voluntario. Rosario sería así la tercera ciudad del país, junto con Mendoza capital y San Patricio del Chañar, en Neuquén, que ya comenzaron a juzgar a suss infractores mediante jurados.



“Hemos abierto un registro, y se ha colmado de inscriptos, son más de 1.500. Eso es una buena noticia, porque garantizar una buena cantidad de gente permite la diversidad en la composición del jurado”, destacó este sábado la subsecretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad, Juliana Conti, en Radio2.

Y agregó: “Es un poco parecido a lo que se ve en las películas, solo que en este caso son faltas de menor gravedad por ser contravenciones de nivel municipal. Estamos contentos por la cantidad de gente que se ha interesado en participar. Suele haber mucho interés en vecinos de hacer denuncias sobre algunos hechos de gravedad, y en estos juicios pueden canalizar ese interés”.

El juicio por jurado vecinal puede ser solicitado por el propio infractor o por el procurador de faltas, y allí reside el valor de esa nueva herramienta, explicó Conti: “Alguien que va a ser juzgado puede pensar que es una herramienta más justa y democrática, que evalúen la falta sus pares”.


Fuente:  Diario Vía Pais Ver aquí

domingo, 26 de noviembre de 2023

ARGENTINA: State Supreme Court of Justice of Entre Ríos province upholds the finality of jury verdicts and speaks of an “overwhelming pro-jury wave” in the country

 

Claudia Mizawak, Daniel Carubia and 
Martín Carbonell

In a ruling of enormous institutional significance for Argentina and Latin America, the Superior Court of Entre Ríos (STJER) unanimously rejected an appeal by the prosecution against a jury’s not guilty verdict and upheld the constitutionality of the double jeopardy clause that prohibits the prosecutor from challenging an acquittal on appeal.

The unanimous not guilty verdict of the jury, which found that prosecutor Uriburu had failed to prove beyond a reasonable doubt that José Carlos Cervín had committed attempted femicide, was confirmed. The trial took place in Rosario del Tala (ver).

DOWNLOAD RULING

There is no doubt that this ruling will be a landmark in Argentine jury trial jurisprudence. It is not just another ruling: the STJER’s support of the finality of jury verdicts, one of the essential characteristics of the jury system, has been absolute and unanimous.

In addition, the ruling recognizes that in Argentina there is "an overwhelming, democratic and republican, pro-jury wave” that grows year after year in the provinces. The following is an exact excerpt from the ruling:

""It should be noted here that the laws establishing juries in the provinces of Chaco, Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro and Chubut have rules similar to those of our Article 89. Thus, the arguments made by the appellants that this is a flaw in the jury system of countries with an Anglo-Saxon tradition -which they remarkably, and wrongly, consider to be antiquated and unwilling to subscribe to norms in accordance with human rights- fall flat in the face of the reality of our country, in which every year, overwhelmingly, more federal territories are incorporated into the democratic and republican jury system. These provinces, I repeat, have rules of appeal similar to ours.”".


The Drafters of the Constitution

This "Cervín" decision by the STJER represents a cultural achievement, as it breaks with the tradition of bilateral appeals, typical of French doctrine and mixed inquisitorial systems before professional judges. Some courts have resisted abandoning the traditional of bilateral appeals, despite the incipient legal doctrine (El precedente Alvarado/Sandoval CSJN)and as mandated by international human rights treaties. 

The jury, here and throughout the world, enshrines and protects the finality of the acquittal verdicts rendered by the People. Judge Daniel Carubia, in one of the most prominent paragraphs of his opinion, highlights this "core norm of the jury system" which, slowly but surely, is being established in Argentina thanks to the gradual implementation of the jury trial. 

The jury trial and the adversarial system in criminal cases that our Framers dreamed of in 1853, came 170 years later. That delay had very serious consequences for the justice system in our country, which are only now beginning to be remedied. The STJER’s ruling is part of this necessary change.

For example, it took a lot of effort to implement the unanimity rule in a judicial branch that for centuries decided everything by majority verdicts, including capital punishment. In a traditional civil law court of three bench judges, two votes are enough to sentence a person to life imprisonment or acquit someone of a very serious crime. 

Now, in Argentina, we accept that the unanimous vote of the twelve-person jury is required to acquit or to convict. Today, no one disputes the immense benefits that unanimity has brought for the legitimacy of verdicts, since data shows that jurors achieve unanimity in 96% of cases.



It was even more difficult to get our legal culture to accept the finality of verdicts, but the jury has managed (at last!) to open this much-needed debate in our legal system. As in all other countries that originally adopted an inquisitorial system, Argentine prosecutors were always granted unlimited powers of appeal to obtain a conviction. This system prolonged cases for decades and made defendants live in a constant state of anxiety and insecurity.

Argentina’s top scholars Julio Maier (cited in this ruling) and Alberto Binder fought for decades for Argentina’s acceptance of this essential feature of the jury that distinguishes the adversarial systems of the most advanced nations.

The universal tradition of the jury views appeal as the defendant’s exclusive right. The double jeopardy clause has been included in the every international human rights treaties (ACHR, art. 8.2.h). Therefore, it has been established for centuries that juries’ not guilty verdicts put an end to the criminal process and are not appealable.

This has been established in all of Argentina’s classic jury laws. But the tension with centuries of inquisitive practice, which turns double jeopardy and the right of appeal into an incomplete right, was bound to emerge at some point in Entre Ríos, and that's what happened.

The "Cervín" judgment begins forcefully, recognizing that trial by jury, in the 1853 Constitution, intended to eradicate practices that are contrary to the adversarial system. Thus begins Judge Carubia’s opinion:

"The lack of a reasoned verdict, the rule of secrecy and the scope of appeal in classic jury systems, are some of the great issues that generate tension in Argentine legal debate." 

"Indeed, as the hour of the definitive implementation of the classic jury in our country approaches, the cultural and political inadequacies of the prevailing justice system that the jury was intended to eradicate, have been sharpened



The only jurisdiction in which prosecutors and victims challenged the finality of acquittal by a jury was in the Province of Buenos Aires at the beginning of the implementation of the system (2016). Also in Buenos Aires, which was the birthplace of this cultural shift, the Court of Appeals and the Supreme Court of Justice upheld the absolute constitutionality of the rule that prevents prosecutors or assistant prosecutors from appealing against a jury verdict of not guilty. But they did so in cases of crimes of institutional violence (see the Bray paredes ruling) (see the SCJPBA´s ruling on Bray paredes)and in common crimes of homicide (see the López ruling).  

The novelty of this very important ruling of Entre Ríos is that it is the first that correctly resolves this issue in the sensitive context of gender-based violence. That gives it added value, because the basis of the prosecutor’s claim was an alleged lack of gender perspective in the ruling.

The appeal generally agrees with the basic principle of the finality of jury verdicts of acquittal, but states that, due to the enhanced due diligence ordered by international treaties on the matter, the principle should yield in cases of gender-based violence.

The prosecutor and victim should, therefore, be able to appeal the acquittal. In other words, appeal should be available for crimes of gender-based violence, but not for other crimes. As if the genuine advance of feminism meant repealing or devaluing basic constitutional guarantees of the accused or evading the rule of law. None of the three judges of the STJER were fooled by this argument, which, under a veil of pseudo-progressivism, intended to hide the fact that the investigation in the case was flawed.

The defense attorneys and judges Carubia and Mizawak were merciless with the appellants on this point. 

In his excellent argument, defense attorney Rubén Pagliotto said, in unequivocal terms:

:"The prosecutor´s appeal ultimately exposes the investigative flaws. This case was ineptly investigated. It was not the fault of the jury that the prosecutor failed to present absolutely conclusive evidence. This is a disrespectful way of asking for a constitutional ruling—the jury’s finding of insufficient evidence—to be overruled.

No wonder the prosecution has resorted to masking its absolute incompetence in the investigation of the case, in its construction of an evidence-supported legal theory for the case, and in its inability to convince even one of the members of the jury.

It is not about blaming Article 89 of the Law and otherwise misconstruing the law, such as the prosecutors’ interpretation of Article 64 of the Provincial Constitution.

If the prosecutor who investigated was inept, he should not try to remedy his faults by trying to force the Provincial Constitution to say what it does not say, or what the Law of Trial by Jury does not say.

When the "second hearing rule" was established in section 64, it was with the accused in mind; it is a protection that has its raison d’être in serving as a shield against the impetuous punitive power exercised by the State; that is why guarantees exist."


Rubén "Rubito" Pagliotto,
renowned defense attorney

Judge Claudia Mizawak, a renowned feminist, went so far as to say that the prosecutor in this case "did not seriously investigate" the incident and held him directly responsible for the outcome of the trial:

"The Prosecutor’s Office (MPF) submits that the appeal should be heard and dealt with as required by the enhanced duty of due diligence.

The IACHR has recognized the duty of the States to prevent "and seriously investigate" these crimes. The enhanced duty of due diligence is uniquely relevant to the MPF -as the body in charge of criminal prosecution- since it imposes an even greater burden on it, especially during the Preparatory Criminal Investigation and the oral trial.

It is not possible to ignore the shortcomings pointed out by the defense regarding investigative failures and the inadequacy of the evidence presented during the debate.

I think it is necessary to mention that the IACHR has established that the investigation phase in cases of sexual violence is of fundamental importance. 

Failures at this stage become a barrier that can be insurmountable in the subsequent identification, prosecution and punishment of those responsible for these acts."



THE FACTS, APPEAL AND DEFENSE’S ARGUMENT

The case reached the Court because prosecutors Uriburu and Lombardi raised the unconstitutionality of Article 89 of Law 10.746, which prevented them from appealing the jury’s acquittal verdict. The law, which has received praise from other countries (ver), reads as follows:

Article 89°: Acquittal. Finality. The verdict of not guilty by the jury shall be binding on the presiding judge and will become res judicata, definitively and irrevocably concluding the proceedings and the criminal prosecution against the accused.

No appeal shall be allowed against a not guilty verdict and the corresponding acquittal, except in cases where the prosecutor fully demonstrates that the verdict of not guilty was the result of bribery, coercion, extortion by kidnapping or other forms of intimidation that exercised on the juror(s), and which were decisive for the acquittal verdict. An appeal of any kind against an acquittal by a judge in a hung jury case will not be allowed.

The prosecutors argued, by order of General Instruction No. 2/2020 of the Entre Ríos Attorney General’s Office, that their inability to appeal such verdicts violated the effective judicial protection of victims of gender-based violence and the Convention of Belem do Pará.

They also argued that Article 64 of the Entre Ríos Constitution established that the guarantee of a "second hearing” also applied to them.

Article 64°: The Legislature shall ensure the right to a second hearing in criminal proceedings, respecting the principles of adversarial, oral and public proceedings in the adversarial system.

The Concordia Court of Appeals issued a memorable ruling rejecting this claim in its entirety, which we reported on this page (see judgement).The prosecutors insisted and appealed to the STJER.

Giordano Boggian’s defense team then added one of Entre Ríos' best lawyers, Rubén Pagliotto. The opinion they defended in the public hearing before the STJER is an anthology and we reproduce it here. 

They practically exhausted the discussion on non bis in idem, double jeopardy, the finality of the acquittal, the sole hearing, the IACHR’s Mohamed decision, international treaty law and its relationship with enhanced due diligence in cases of gender-based violence.

BRIEF FOR DEFENDANT-APPELLE

(download)

Giordano Boggian and Rubén Pagliotto 


SUPREME COURT´S RULING

Judge Daniel Carubia wrote the lead opinion. He did so with remarkable precision, as he reviewed the arguments presented to him by the prosecution from the perspective of the idiosyncrasies of the jury system. In this way, he complied with the IACHR (in re RVP v. Nicaragua, 2018) and the ECtHR (in re Taxquet v. Belgium, 2010), both of which order respect for the inherent characteristics of jury procedure. 

These two precedents recognize that in the West there are two models of criminal prosecution: trial by jury and bench trial. Both are standard, but have different characteristics that must be respected both in the original decision and in the appeal. 

Thus, there should be no attempt to graft onto one system specific characteristics of the other, such as requiring a jury to justify its verdict or requiring a judge to issue judgments out of personal conviction. The same is true of the finality of the jury’s verdict of acquittal, which is inherent to this form of trial and follows Article 8(2)(h) of the ACHR. 

In short, the judges of the STJER did what the IACHR clearly states: when reviewing the verdict of a jury, the essential characteristics that define the jury system, which Statute 10.746 recognized so well, must be respected  - and not altered.

Excerpt from the decision: "The advantages and disadvantages of one system or another are distributed equally, taking into account the nature of each trial system"

Carubia's opinion was based on four points that shaped his decision. The first is formal. He argued that the prosecution came up with the idea of raising the unconstitutionality of Article 89 of the Law when it lost the case. Before that, it had said nothing and accepted the rules of the game, only questioning them after failing. If they had wanted to try this route, Carubia said, they should have challenged the constitutionality of the jury system from the outset, as the most basic doctrine of constitutional law requires. 

"This Office filed an appeal only ‘for having lost': it allowed a trial to proceed in its entirety with the jury system’s rules, to which the parties had submitted. Only when  the result of the trial was an acquittal, did the prosecution challenge the constitutionality of a core rule of the system to which, without objection, they had submitted." 

He strongly rejected the Attorney General's Instruction 2/2020 as "unknown" and unrelated to the process

But the lead opinion did not leave it there. The second point went directly to the substance of the matter, with an irrefutable argument in defense of the constitutionality of Article 89 of the Law. One caveat needs to be made here. It is common knowledge that Judge Carubia’s position is that the prosecution could never have the same scope of appeal as the defendants. 

In his ruling, he confirmed this position and reminded prosecutors that Article 89 in no way deprives them of the chance to appeal, but limits them in an absolutely reasonable way to the only two cases recognized worldwide (even in common law systems with juries) that are called “fraudulent res judicata." 

In other words, corrupt activity by the accused or his defense that leads to a flawed acquittal (bribery, coercion, extortion of jurors or witnesses, serious misconduct, etc.). In these scenarios, the prosecutor’s appeal is tolerated because there was never any "risk" for the accused. "Double jeopardy" in these corruption cases is a fiction; it does not exist.

"The Entre Ríos Legislature does not prohibit the prosecution’s access to the "double hearing", but only limits it to cases of not guilty verdicts in which the prosecutor "irrefutably demonstrates that the acquittal verdict was the result of bribery, coercion, extortion by kidnapping or other serious intimidation that exerted coercion on the juror(s), and which were decisive for the not guilty verdict."

"Contrary to what the prosecution emphatically argues, the constitutional rule of the double hearing in Art. 65 of the Constitution of Entre Ríos is not violated, since with absolutely reasonable limits that are part of the core of the jury trial system, it grants both parties the possibility of appealing. It is not true that the prosecution is prevented from this option in the current system: in the event of an acquittal verdict, it will have the right to appeal that is recognized in the same Art. 89 that it challenges." 

"With the introduction of the trial by juries, the local legislature decided to limit the grounds for appealing an acquittal. It is, therefore, a legislative decision, keeping with the very nature of the jury trial. The jury’s verdict of acquittal is the expression of the sovereignty of the people, and their will may only be revoked to the extent authorized by the legislature."



The third point unambiguously supports the precedents that Concordia Court of Appeals used to reject the prosecutor’s appeal. As we mentioned before, Concordia was a superlative ruling  (see holding). The STJER agreed with it in all respects and stated that the rulings cited there, Green v. United States (U.S. Supreme Court, 1957), Alvarado/Sandoval (CSJN, 1998, 2005), Mattei (CSJN, 1968), and the judgments of the Court of Appeals of the Province of Buenos Aires and the SCJPBA, cited above, among others, sealed the issue. 

"The precedents invoked carried out a thorough analysis not only of the norms of our National Constitution, but of the entire international framework, establishing the full validity of the rule limiting the possibility to appeal, as long as it does not contradict the international human rights system. In other words, all the international rules invoked by the appellants in support of their claim were duly analyzed by the Buenos Aires judgments cited by the Court of Appeals, and their considerations are fully applicable to the case at hand.”

The fourth and final point is perhaps the most important one and has to do with enhanced due diligence in matters of gender-based violence. This was the prosecution’s central argument and the most original part of this ruling for Argentine jurisprudence because it defines what is meant by enhanced due diligence in a jury system: it in no way implies giving the prosecutor or the victim the right of appeal against acquittal.  

Defense attorneys Boggian and Pagliotto repeatedly insisted that all the country’s victims’ laws clearly state what is meant by “effective judicial protection” and “access to justice.” These laws grant broad powers to victims, including access to the case file and the possibility of appealing in cases where the judge does not send the case to a jury. But none of them state the right to appeal acquittals. This is logical, since such a rule would repudiate the strict letter of international human rights treaties, which establish the right to appeal as an exclusive guarantee of the convicted person. 

Here the lead opinion did not hold back. The Jury Act does not deprive the victim of remedies against acquittal, but limits them to exactly the same two cases mentioned above for the prosecution and which are "absolutely compatible" with the essence of the jury system.

"The duty of enhanced due diligence has been guaranteed and respected by the judiciary from the moment the victim was granted unrestricted access to justice. In fact, she was heard, she took part in various stages of the proceeding, her right to testify without the presence of the accused Cervín was respected; she was been given the opportunity to be an assistant prosecutor, -of which she opted out- and she had a trial that included a jury made up of twelve people carefully selected by the parties, with absolute gender parity, six women and six men, which rules out any violation, even the slightest, of the due diligence required.”

"With the introduction of trial by jury, the local legislature decided to limit the grounds for appealing an acquittal. It is therefore a legislative decision, keeping with the nature of the jury trial. The jury, politically, is nothing more than the requirement-in order to make state coercion possible- to obtain the acquiescence of a minimum and unanimous number of citizens, which symbolizes, in the best possible way in our mass society, politically, and not statistically, popular opinion (cf.: Maier, Julio B. J.; "Criminal Procedural Law", vol. I, 1st ed, p. 787, Ed Bs.As., 2004); for this reason, acquittal by the jury prevents the use of the appeal, regardless of the assessment of the verdict: fair or unfair before the law (cf.: Maier, op. cit., p. 634).

"Thus, the acquittal of the jury is the expression of the sovereignty of the people and its will can only be revoked in the cases authorized by the legislator. In this sense, and as the Federal Court stated: "... the guarantee of the right to appeal was established only for the benefit of the accused. It may be concluded, then, that since the Public Prosecutor’s Office is part of the State, it is not the recipient of this benefit, and is therefore not protected by the constitutional norm..."

"The fact that the victim has not been constituted as an assistant prosecutor would not change the limitations on appeal provided for by law, since the assistant prosecutor, according to our legislation, enjoys the same rights as the Public Prosecutor’s Office and may appeal to the courts only in the same cases and under the same conditions. In short, there is no indication of any violation of the rights of the appellant, the victim in the case.

THE MIZAWAK VOTE

Judge Claudia Mizawak was responsible for supporting Judge Carubia's last point that Article 89 of Law 10.746 does not violate enhanced due diligence by limiting the prosecutor's and victim's ability to appeal a verdict of acquittal.

She thoughtfully argued that enhanced due diligence is for the MPF to "seriously investigate" and obtain evidence at the early stage of the Preparatory Criminal Investigation for crimes of sexual and gender-based violence. After that, it’s too late.

She also added that the Federal Supreme Court’s well-known legal doctrine that, to declare a law unconstitutional, it must be manifestly and flagrantly contrary to the Magna Carta. In close cases, this type of challenge must always be rejected. She concludes that Article 89 of Statute 10.746 is constitutional. It should be remembered that this law was unanimously approved by the Senate and the House of Representatives and all political parties in 2018. (see here)

"The appellants' request to declare Article 89 of Law No. 10,746 unconstitutional intends - purely and simply - to modify the current legal regime; which would mean the judiciary is exceeding its power at the expense of the legislature, violating the separation of powers principle, a basic principle of our republican system."


Superior Court of Entre Ríos (STJER)  (STJER) "CERVIN, CARLOS JOSÉ - Attempted Manslaughter - Acquittal - Trial by Jury S/EXTRAORDINARY APPEAL", File No. 5344 of 9/11/23 [ver]

Read more news here:

- Diario Judicial (10/11/23): "What the jury says may not be questioned" (ver)

El Diario (10/11/23): "Juries: acquittals cannot be appealed" (ver)

-El Entre Ríos (10/11/23): "The STJ ruled that an acquittal by a jury is not subject to appeal"" (ver)

sábado, 25 de noviembre de 2023

LA PLATA: Tras siete años de prisión preventiva por un homicidio que no cometió, el jurado por unanimidad absolvió al acusado

 

Maximiliano Lapera quedó en libertad

Villa Elvira ostenta, junto al Mondongo y al Churrasco, la cucarda de formar parte de la tríada de barrios más pesados de La Plata. 

Ubicado bien al sur, sólo los valientes pueden animarse a ir a comprar algo al "kiosco" en horas de la madrugada. Eso fue lo que pasó en esa dramática noche.

Por algo el inolvidable Carpo, el rey del blues y el heavy metal argento, compuso en 1973 "Con Elvira es otra cosa" para el disco Pappo´s Blues Vol. 4.


 

La inspirada letra del Carpo nos dice tanto de aquella Elvira. No sabemos bien si la escribió para este barrio platense que seguro conoció el rugir de su moto o su voituré, o si fue para una novia que cortejó allá por los años ´70. Lo cierto es que Pappo compuso esta letra cargada de hondura y metáforas borgeanas, digna del Premio Cervantes.

Con Elvira Es Otra Cosa
Pappo

¡Elvira!, le gusta estar al sol,
¡Elvira!, le gusta estar al sol,
todo el día y todo el tiempo,
le gusta estar al sol.

Me levanto a la mañana,
veo una sonrisa en ti,
creo que este blues podrido,
te hace sentir feliz.

Creo que es mejor,
que me cosas el botón,
que me seques el pelo,
con un viejo pantalón.

¡Elvira!, le gusta estar al sol,
todo el día y todo el tiempo,
le gusta estar al sol.

¡Elvira!, ¡Elvira!



Perdón lectores. Otra vez nos fuimos al joraca con el rock. ¡Cómo nos pueden el rock y el Carpo, Batman! Volvamos a nuestra historia y hacia este kiosco patibulario en medio de la noche de Villa Elvira.

Hacia allí se dirigieron Maxi Lapera y sus dos amigues. Suponemos que no precisamente a comprar Beldent, caramelos Media hora o un alfajor Capitán del Espacio

Era la noche fría y helada del 20 de junio de 2016, a exactos 204 años de que Belgrano hiciera jurar la bandera nacional a orillas del Paraná. En la calle no había nadie. Sólo la noche negra y silente como la tumba.


El kiosco de Villa Elvira
  
En ese mismo instante, desde lo más profundo de la negra oscuridad, emerge una turba ululante de lúmpenes y perros que ladraban. Una voz aguda de cumbiero surca la atmósfera nocturna al grito de "¡Eh, gatooooo, te afano, te afano todo!"; "¡Te afano todo lo que quiero!"

Era el Chueco Johnatan Soto, con quien Lapera mantendría añejas rencillas. Los Soto ostentaban el carnet de ser los dueños del rioba. Cobraban peaje y decidían quién circulaba de noche y a qué precio. 

La turbamulta lo ataca en manada y le afanan la billetera. Lapera no se quedó atrás. Valiente el hombre, le metió un terrible uppercut de derecha al Chueco, quien cayó pesadamente por toda la cuenta contra la reja del kiosco. Para qué. 

No, no, no, no. ¿Sabés lo que te va a pasar?

El Chueco agarró un palo que había ahí y desde el suelo lo empezó a surtir a Lapera. Se sumó el resto de la montonera y ahí se armó una gresca descomunal donde era imposible distinguir nada.

La fiscal Victoria Huergo lo acusa allí de intentar matar con un cuchillo al Chueco (hecho n° 1).

Lo único que se supo es que Lapera emprendió la huida a la gran carrera hasta que ¡milagro!  vio un patrullero estacionado y poco menos que se zambulló adentro. El móvil fue rodeado por la muchedumbre de aullantes homínidos.



El kisoco de día

Se arma otra gresca fenomenal y, cuando todo se dispersa por el orden natural de las cosas, cae a los pocos metros Fernandito Soto. Estaba herido de arma blanca y falleció. La fiscal lo acusó también a Lapera de este hecho n° 2.

Lapera quedó preso siete años y medio en prisión preventiva sin juicio hasta el día de hoy, en que el jurado lo liberó. Una vergüenza.

Le debe la vida al equipo que armó el defensor oficial Manuel Bouchoux, quien se rodeó de Enzo Cárdenas, Fernanda Amoreo, Julia Coretti, Lola Bernales, Sofía González y Berenice García. Trabajaron sobre la teoría del caso diseñada por Rocío Muñoz en su época de pasante. 

Todos ellos pertenecen al Equipo de Litigación de la UNLP que recientemente salieron campeones nacionales en Mendoza, en el XIII Concurso de Litigación Adversarial del INECIP.


Team Defensa Pública: Manuel Bouchoux, Enzo Cárdenas,
Fernanda Amoreo, Julia Coretti y Lola Bernales.


EL JUICIO

La fiscal Victoria Huergo luchó denodadamente contra la falta de pruebas concretas en la IPP. "No fue un caso de legítima defensa ante un ataque en manada para robarle la billetera"

“En ningún momento Lapera se defendió, no fue Lapera solo contra una turba de palos y gente, Lapera no es Fernando Báez Sosa rodeado de rugbiers, no permitan que les construyan esa imagen”, fue el primero de los pedidos de la fiscalía de juicio. 

“No se dejen instalar ideas equivocadas de la mecánica del hecho, Lapera siempre atacó”, fue el segundo de los requerimientos al jurado ciudadano.

Sobre el cierre de su alegato Huergo ensayó el tercero de los requerimientos al jurado popular: “No es un caso de legítima defensa; dejen la mochila de los prejuicios de lado y la discriminación; les pido que usen la lógica y el sentido común y lo condenen”.


El defensor oficial Manuel Bouchoux
y la fiscal Victoria Huergo


“LA FISCAL NO PROBÓ NADA”

El defensor oficial Manuel Bouchoux no dudó un instante en salir al cruce. Seguro y decidido tomó el micrófono, miró fijo al jurado y con absoluta certeza asestó: “Para empezar y que quede claro, Lapera es inocente, la fiscal no probó nada”.

Tras comenzar con su análisis de la prueba recordó que el acusado “lleva siete años detenido a la espera del juicio que se postergó por la pandemia”. "En todo ese tiempo comenzó a estudiar, le falta una materia para terminar el segundo año de la carrera de sociología".

"No hay un relato claro” sobre la teoría de caso de la acusación ya que todo es “confusión y caos” al tiempo que “hay contradicciones” en la acusación y “la mentira tiene patas cortas”.

El letrado dejó flotando en el aire lo que verdaderamente pasó y que la fiscalía no pudo demostrar. Y es que Fernando Soto murió de un cuchillazo propinado por error en el medio del tumulto por alguno de los casi quince intervinientes de la gresca. 

Para la defensa, el acusado fue “víctima de un robo en el marco de una agresión salvaje que puso en riesgo su vida, luego se escapó, se refugió en un patrullero y lleva siete años detenido”. Sobre el cierre de su alegato solicitó al jurado un veredicto de “no culpabilidad”.


Tantas cosas buenas....


ÚLTIMA PALABRA

Tras los alegatos y réplicas, el juez Andrés Vitali le dio la última palabra al acusado. “Si me van a condenar, que sea por hechos concretos, sólo pido justicia”.

En relación a su presunta falta de emociones en su versión de los hechos, Lapera le contestó a la fiscal: “Desde 2016 estoy detenido, no conozco a mis nietos, los vi por primera vez acá”.

Not guilty of all charges by a unanimous verdict. Villa Elvira rules!


We are the Champions UNLP


Leer noticias aquí:

- EL DÍA (24/11/23): "Crimen en La Plata: "No culpable", el veredicto del jurado popular" (ver)

- EL DÍA (22/11/23): "¿Homicidio o defensa propia? Nueva audiencia por un confuso crimen ocurrido en La Plata" (ver)

- EL DÍA (23/11/23): "Los pedidos de una fiscal al jurado por un crimen en La Plata" (ver)

CHUBUT: En el primer juicio en Puerto Madryn, el jurado condenó por exceso en la legítima defensa tras una trifulca mortal

El jurado popular declaró de manera unánime a Euclides Antenao como culpable del delito menor incluido de «homicidio con exceso en la legítima defensa» cometido en Gastre contra Alcides Ancaleo.

El veredicto se conoció este viernes a la tarde. Ver en minuto 8´00.


Fue el primer juicio por jurados en Puerto Madryn del siglo XXI bajo la dirección de la jueza profesional Stella Eizmendi. La acusación estuvo a cargo de los fiscales Alex Williams e Ivana Berazategui, mientras que el abogado Fabián Gabalachis fue el defensor particular del acusado.

El próximo paso procesal es que la jueza Stella Eizmendi dicte la pena que deberá cumplir.


Abogado defensor Gabalachis

EL HECHO

Gastre, en plena meseta patagónica

Durante la noche de ese día, Ancaleo estaba en una reunión en una casa cuando fue al lugar Antenao y comenzaron a discutir. Luego salen del domicilio y comenzaron a pelear mediante golpes de puño, hasta que Antenao toma un arma blanca de grandes dimensiones con la cual apuñala a Ancaleo en la zona abdominal, para luego retirarse del lugar.

Inmediatamente, trasladan a la víctima al hospital de Gastre pero finalmente fallece cuando era derivado hacia el nosocomio de Esquel, producto de la herida de arma blanca”, indica la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal para que el caso se eleve a juicio.

La autopsia efectuada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense indicó la muerte fue por “shock hipovolémico por pérdida sanguínea ocasionada por herida de arma blanca que lesionó intestino, colon y riñón”.

Pero la defensa logró probar que Antenao fue agredido y que se tuvo que defender. Por eso pidió el no culpable, pero el jurado consideró que, si bien hubo legítima defensa necesaria, la reacción de Antenao ante esa agresión fue extralimitada y excedida. Por eso el jurado lo declaró culpable de esa opción menor incluida, correctamente instruida por la jueza.


Jueza Stella Eizmendi

Leer noticias aquí:

- El Diario (23/11/23): "Juicio por jurados en Madryn: Declararon culpable a un acusado por homicidio" (ver)

lunes, 20 de noviembre de 2023

ARGENTINA, ENTRE RÍOS: Superior Tribunal de Justiça (STJER) ratifica que o veredicto absolutório no júri é definitivo e fala em "avassaladora corrente em prol do júri" no país

 

Claudia Mizawak, Daniel Carubia y 
Martín Carbonell

Em uma decisão de enorme transcendência institucional para a Argentina e América Latina, a Câmara Criminal do Superior Tribunal de Justiça (STJER) denegou por unanimidade um recurso de impugnação extraordinária do Ministério Público e ratificou a constitucionalidade da impossibilidade de recorrer ante um veredicto absolutório proferido por um tribunal popular.

Por essa razão, tornou-se definitiva a absolvição unânime decretada pelos jurados que consideraram que o promotor Uriburu não provou sua acusação além da dúvida razoável contra José Carlos Cervín pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado pelo vínculo. O julgamento ocorreu em Rosario del Tala.


BAIXAR DECISÃO 

Não há dúvida de que esta decisão será um marco na jurisprudência sobre o tribunal do júri na Argentina. Não se trata apenas de mais uma sentença, já que o apoio do STJER a uma das características essenciais do sistema do júri, como o caráter definitivo de seus veredictos, tem sido total, unânime e inabalável.

Além disso, reconhece que no país há "uma avassaladora corrente democrática e republicana em prol do júri" que avança ano após ano nas províncias. Mencionamos um trecho do acórdão:

"Note-se aqui que as leis que estabelecem júris populares nas províncias de Chaco, Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro e Chubut têm normas semelhantes às do nosso artigo 89, de modo que as alusões feitas pelos opositores ao fato de que seria um defeito dos países anglo-saxões – que eles consideram, de forma marcante e equivocada, antigos e pouco inclinados a subscrever normas de acordo com os Direitos Humanos - caem por terra ante a realidade do nosso país, em que a cada ano e de forma massiva, mais territórios federais são incorporados ao democrático e republicano sistema jurista. Essas províncias, repito, têm regulamentos semelhantes aos nossos em termos recursais."


Comisión Redactora de la Constitución

Essa decisão "Cervín" do STJER representa uma conquista cultural, pois rompe com a tradição da bilateralidade recursiva, típica da doutrina francesa e dos sistemas inquisitoriais mistos perante juízes profissionais, que se recusa a ser abandonada, apesar da incipiente doutrina jurídica da CSJN (O precedente Alvarado/Sandoval) e conforme mandam os Pactos Internacionais de Direitos Humanos. 

O júri, aqui e em todo o mundo, consagra e protege a força da coisa julgada material dos veredictos absolutórios proferidos pelo Soberano. O juiz Daniel Carubia, em um dos parágrafos mais destacados de seu voto, ressalta essa "norma nuclear do sistema do júri" que, lenta, mas de forma sólida, está se consolidando na Argentina graças à implementação gradual do tribunal do júri.

O julgamento popular e o sistema acusatório em matéria penal que nossos constituintes sonhavam desde 1853 veio somente 170 anos depois. Essa demora teve consequências gravíssimas para o sistema de justiça em nosso país, que só agora começam a ser sanadas. Esta decisão do STJER está plenamente alinhada com essa mudança.

Por exemplo, foi muito difícil implementar a unanimidade dos veredictos em um Judiciário acostumado a decidir tudo por maiorias mais ou menos amplas, inclusive a pena capital do nosso ordenamento. Em um tribunal tradicional de três juízes técnicos, dois votos são suficientes para condenar uma pessoa à prisão perpétua ou absolver alguém de um crime muito grave. 

Por outro lado, em um júri formado por doze pessoas precisa haver unanimidade para condenar ou absolver. Hoje, ninguém contesta os imensos benefícios que a unanimidade trouxe para a legitimação dos veredictos, já que ficou provado que ela é alcançada pelos jurados em 96% dos casos.



Foi ainda mais difícil fazer com que nossa cultura jurídica aceitasse a irrecorribilidade dos veredictos, mas o júri conseguiu (finalmente!) abrir essa discussão tão necessária em nosso Direito. Como todos os países herdeiros da Inquisição, os promotores argentinos sempre receberam poderes ilimitados de recurso para obter uma condenação, com a consequente perpetuação dos processos por décadas e insegurança jurídica aos acusados.

Julio Maier (citado nesta decisão) e Alberto Binder lutaram durante décadas para que a Argentina aceitasse essa característica que diferencia os sistemas judiciais acusatórios existentes nas nações mais avançadas da civilização.

A tradição histórica universal do júri, que foi plenamente incluída em todos os Pactos Internacionais de Direitos Humanos (CADH, art. 8° 2° h), concebe o recurso como uma garantia exclusiva da pessoa condenada e, portanto, estabelece há séculos que os veredictos absolutórios do júri encerram definitivamente o processo e não são recorríveis para a acusação, seja ela pública (promotores) ou privada (vítimas).

Isso está previsto em todas as leis clássicas do júri da Argentina. Mas a tensão gerada por séculos de prática inquisitiva, que transformam a garantia do non bis in idem e a do recurso em um direito incompleto, estava destinada a surgir em algum momento em Entre Ríos, e foi o que aconteceu.

A decisão "Cervín" começa de forma contundente e direta, reconhecendo que o julgamento por jurados da Constituição de 1853 veio para reformular as raízes do sistema de julgamento atual e para pôr em crise práticas que estão em desacordo com o sistema acusatório. É assim que começa o voto do juiz Carubia:


A falta de motivação do veredicto, a regra do sigilo e os alcances do recurso nos sistemas clássicos do júri fazem parte das grandes questões que tensionam a discussão jurídica deste instituto na Argentina."

"De fato, à medida que se aproxima o momento da implementação definitiva do júri clássico em nosso país, acentuam-se as discrepâncias culturais e políticas com o sistema de justiça vigente, e o júri vem para modificar tudo pela raiz"




A única vez em que promotores e vítimas questionaram a irrecorribilidade da absolvição de um júri foi na província de Buenos Aires, no início do sistema (2016). Também ali, que foi o nascedouro dessa ruptura cultural, o Tribunal de Cassação e a Suprema Corte de Justiça ratificaram a constitucionalidade absoluta da norma que impede promotores ou assistentes de acusação de recorrer ante um veredicto de não culpabilidade no júri. No entanto, isso foi feito em casos de crimes de violência institucional  (ver fallo Bray Paredes) (ver fallo SCJPBA Bray Paredes) e em crimes comuns de homicídio (ver fallo López).  

A novidade dessa importante decisão de Entre Ríos é que ela é a primeira a resolver corretamente a questão dentro da delicada matéria de violência de gênero. Isso lhe confere valor adicional, já que a suposta falta de perspectiva de gênero foi o cavalo de guerra da acusação em sua pretensão.

O recurso feito pelo Ministério Público transmite a ideia básica de que o caráter universal atribuído às absolvições do júri é correto, mas que, devido à maior diligência exigida pelos Pactos, ela deveria ceder em casos de violência de gênero. 

Assim sendo, o promotor e a vítima poderiam recorrer da absolvição. Isto é, para esses crimes de gênero sim, mas não para o resto. Como se o avanço genuíno dos feminismos significasse revogar ou desprezar garantias constitucionais básicas dos acusados ou excepcionar o Estado de Direito. Nenhum dos três juízes do STJER se deixou influenciar por este argumento que, com aparência de pseudoprogressismo, procurou esconder o fato de que foi realizada uma investigação deficiente no caso concreto.

Os defensores e os juízes Carubia e Mizawak foram impiedosos com os recorrentes neste ponto. 

Em sua excepcional argumentação, o advogado de defesa Rubén Pagliotto disse em termos inequívocos:

"O recurso dos promotores acaba por expor as deficiências investigativas. Esse caso foi muito mal investigado. Não foi culpa do júri ou da defesa técnica o fato de o promotor não ter apresentado provas absolutamente decisivas. Trata-se de uma espécie de aventura recursal desrespeitosa pedir a declaração de algo que também é constitucional.

Não surpreende que o promotor tenha recorrido simplesmente para mascarar a culpa pela sua absoluta incompetência na investigação do caso, na construção de uma teoria do caso que estivesse sustentada em provas e na impossibilidade de convencer, em todo o tempo do debate, sequer um único jurado.

Não se trata de atribuir a culpa ao artigo 89 da Lei e dizer coisas que não são, como a interpretação que os promotores dão ao artigo 64 da Constituição provincial.

Se o promotor que investigou foi desidioso, não se deve procurar fazer com que a Constituição Provincial ou a lei sobre o Tribunal do Júri digam o que não diz.

Quando se dispôs sobre o duplo grau de jurisdição foi pensando nos acusados, pois é uma garantia que tem sua razão de ser diante do impetuoso poder punitivo exercido pelo Estado; é por isso que foram criadas as garantias."


Rubén "Rubito" Pagliotto, eximio
abogado defensor de Entre Ríos


 A juíza Claudia Mizawak, uma conhecida feminista, chegou a dizer que o promotor deste caso "não investigou seriamente" o caso e o responsabilizou diretamente pelo resultado do julgamento:

"O MP alega que o recurso deve ser conhecido e tratado conforme exigido pelo dever de diligência reforçada.

A CIDH reconheceu o dever dos Estados de prevenir "e investigar seriamente" esses crimes. O reforço da devida diligência adquire uma relevância singular para o MP, o que lhe impõe um ônus ainda maior - como órgão encarregado da persecução penal - especialmente durante a Investigação Penal Preparatória (IPP) e o julgamento oral.

Não é possível ignorar as deficiências apontadas pela defesa com relação às falhas investigativas e à insuficiência das provas de acusação apresentadas durante o debate.

Penso que é necessário mencionar que a CIDH estabeleceu que a fase de investigação em casos de violência sexual é de fundamental importância. 

As falhas nessa fase tornam-se um impedimento que pode ser intransponível na posterior identificação, processamento e punição dos responsáveis por esses atos."



OS FATOS, O RECURSO E A ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA

O caso foi até a Corte porque os promotores Uriburu e Lombardi levantaram a inconstitucionalidade do artigo 89 da Lei 10.746, que os impedia de recorrer da absolvição do veredicto no júri. A lei, que recebeu elogios de outros países (ver), diz o seguinte:

Artigo 89: Veredicto absolutório. Irrecorribilidade. O veredicto de não culpabilidade no júri será obrigatório para o juiz presidente e fará coisa julgada material, concluindo definitiva e irrevogavelmente o processo e a persecução penal contra o acusado.

Contra o veredicto de não culpabilidade e a respectiva sentença absolutória não se admite recurso algum, exceto nos casos em que o promotor demonstre cabalmente que o veredicto de não culpabilidade foi obtido por meio de suborno, coação, extorsão mediante sequestro ou outras formas de intimidação exercida sobre o(s) jurado(s), e que foram determinantes para o veredicto absolutório. Não será admitido, ainda, recurso de qualquer espécie contra sentença absolutória proferida por juiz ante um caso de jurado estancado (hung jury).

Os promotores argumentaram, por ordem da Instrução Geral n.º 2/2020 da Procuradoria Geral de Entre Ríos, que a falta de recurso por parte da acusação violava a tutela judicial efetiva das vítimas de violência de género, bem como a Convenção de Belém do Pará. 

Eles também argumentaram que o artigo 64 da Constituição de Entre Ríos havia consagrado "a segunda instância" recursiva a seu favor.

Artigo 64 - O Poder Legislativo assegurará o direito à segunda instância no processo penal, respeitados os princípios do contraditório, da oralidade e da publicidade no sistema acusatório.

A Câmara de Cassação de Concórdia emitiu uma decisão memorável rechaçando na íntegra essa pretensão, que noticiamos nesta página (Ver fallo). Os promotores insistiram e recorreram ao STJER.

A defesa de Giordano Boggian, em seguida, incluiu em sua equipe um dos melhores advogados de Entre Ríos, Rubén Pagliotto. O parecer que defenderam na audiência pública perante o STJER é uma antologia e o reproduzimos aqui.

Eles praticamente esgotaram a discussão sobre o non bis in idem, o double jeopardy, o caráter definitivo da absolvição, a instância única, a decisão Mohamed da CIDH, o direito convencional e sua relação com a devida diligência reforçada em casos de violência de gênero.

PARECER DA DEFESA

(descargar)

Giordano Boggian y Rubén Pagliotto 


A DECISÃO DO STJER

O juiz Daniel Carubia foi o relator do caso. Ele deu seu voto com notável precisão, pois analisou o problema apresentado a ele pela acusação a partir da própria idiossincrasia do sistema de júri. Dessa forma, ele cumpriu o estabelecido pela CIDH (in re RVP v. Nicaragua, 2018) e pelo TEDH (in re Taxquet v. Belgium, 2010), ambos ordenando o respeito às características inerentes ao procedimento do júri.

Esses dois precedentes reconhecem que no Ocidente existem dois modelos de persecução penal: o julgamento por júri e o julgamento técnico. Ambos são convencionais, mas possuem características diferentes que devem ser respeitadas tanto na decisão original quanto na revisão. Assim, não se deve pretender enxertar em um sistema características específicas do outro, como motivar o veredicto de um júri ou exigir que um tribunal técnico emita sentenças por íntima convicção. Isso se aplica também à irrecorribilidade da absolvição no júri, que é inerente a esta forma de julgamento e nos termos do artigo 8° 2° h da CADH.

Em suma, os juízes do STJER fizeram o que a CIDH claramente determina: ao revisar o veredicto de um tribunal popular, as características essenciais que definem o modelo clássico de júri constitucional, que foi tão bem recepcionado pela Lei 10.746, devem ser respeitadas - e não alteradas.

Trecho da decisão:  "As vantagens e desvantagens de um ou outro sistema são distribuídas igualmente, levando-se em conta a natureza de cada sistema de julgamento".

O voto de Carubia foi baseado em quatro aspectos que edificaram sua decisão. A primeira é de ordem formal. Ele argumentou que o MP teve a ideia de levantar a inconstitucionalidade do artigo 89 da lei apenas quando perdeu a causa. Antes, ele não havia dito nada e aceitado as regras do jogo, apenas questionando-as depois de fracassar. Se quisessem tentar esse caminho, lembrou Carubia, deveriam ter questionado a constitucionalidade do sistema do júri desde o início, como indica a mais elementar doutrina do direito constitucional. 

"Esse órgão apresentou recurso apenas "por ter saído perdedor", pois permitiu que um julgamento prosseguisse em sua integralidade com as regras do sistema próprio do júri, às quais as partes se ajustaram e se submeteram e, uma vez que o resultado do julgamento foi de absolvição, atacou a constitucionalidade de uma norma nuclear do sistema à qual, sem objeção, se submeteram".

Suas palavras foram muito duras em relação à Instrução 2/2020 do Procurador-Geral, que descreveu como "desconhecidas" e alheia ao processo.

Mas o voto não terminou aí. O segundo aspecto foi direto ao cerne da questão, com um argumento incontestável em defesa da constitucionalidade do artigo 89 da lei. Uma ressalva deve ser feita aqui. A posição do Juiz Carubia é bem conhecida em relação ao fato de que ele sempre reconheceu que a acusação nunca poderia ter o mesmo alcance recursal que os réus. 

Na decisão, ele confirmou essa posição e lembrou aos promotores que o artigo 89 da lei em nada os priva de recurso, mas os limita de forma absolutamente compatível às duas únicas hipóteses em vigor no mundo (mesmo na common law com júri) e que são chamadas de "coisa julgada fraudulenta". 

Ou seja, a atividade corrupta do acusado ou de sua defesa que leva a uma absolvição com vícios (suborno, coação, extorsão de jurados ou de testemunhas, faltas graves, etc.). Nestes cenários, o recurso do Ministério Público é tolerado porque nunca houve "risco" ao acusado. O "double jeopardy " nesses casos de corrupção é uma ficção; não existe.

"Em relação à acusação, o Legislativo de Entre Ríos não veda o acesso à "dupla instância", mas apenas o limita aos casos de veredictos de não culpabilidade em que o acusador "demonstra irrefutavelmente que o veredicto absolutório foi resultado de suborno, de coação, extorsão mediante sequestro ou outra intimidação grave que exerceu coação sobre o(s) jurado(s), e que foram determinantes para o veredicto de não culpabilidade".

"Ao contrário do que enfaticamente sustenta a acusação, a regra constitucional da dupla instância do art. 65 da Constituição de Entre Ríos não é violada, já que com limites absolutamente razoáveis que emergem da própria essência do sistema de julgamento popular, concede a ambas as partes a possibilidade de recorrer, e não é verdade que a acusação esteja impedida dessa alternativa no sistema atual, sendo que em caso de um veredicto absolutório, terá direito ao recurso que é reconhecido no mesmo art. 89 que questiona".

"Com a introdução do julgamento popular, o legislador local decidiu limitar os motivos para recorrer da absolvição. Trata-se, portanto, de uma decisão legislativa, conforme a própria natureza do julgamento popular" e que o veredicto de absolvição do júri é a expressão da soberania do povo, e sua vontade só pode ser revogada nas hipóteses autorizadas pelo legislador".



O terceiro aspecto reforça inequivocamente o direito dos precedentes que a Câmara de Cassação de Concordia fez para rechaçar o recurso do promotor. Como mencionado acima, o caso de Concordia foi uma decisão superlativa  (Ver fallo). O STJER coincidiu com ela em todos os aspectos e considerou que as sentenças ali citadas, Green vs. Estados Unidos (1957, CSJ USA), Alvarado/Sandoval (CSJN, 1998, 2005), Mattei (CSJN, 1968), as decisões da Cassação de Buenos Aires e da SCJPBA citadas acima, dentre outras, esgotaram a questão.

"Os precedentes invocados realizaram uma análise minuciosa não só das normas de nossa Constituição Nacional, mas de todo o arcabouço internacional, concluindo pela validade plena da norma que limita a recorribilidade, na medida em que não contraria o sistema internacional de defesa dos direitos humanos. Em outras palavras, todas as normas internacionais invocadas pelos impetrantes em apoio à sua pretensão foram devidamente analisadas pelos acórdãos de Buenos Aires citados pela Corte de Cassação, sendo suas considerações plenamente aplicáveis ao sub lite."

O quarto e último aspecto é, talvez, o mais importante e tem a ver com a devida diligência reforçada em questões de gênero. Esse foi o argumento central da acusação e o aspecto mais original dessa decisão para a jurisprudência argentina, pois define o que deve ser entendido por devida diligência reforçada em um sistema de júri e que isso não implica, de forma alguma, permitir ao promotor ou à vítima um recurso contra a absolvição.

Os defensores Boggian e Pagliotto insistiram repetidamente que todas as leis de vítimas do país estabelecem claramente o que se entende por proteção judicial efetiva e acesso à justiça. Essas leis consagram amplos poderes às vítimas, incluindo acesso aos autos e possibilidade de recorrer em casos que o juiz não manda a causa a júri. Mas, em nenhum delas há direito a recorrer de absolvições. Isso é lógico, pois tal regra repudiaria a redação estrita dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos, que consagram o recurso como garantia exclusiva da pessoa condenada. 

Aqui, também, o voto principal não foi indiferente. A Lei do Júri não priva a vítima de recorrer ante uma absolvição, mas a limita exatamente aos mesmos dois casos mencionados acima para a acusação, que são "absolutamente compatíveis" com a essência do sistema do júri.

“O dever de diligência reforçada foi garantido e respeitado pelo judiciário desde o momento que a vítima teve acesso irrestrito à justiça. De fato, ela foi ouvida, participou das várias etapas realizadas durante o processo, seu direito de testemunhar sem a presença do acusado Cervín foi respeitado, foi dada a ela a possibilidade de constituir-se como assistente de acusação, sem ter feito uso desse direito, e contado com um sistema de julgamento que prevê a integração do júri por doze pessoas minuciosamente selecionadas pelas partes, com absoluta paridade de gênero, sendo seis mulheres e seis homens, o que nos afasta de qualquer violação, ainda que mínima, da devida diligência exigida"

"Com a introdução do julgamento popular, o legislador local decidiu limitar os motivos para recorrer da absolvição. Trata-se, portanto, de uma decisão legislativa, conforme a natureza do julgamento popular. O júri, politicamente, nada mais é do que a exigência – para possibilitar a coerção estatal – de obter a aquiescência de um número mínimo e unânime de cidadãos, o que simboliza, da melhor maneira possível em nossa sociedade de massas, política, e não estatisticamente, a opinião popular (cf.: Maier, Julio B. J.; "Derecho Procesal Penal", vol. I, 1ª ed., p. 787, Ed Bs.As., 2004); razão pela qual, a absolvição no júri impede o uso do instrumento recursivo, independentemente da apreciação do veredicto: justo ou injusto perante a lei (cf.: Maier, op. cit., p. 634).

"Assim, o veredicto de absolvição do júri é a expressão da soberania do povo e sua vontade só pode ser revogada nas hipóteses que o legislador a autorizou. Nesse sentido, e como afirmou a Corte Federal: "... a garantia do direito de recorrer foi consagrada apenas em benefício do acusado. Há de se concluir, então, que, sendo o Ministério Público um órgão do Estado, ele não é o destinatário do benefício, e, portanto, não está amparado pela norma com hierarquia constitucional..."

"O fato de a vítima não ter se constituído como assistente de acusação não alteraria as limitações recursivas previstas em lei, uma vez que o assistente de acusação, consoante a nossa legislação, goza das mesmas prerrogativas do Ministério Público e só pode recorrer nos mesmos casos e nas mesmas condições que este. Em suma, não se pode prever nenhum prejuízo aos direitos do impetrante, vítima no presente caso".

O VOTO DE MIZAWAK

A juíza Claudia Mizawak foi a responsável por reforçar o último conceito do juiz Carubia de que o artigo 89 da Lei 10.746 não viola a devida diligência reforçada ao limitar o recurso do promotor e da vítima contra a absolvição.

De forma criteriosa, sustentou que a devida diligência reforçada serve para que o MP "investigue seriamente" e garanta provas na fase inicial da IPP em crimes de violência sexual e de gênero. Depois disso, é tarde demais.

Acrescentou ainda a conhecida doutrina jurídica da CSJN de que, para declarar uma lei inconstitucional, ela deve ser manifesta e flagrantemente contrária à Carta Magna. Em casos duvidosos, esse tipo de questionamento deve ser sempre rejeitado. Conclui que o artigo 89 da Lei 10.746 é constitucional. Recorde-se que esta lei foi aprovada por unanimidade pelas duas câmaras e por todos os partidos políticos em 2018 (ver).

"O pedido dos recorrentes para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89 da Lei n.º 10.746, pretende – pura e simplesmente – a modificação do regime jurídico vigente e aplicável; o que implicaria por parte do Poder Judiciário extrapolar-se no âmbito de sua alçada, em claro enfraquecimento das funções que incumbem ao poder legislativo, violando um princípio básico do nosso regime republicano, como a divisão de poderes"


Tradução para português: Lisandra Panzoldo


Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) ""CERVIN, CARLOS JOSÉ - Homicidio agravado por el vínculo en tentativa - Sentencia Absolutoria - Juicio por jurados S/IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA", Expte. N° 5344 del 9/11/23. [ver]

Leer noticias aquí:

- Diario Judicial (10/11/23): "Lo que dice el jurado no se cuestiona" (ver)

El Diario (10/11/23): "Jurados Populares: las absoluciones son inapelables" (ver)

-El Entre Ríos (10/11/23): "El STJ resolvió que una absolución dictada por un jurado popular es inapelable" (ver)