lunes, 10 de agosto de 2020

DOCTRINA: El precedente "Alvarado/Sandoval" de la CSJN, la garantía del ne bis in idem y la prohibición del recurso contra la absolución

El Diario La Ley dedicó una edición especial al fallo "Ramos v. Louisiana" de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que estableció la unanimidad de los veredictos del jurado con un artículo central en tapa de Andrés Harfuch, Matías Deane, Alejandro Cascio y Cristian Penna.

Harfuch, Deane, Cascio y Penna


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Por un lado, el artículo es un tributo a nuestro querido Maestro e inspirador Julio Maier, para quien estas ideas son el núcleo central de su doctrina. Por el otro, reflexiona, a partir de las enseñanzas del fallo Ramos vs Louisiana, sobre la importancia institucional del respeto a la estabilidad de los precedentes de la Corte (stare decisis). 

Por otro, rescata al más importante leading case sobre ne bis in idem y recurso contra la absolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: el precedente "Alvarado/Sandoval".


El Maestro Julio Maier

Se trata en realidad de dos fallos, que dan sustento a un importante precedente jurisprudencial, que jamás fue expresamente revocado -y no podría serlo, sin graves consecuencias hacia el ámbito de vigencia los estándares constitucionales y convencionales-.

En el fallo "Alvarado" (1998), los jueces Petracchi y Bossert emitieron un impecable voto que quedó en disidencia, señalando que el recurso de la acusación contra la absolución vulnera la garantía del non bis in idem. Años más tarde, esa disidencia se convirtió en mayoría -por remisión a aquella ilustre disidencia- en el fallo "Sandoval" (2010). De allí el nombre compuesto de este precedente.

A la vez, se señala el modo en que las legislaciones argentinas sobre juicios por jurados de tipo clásico son las únicas que se ajustan a la perfección al diseño constitucional, desde que contemplan la firmeza de los veredictos absolutorios del jurado.

Esas líneas pretenden ser un aporte en pos de la consolidación de la institucionalidad republicana y la vigencia de las mandas constitucionales en Argentina, en áreas en las que nuestro país viene dando pasos erráticos.

Acceda al artículo en el siguiente enlace:

- LA LEY, Suplemento Penal y Procesal Penal, Nº 5, Agosto 2020: La garantía del ne bis in idem y la prohibición del recurso del acusador público o privado contra la sentencia absolutoria [Leer o descargar]

Por Andrés HARFUCH, Matías DEANE, Alejandro CASCIO y Cristian PENNA

domingo, 9 de agosto de 2020

¡HAY JUECES EN BERLÍN!: "Quiero el juicio por jurados", le dijo el acusado al juez en Río Negro


¡HAY JUECES EN BERLÍN!

El juez Héctor Leguizamón Pondal,
héroe cívico en la defensa de la Constitución

“El hombre dijo que no quería renunciar, que quería ser juzgado por sus pares -refirió el juez-, de modo que yo estoy obligado a hacer cumplir las garantías expresadas en la Constitución, que es expresión de la soberanía del Pueblo y está por arriba de la ley”. 

Continúan las repercusiones por la extraordinaria decisión del juez Héctor Leguizamón Pondal, que ayer declaró inconstitucional la cuestionadísima ley provincial 5442, que suspendió los juicios por jurados hasta diciembre de 2020 bajo la insólita excusa del coronavirus.

El juez -que recibió decenas de llamados de apoyo y solidaridad de destacadxs juristas del país- consideró que reemplazar el jurado por jueces técnicos, aunque sea en forma excepcional, es violar una garantía básica de la persona llevada a juicio.  Además, aclaró -por si hiciera falta- lo que es obvio para el resto de la Argentina:"la realización del juicio por jurados debería seguir adelante, “ya que hay antecedentes de casos similares en otros lugares del país”.

El diario Río Negro publicó hoy cómo fue la audiencia donde el juez Leguizamón Pondal tomó esta histórica decisión, que sacudió los cimientos del poder en Río Negro y que demuestra que, mientras haya jueces independientes, hay esperanza para la Argentina. 

De allí el título de esta nota "¡HAY JUECES EN BERLÍN!", que se usa universalmente para hacer referencia a la prevalencia del Poder Judicial por encima del Poder Ejecutivo, de los demás poderes y a la defensa del débil frente al poderoso.

Así lo dijo el diario Río Negro: "Esta resolución ratifica el enjuiciamiento por un jurado popular para este caso y, además, constituye un fuerte impacto en la postura sostenida por el oficialismo que presentó el proyecto de suspensión, como también, para el Superior Tribunal de Justicia que lo requirió". (ver)




LA AUDIENCIA Y LA DECISIÓN

Luis Alejandro Calfinao, perteneciente al Pueblo Mapuche, está acusado de abuso sexual. Su abogado Manuel Segundo Mansilla y los fiscales Martín Govetto y Martín Lozada fueron a una de las últimas audiencias antes del juicio por jurados, que será presidido en Bariloche por el juez Leguizamón Pondal.  

Como la fiscalía había pedido más de 12 años de prisión en las audiencias previas, el caso debe ir obligatoriamente a jurados, según el CPP de Río Negro.Si el pedido de pena hubiera sido menor, actuarían jueces profesionales.

Leguizamón Pondal le explicó al diario Río Negro que, ante esta encrucijada, la fiscalía le pidió la aplicación de la ley 5.442, dictada a fines de junio, que suspendió `por seis meses los juicios por jurados, justificada en la concentración de personas que implicaría y la imposibilidad de garantizar el aislamiento. Pero el abogado defensor, Manuel Mansilla, se opuso tenazmente y esgrimió el derecho de su defendido a comparecer ante un jurado popular.


Los jurados de Bariloche

Los fiscales llegaron entonces a proponer una reducción de la pena por la que estaban dispuestos a acusar, para que encuadrase en un juicio con jueces profesionales, pero Leguizamón lo consideró inviable porque esa definición corresponde a una etapa del juicio “que ya está cerrada desde noviembre pasado”. Aceptar esa salida, les dijo el juez a las partes, hubiera significado “retrotraer” el proceso y desconocer garantías que “operan para que haya seguridad jurídica”.

Finalmente, el juez le preguntó al propio acusado si estaba dispuesto a renunciar al juicio por jurados y ante la negativa, decidió dictar la inconstitucionalidad de la ley de suspensión. 

“Nunca puede contrariarse lo que dice la Constitución y el juicio por jurados está allí claramente establecido como una garantía para la persona acusada”, le explicó el magistrado al diario RÍO NEGRO.

La ley de suspensión de los juicios por jurado fue dictada el 30 de junio por impulso del Ejecutivo provincial y contaba con el aval de la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, y del procurador general Jorge Crespo, quienes señalaron la “imposibilidad práctica” de llevar adelante los juicios bajo ese formato en el actual contexto de pandemia.




REPERCUSIONES POLÍTICAS

Diputado Juan Martín (Cambiemos)

Conocida la novedad, el legislador de Juntos por el Cambio Juan Martín, único en votar en contra del proyecto, consideró la acción como “una excelente noticia”.

«Es un fallo contra la Justicia en cuarentena”, posteó Juan Martín en su cuenta de Twitter. El legislador mantuvo un fuerte entredicho con el STJ por el proyecto y por la falta de actividad del Poder Judicial después de decretado el aislamiento social.

El parlamentario recordó que “en su momento advertimos que no sólo era inconstitucional, sino que demostraba la poca voluntad de trabajo de quienes manejan el Poder Judicial.” (El legislador Juan Martín calificó de "Pachorra" al Superior Tribunal de Justicia).

Durante el tratamiento parlamentario de la suspensión de los juicios, Juan Martín exhortó al Superior Tribunal a “ser creativos con los abundantes recursos que manejan” y planteó que “otras provincias pudieron seguir con los juicios por jurados tomando sus recaudos”.

Como ya hemos informado ayer, la AAJJ y otras organizaciones y los más destacados juristas del país están preparando los amicus curiae para el eventual caso que la fiscalía decida impugnar.

Leer noticias aquí:

- Diario Río Negro (9/08/20): "Juicios por jurados: qué dijo el juez que declaró inconstitucional la suspensión" (ver)

- Noticias de Bariloche (9/08/20): "Juez de Bariloche consideró inconstitucional la suspensión de juicios por jurados" (ver)

. Diario Río Negro (8/08/20) "Juicios por jurados: un fallo declaró inconstitucional su suspensión" (ver)

viernes, 7 de agosto de 2020

IMPACTO EN RÍO NEGRO: Juez de Río Negro declaró inconstitucional la ley 5442 que suspendió los juicios por jurados por el coronavirus



El juez Héctor Leguizamón Pondal declaró inconstitucional la ley 5442 que suspendió por seis meses la realización de juicios por jurados con la excusa del coronavirus. Es una noticia de altísimo voltaje político y que ratifica la vigencia en todas su líneas de la Constitución Nacional. 

La ley 5442, sancionada hace un mes, ordena en su artículo 4° que los juicios por jurados se harán obligatoriamente con jueces técnicos hasta diciembre de 2020 debido a la pandemia.

En una audiencia pública que se celebró en el día de hoy en Bariloche (y que se extendió por varias horas), el juez Leguizamón Pondal -que además es el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro- ordenó que el caso que se le sigue a un acusado por abuso sexual se realice normalmente con jurados populares de acuerdo a la ley 5020.

Posiblemente haya recurso del fiscal y deberá decidir el Tribunal de Impugnación, con sede en Viedma. Llegado el caso, aprovechamos estas líneas para anunciar que se presentarán como amicus curiae el INECIP, la AAJJ y los destacados juristas que firmaron el amicus en ocasión del fallo Canales de la CSJN.  (LA AAJJ, EL INECIP Y DESTACADOS JURISTAS PROPONEN AMICUS CURIAE SOBRE JUICIO POR JURADOS A LA CORTE SUPREMA)


Los firmantes del amicus curiae en Canales

LA AUDIENCIA

En diálogo con el abogado Manuel Segundo Mansilla, que representa al acusado, relató que los presuntos hechos de abuso sexual tuvieron lugar en julio de 2019 en Bariloche. El imputado fue detenido. En noviembre finalizó la IPP y se realizó la audiencia de etapa intermedia con preparación de las pruebas. Se fijó la fecha del juicio por jurados para abril de 2019. Como vino el coronavirus, los plazos se suspendieron. Al año de preventiva, el juez, a pedido del defensor, dispuso el arresto con pulsera electrónica.

En fecha de hoy, la fiscalía solicitó una audiencia para unificar la acusación, cuando resulta que no hay querellante. De tal modo, el fiscal cambió el objeto de la audiencia y efectuó dos planteos:

1) que deseaba corregir su pedido original de pena de más de 12 años de prisión, para que el juicio no fuera por jurados. El Dr Mansilla le repondió que eso era imposible, ya que la fiscalía había expresado claramente su pretensión punitiva en la audiencia de control de la acusación, allá por 2019. Basó su planteo en el principio de preclusión y de orden público de las etapas procesales que regulan el debido Proceso Penal Constitucional y Convencional. El juez no hizo lugar al pedido del fiscal.

2) Fracasado este intento por sacar el caso del jurado popular, el fiscal solicitó se aplicara la cuestionada ley 5442 y que el juicio se hiciera con jueces técnicos por la situación de pandemia. El defensor Mansilla se opuso de manera tajante y planteó que la ley 5442 vulnera garantías y derechos plasmados expresamente en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Citó expresamente el célebre leading case de 1803 de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos "Marbury vs Madison" s/ control de constitucionalidad.

 El abogado Manuel Segundo Mansilla

LA DECISIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL JUEZ 

Tras escuchar a las partes durante horas, el juez Héctor Leguizamón Pondal, en una valiente e histórica decisión, y haciendo uso de sus facultades expresas en el artículo 196 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, declaró inconstitucional al caso concreto el artículo 4° de la ley 5442.

Sus argumentos fueron los siguientes: 
a) que las etapas precluidas no se pueden revertir (CPP, 168 ley 5020).
b) El artículo 4° de la ley 5442 afecta derechos y garantías establecidos en Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos; muy especialmente la garantía de juicio por jurados y de juez natural. El juez sostuvo que una vez que el jurado fue puesto en marcha, la Legislatura no puede dar marcha atrás, ya que se trata de una garantía constitucional básica.
c) El imputado expresamente le manifestó en la audiencia que quería ser juzgado por sus pares y no por jueces profesionales.

La resolución se tomó un día después de que en Mendoza se realizara el primer juicio por jurados de 12 personas del país tras la llegada del COVID-19, en formato totalmente presencial y bajo estrictos protocolos sanitarios, demostrando la viabilidad del modelo constitucional de juzgamiento aún en medio de la pandemia (El jurado condenó al policía que mató a la esposa).


EL OCASO DE LA LEY 5244

La polémica ley que suspendió los juicios por jurados en Río Negro había levantado mucha polvareda en su paso por la Legislatura, y no era para menos. Es que mientras todos los países y provincias con jurados comenzaban a diseñar protocolos sanitarios que permitieran cumplir con la manda constitucional, Río Negro se apresuraba a tomar una salida tan facilista como inconstitucional. Los resultados de una y otra vía están a la vista.


Los jurados en Mendoza, ayer 

Los jurados en Córdoba, el mes pasado

En la misma semana en la que Mendoza logró desarrollar un juicio por jurados PRESENCIAL bajo la nueva normalidad, en Río Negro se declaró inconstitucional la ley que suspendió los jurados populares.

¿El motivo? El juicio por jurados no es una elección legislativa, sino una manda constitucional plenamente operativa a partir del momento en el que se pone en vigencia. Como cualquier otra garantía, no puede ser retrotraída ni suspendida, ya que no está dentro de las facultades del Poder Legislativo pasar por encima de la Constitución. De este modo, se protege el derecho de la ciudadanía a participar de la administración de justicia y el de las partes a que su caso sea juzgado por sus pares.

Leer noticias aquí:

- Diario Río Negro (7/08/20): "Juicios por jurados: un juez declaró inconstitucional su suspensión" (ver)

Amplia repercusión periodística tras el cuarto juicio por jurados de San Rafael, Mendoza

El sorprendente juicio por jurado en el sur mendocino


Así tituló su nota en el Sitio Andino el reconocido periodista Cristian Pérez Barceló, nominado al Premio Martín Fierro 2019 por su labor en temas judiciales en su programa "Curiosos del Poder".

El periodista sanrafaelino siguió el debate contra el policía Acuña y quedó tan impactado con la labor del jurado, que decidió escribir un artículo que retrata de un modo único lo que significan sus veredictos (El jurado condenó al policía que mató a su esposa).

La nota no tiene desperdicio y la reproducimos en su totalidad:

"Un juicio popular vio lo que no se detuvieron a mirar con detenimiento los representantes de las partes, ni los periodistas que asistieron al debate: un policía mató a su mujer en circunstancias extraordinarias de atenuación con un disparo de su arma reglamentaria, por lo que no merecía la cadena perpetua y terminará purgando una pena de 15 años. 

Víctor Hugo Acuña discutió el 15 de abril minutos antes del mediodía con su esposa, y en esa discusión manipuló un arma de fuego, con la que amagó un intento de suicidio, según contó, pero con la que finalmente disparó dos tiros, uno de los cuales lo hirió en su mano izquierda y el otro mató a Lorena. 

Nuevamente el juego, la salida con los amigos, las llegadas en la madrugada motivaron un desencuentro como tantos otros, aunque todos los testigos señalaron que solían resolverlos conversando hasta "en voz baja". 

El policía Acuña

La presencia de hermanos por parte del padre de la víctima convencidos de que esto no había sido un accidente, nunca pudo, sin embargo abonar la teoría de una vida de violencia intrafamiliar, ni mucho menos de violencia de género, algo que siempre descartó el Ministerio Público Fiscal.

Sólo restaba saber si Hugo había querido matar a Lorena, si esos problemas eran motivo suficiente para semejante decisión. Pero el papá de la víctima, la hermana Romina, el esposo de esta, entre otros familiares, no creían que Acuña quisiera matarla y estaban convencidos de que esa mañana sólo hubo un accidente fatal. 

"Si la misma hermana de Lorena nos dijo que dejaba a su hija de 10 años al cuidado de Hugo", recordó en sus alegatos el defensor oficial, Jorge Luque, quien dio las bases quizá a lo que se puede interpretar como las circunsancias extraordinarias vividas al momento del crimen. 

El relato de una vida amorosa desde que se pusieron de novios, tuvo como único hecho distinto, este episodio criminal. Quizá todo eso, más el hecho de que las manchas hemáticas en el suelo marcaban dos regueros paralelos, por la sangre de la víctima y del propio victimario, por la herida en su mano producto del primero disparo, lo muestran intentando auxiliarla inmediatamente, porque así señalan esas huellas hasta la puerta, donde Lorena se desvanece. 

Hugo desesperadamente intenta ayudarla, busca su auto en el garage, con la colaboración de una vecina la sube para llevarla al hospital, luego del infructuoso llamado al 911 reclamando una ambulancia urgente, en evidente estado de shock, al punto de que ni su propia dirección podía precisar. Los fiscales dijeron que Acuña provocó el disparo letal. 

La defensa dijo que hubo un forcejeo. Los acusadores se apoyaron en un perito que con barrido electrónico en las prendas, dijo que el disparo se dio a un metro y medio de distancia. El representante de Hugo se apoyó en el jefe de criminalística que estuvo en el lugar, hizo medidas y concluyó que allí hubo un forcejeo y en con ese marco, se dieron los disparos de forma más cercana.

Una dialéctica pericial que, parece ser, no quitó al jurado la idea central de que si bien Acuña fue el autor del crimen, este se dio por circunstancias especiales, no queridas. Una muerte no deseada, aunque provocada. Los agravantes eran evidentes. 

Los dos estaban casados, había vínculo. Y nunca se cuestionó el arma. Pero se ve que primó la idea de que elementos especiales rodearon este hecho y por ello, no se le puede endilgar la responsabilidad plena como para caer en una condena a cadena perpetua. Al llegar al veredicto en forma unánime los 12 jurados, sólo quedaba ver qué pena le iba a dar la jueza Laigle. Tenía una escala de 8 a 25 años. Optó por quince. 

La familia Segura, seguirá dividida, quizá por un tiempo, pero se notó alivio incluso entre quienes estaban convencidos de que esto no fue un accidente. Los juicios por jurado vuelven a impactar. El cuarto realizado en el sur provincial concluyó en forma sorprendente, pero no por ello de manera injusta. Quizá la sabiduría popular sirva para conciliar a la sociedad con la idea de Justicia."


Punto final para una nota que es un hallazgo periodístico, en línea con lo que sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su ya célebre fallo "Canales": el juicio por jurados es generador de ciudadanía.

Leer noticias aquÍ:

- Sitio Andino (7/08/20): "El sorprendente juicio por jurado en el sur mendocino" (ver)

SAN RAFAEL, MENDOZA: El jurado condenó al policía que mató a su esposa


Distancia social en la sala de jurados 

En el primer juicio por jurados clásico de 12 ciudadanos realizado en la Argentina desde el comienzo de la pandemia, un policía fue condenado por haber asesinado a la madre de su hijo. Lorena Segura (30) tambiér era policía. Además, fue el primer juicio por jurados contra un policía en la historia de Mendoza.

Por unanimidad, el jurado popular declaró culpable a Hugo Acuña, de 33 años, por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, bajo circunstancias extraordinarias de atenuación. 

La jueza María Eugenia Laigle realizó allí mismo la audiencia de pena y, tras escuchar a las partes, le impuso 15 años de prisión y lo mandó a la cárcel. Acuña estaba con prisión domiciliaria, la que fue revocada tras el veredicto unánime de los jurados. Hubo momentos de emoción cuando, tras el veredicto, a la jueza se le quebró la voz al despedir al jurado.




VER VIDEO DEL VEREDICTO




De este modo, con una enorme responsabilidad y profesionalismo, el Poder Judicial y la sociedad de San Rafael y Mendoza le demostraron a toda la República que la Constitución puede cumplirse aún en medio de la pandemia, aprovechando los recursos de la comunidad. En este caso, el hermoso e inmenso Centro Cultural de San Rafael.


La sala de deliberaciones, en el Centro de Convenciones

Se sentía en el ambiente que no era un juicio más. Tras largos meses de espera, trabajo y planificación, la justicia volvía a funcionar en su formato más genuino, que es a través de la impostergable participación ciudadana y de manera presencial.

Mendoza dio la talla y vio la oportunidad de volver a demostrar sus capacidades y su espíritu juradista frente a cualquier adversidad. Y lo logró con la máxima precaución, responsabilidad y cuidado por la salud de sus jurados y de todas las personas involucradas. Protocolos, barbijos, máscaras, alcohol en gel y distanciamiento mediante, el juicio por jurados volvió plenamente al ruedo con el apoyo inestimable del Gobierno provincial (UCR) y el de la ciudad de San Rafael (PJ). Un ejemplo para el país, a pesar de los distintos signos políticos.



El imponente Centro de Exposiciones y Convenciones


Para evitar cualquier riesgo de contagio, el juicio se llevó a cabo en el espacioso Centro de Convenciones de San Rafael, cuya amplitud se aprovechó al máximo para respetar el distanciamiento social en todo momento. La Oficina de Gestión de Audiencias adecuó incluso la mesa de deliberaciones para asegurar que la discusión final se llevara a cabo de forma segura. El equipo de prensa del Poder Judicial, por su parte, se encargó de transmitir en vivo y en directo por YouTube todo el juicio, garantizando en forma plena su publicidad.

Acuña declara ante el jurado

LOS HECHOS

Si el contexto era complejo, el caso no se quedaba atrás. El 15 de abril del 2018, en General Alvear, Hugo Acuña y Lorena Segura se encontraban en la casa donde vivían junto a su hijo que por entonces tenía 1 año. Luego de discusiones y peleas, Lorena terminó siendo asesinada a raíz de un disparo proveniente del arma reglamentaria de Acuña. En las redes sociales, Acuña manifestaba un fuerte desprecio hacia el feminismo y el movimiento Ni Una Menos (ver)


La jueza Laigle instruye al jurado

La acusación, a cargo del experimentado fiscal jefe sanrafaelino Pablo Peñasco, solicitaba una condena por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el arma de fuego. La defensa oficial, en cabeza de Jorge Luque y Pablo Gómez, alegaba que la muerte fue causada por un disparo accidental en medio de un forcejeo, por lo que solicitó que se aplicara una condena por homicidio imprudente, que prevé una pena de 1 a 5 años. 

Así las cosas, el jurado tenía que determinar desde la prueba una sola cuestión: ¿la mató con dolo (intención) o fue un accidente (homicidio culposo)?



El defensor Luque, tratando de mostrar
que el tiro fue a escasos centímetros

LA PRUEBA

En un caso atravesado por pericias contrapuestas, la disputa central fue por la distancia del disparo. ¿Fue de lejos o a centímetros de distancia?

La teoría del caso de la defensa era la siguiente: la pareja atravesaba una trágica historia de discusiones e infidelidades y de adicción al juego de Acuña. Llegó tardísimo a su casa tras escolasearse todo en el casino, Segura lo increpó con fuerza y se desató la discusión fatal. Acuña tomó su arma reglamentaria para matarse, su esposa segura se abalanzó para evitarlo, forcejearon y salió un disparo que le dio en el pecho y la mató. Un accidente por imprudencia. De ser así, la pericia balística debía demostrar que el tiro fue a menos de 30 cm. 

El jurado no compró esta versión. Para el jurado, hubo dolo de matar y no hubo lugar para la teoría del accidente.


El fiscal Pablo Peñasco

La fiscalía presentó el potente testimonio del médico forense para sostener que el tiro fue hecho directa e intencionalmente al cuerpo de Segura y a más de un metro y medio. Él revisó a Acuña después del hecho y dijo que presentaba “dos heridas en la mano izquierda. Una lesión generada por calor directo y una herida que se suele llamar ‘tatuaje’, típica de una lesión por arma de fuego”. Es decir, el que manipuló y disparó el arma fue él.

El mismo especialista aseguró que el cuerpo de la esposa Segura presentaba una herida de arma de fuego cuya entrada “no estaba quemada, ni tenía humo ni ‘tatuaje’, por lo que hubo más de 60 cm de distancia o algo que se interpuso entre la bala y la piel”. Respecto a las manos de la víctima –dato clave dado que la muerte de Segura se produjo en el contexto de una discusión– el experto señaló: “No presentaban lesiones".

Acuña fue inmediatamente detenido tras el veredicto de sus pares


EL VEREDICTO

La jueza María Eugenia Laigle, que condujo con gran solvencia su primer juicio por jurados en un contexto tan adverso, instruyó al jurado sobre varias opciones de veredicto posibles, desde el homicidio agravado, las circunstancias extraordinarias de atenuación, el homicidio simple, el homicidio culposo y la absolución.

Los jurados se retiraron a deliberar y, tras dos horas y media de discusiones, anunciaron que habían arribado a un veredicto unánime.

La sala entró en estado de máxima tensión. El público presente seguía las alternativas en otro salón por monitor de TV por razones sanitarias. La jueza hizo poner de pie al acusado y le ordenó al presidente del jurado que leyera el veredicto:

"NOSOTROS, EL JURADO, ENCONTRAMOS AL ACUSADO CULPABLE DEL DELITO MENOR INCLUIDO DE HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VÍNCULO CON ARMA DE FUEGO Y POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE ATENUACIÓN"



En síntesis, el jurado popular se inclinó por la solución intermedia que incluyó la jueza en sus instrucciones (por mandato del Código penal), y terminó declarando a Acuña culpable de homicidio doblemente agravado, pero bajo circunstancias extraordinarias de atenuación.

¿Cuáles?

Los periodistas presentes coincidieron en señalar que al jurado, por unanimidad, le pareció excesiva la pena de prisión perpetua por las características del hecho y, además, se probó que el uniformado actuó bajo una especie de “grave perturbación emocional”. Es decir, ocurrieron situaciones extraordinarias que lo llevaron a dispararle y matar a Lorena Segura. Durante el juicio se ventiló sobre una crisis en la pareja debido a posibles infidelidades y los problemas con las apuestas que tenía el acusado. Incluso esa noche el efectivo quiso suicidarse y allí entró en escena su pistola 9 milímetros. Pero la intención de matar jamás estuvo en duda para el jurado y por eso la jueza le aplicó 15 años de prisión.


El kit sanitario de los jurados,
provisto por la Oficina Judicial


Leer noticias aquí:

- Diario San Rafael (6/08/20): "Pericias balísticas, la clave del juicio por jurados contra el expolicía alvearense" (ver)

- Los Andes (6/08/20): "Jurado salvó de la perpetua al policía que mató a su pareja en Alvear y una jueza lo condenó a 15 años" (ver)

- Mendoza On Line (6/08/20): "El ex policía Hugo Acuña condenado a 15 años por matar a su pareja" (ver)

- Diarios San Rafael (5/08/20): "Juicio por jurados: amigas de la víctima hablaron de una mala relación matrimonial" (ver)

jueves, 6 de agosto de 2020

Diplomatura en Juicio por Jurados - U.S.I.

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) hace extensiva la invitación a participar de la "Diplomatura en Juicio por Jurados Bonaerense", a desarrollarse durante el próximo cuatrimestre de 2019 en la sede de la Universidad de San Isidro (USI).




Mayor información e inscripciones, en el portal Web de la USI.

jueves, 30 de julio de 2020

SAN RAFAEL: Se realizó con todo éxito el voir dire del caso del policía Acuña por el homicidio de su esposa

Ejemplar voir dire con distancia social y 58 potenciales jurados


Hoy se vivió una jornada cívica muy singular y emotiva en San Rafael. En el Centro de Congresos y Exposiciones "Alfredo Bufano", y bajo la impecable dirección de la jueza María Eugenia Laigle, se seleccionó al primer jurado popular clásico del país en épocas de coronavirus.

Ya están así los doce jurados para la causa en que se juzgará el homicidio de María Lorena Segura, presuntamente a manos de su esposo, el policía Acuña, de un tiro en el pecho con su arma reglamentaria. El hecho a juzgar ocurrió el 15 de abril de 2018 en el domicilio que ambos compartían con su hijo menor de edad en el vecino departamento de General Alvear. (ver).

El juicio será del 3 al 6 de agosto y será transmitido en directo por YouTube (SIJUM TV).




Todo salió de la mejor manera que se podía imaginar. Los 58 candidatos a jurados -muy entusiasmados- estuvieron presentes en el inmenso salón de convenciones con todos los cuidados sanitarios. Un mérito organizativo además de la Oficina Judicial de San Rafael. 

Las fotos hablan por sí solas de la eficiencia y seriedad con que este verdadero desafío se llevó a cabo. Ambas partes estuvieron a la altura del acontecimiento. La fiscalía, por ejemplo, decidió no recusar a nadie con causa tras el interrogatorio.


Esperando a los jurados. Todo listo.



La jueza Laigle se dirige a los candidatos a jurados


Personal de la Oficina Judicial,
garantes del éxito





Aquí será el juicio

martes, 21 de julio de 2020

RÍO NEGRO: Solicitan la inconstitucionalidad de la ley que suspendió los juicios por jurados por el coronavirus

Diario Río Negro


Los abogados de General Roca Oscar Pineda, Pablo Iribarren y Federico Diorio solicitaron al TSJ que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 5.442, que suspendió los juicios por jurados hasta el 31 de diciembre del 2020.

Es el primer paso para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ponga las cosas en su lugar, ya que ninguna provincia posee atribuciones para derogar o suspender una garantía constitucional.

La discusión de esta insólita ley provocó una gran controversia pública en su momento y cosechó el inmediato rechazo de varios actores del procesalismo argentino (INECIP Alfredo Pérez Galimberti). La razón es simple: a los acusados de los tres juicios que esperaban ser juzgados por jurados les cambiaron el juez y los obligan a ser juzgados por jueces profesionales. 

Un despropósito que no pasa el mínimo test de constitucionalidad, pero que se tomó con la excusa del coronavirus. Una excusa pueril, ya que Córdoba, Mendoza y Buenos Aires ya retomaron los juicios por jurados con distanciamiento social y cuidados sanitarios.


Los abogados Pablo Iribarren y Oscar Pineda

Los abogados roquenses aducen que la suspensión viola distintos artículos de la Carta Magna nacional y el artículo 197 de la Constitución de Río Negro.

Indican que la sanción de la ley es un "hecho más grave y peligroso para el derecho público argentino" porque la Legislatura se arrogó "facultades propias de una convención constituyente y suspende por una ley local la vigencia de dos garantías constitucionales de los ciudadanos argentinos nacidos en Río Negro: El juicio por jurados y el juez natural".

Resaltan que "la Legislatura carece por completo de semejantes atribuciones".

Los abogados señalan que "al igual que en muchos otros casos en trámite, nuestros asistidos ya han comenzado a transitar el proceso de juicio por jurados y la nueva norma pretende, bajo una argumentación endeble, sacarlos de sus jueces naturales y que sean juzgados por jueces profesionales".

Todo ello "de modo imperativo y sin siquiera requerir la aquiescencia de aquellos sobre quienes caerán los efectos de la nueva reglamentación"

En este sentido recuerdan que sus asistidos ya tuvieron las audiencias de formulación de cargos y de control de acusación en los Tribunales de Roca.


lunes, 20 de julio de 2020

CHILE: Académicos de varios países piden incluir el juicio por jurados en la nueva Constitución

Juicio por jurados en Chile: ¿Por qué no?

Chile en las calles 2019

Ni siquiera la pandemia logró frenar el fervor de cambio político y social que el Pueblo chileno comenzó a reclamar en las calles durante los históricos sucesos de 2019.

Las exigencias fueron amplias y diversas, pero tenían un factor común: más y mejor democracia. El estallido -que tomó al mundo por sorpresa- derivó en la realización de un plebiscito nacional que determinará el avance de una Reforma Constitucional para derogar, de una buena vez por todas, la infausta constitución de la dictadura de Pinochet de 1980.

En ese marco, el retorno del juicio por jurados a la Constitución de Chile emerge como uno de los temas centrales para discutir en la futura Convención Constituyente. Se trata de rescatar una de las instituciones predilectas de los Padres Fundadores de las Repúblicas Iberoamericanas del siglo XIX. Ser juradista en aquellas épocas era sinónimo de estar en contra de la odiada Inquisición europea.

Hoy, a casi 180 años de aquella Carta Magna (1828-1833), el juicio por jurados aparece como la herramienta clave para darle un nuevo aire ciudadano a un Poder Judicial deslegitimado a los ojos de su Pueblo.

El pueblo chileno exigiendo una nueva constitución

Así rezaba el Preámbulo de la gloriosa Constitución de Chile de 1828:

"Veremos entonces desaparecer esa monstruosa disparidad que se observa entre las necesidades de una República y las leyes anticuadas de una Monarquía: pero esto no basta. Es indispensable que nuestras costumbres se pongan al nivel de los altos destinos que nos aguardan. Nuestra reorganización alcanzará su verdadero complemento, cuando la justicia sea entre nosotros tan popular como lo es la legislación; cuando la institución de jurados restituya al pueblo una de sus más importantes facultades, y queden colocadas a la misma altura todas las delegaciones que hemos hecho de las que la Providencia nos ha concedido. Apresuremos este momento venturoso, fomentando el progreso de las cualidades requeridas para tan saludable innovación."


El Pueblo pide una nueva Constitución

La columna de opinión de los profesores Diego Palomo y Alberto Binder, a la que suscriben 32 notables juristas de Chile, Argentina, Italia, España, Brasil y Colombia, canaliza esos reclamos y refleja el apoyo regional e internacional a una causa que trasciende fronteras y comienza a convertirse en una bandera latinoamericana. Así, se retoma el sueño juradista de los Libertadores de América, que luego se reflejó en las Constituciones de todos los países de la región.

Prof. Diego Palomo
Universidad de Talca

El peso de la tradición inquisitorial heredado de la monarquía española postergó el objetivo de darle el poder de juzgar al pueblo, pero no logró erradicarlo de la conciencia jurídica regional. El exitoso caso del jurado argentino tuvo un fuerte eco en los países hermanos. Chile se ha convertido en un ejemplo regional por la implementación de su sistema oral adversarial hace más de 20 años. Si en nuestro país el jurado funcionó en provincias con escasa experiencia en sistemas orales y acusatorios, la pregunta parece obvia: "Juicio por jurados en Chile ¿Por qué no?"


Prof. Alberto Binder
Universidad de Buenos Aires

COLUMNA COMPLETA AQUÍ

Juicio por jurados en Chile: ¿Por qué no?

Diego Palomo, ex Decano, Académico Director Área de Derecho Procesal, Universidad de Talca

Alberto Binder, Académico Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales

"Pensar el juicio por jurados en Chile hubiese parecido una especie de locura algunos años atrás, y para ser objetivos para no pocos lo sigue siendo, para unos desde los prejuicios, para otros planteando reparos que, aunque no los compartamos, son legítimos. Ahora bien, la realidad nos muestra que cruzando la Cordillera tienen juicio por jurados y funciona: ¿Acaso creemos que el comportamiento ciudadano de los chilenos es inferior al de los argentinos? Sólo por dar algunos datos, en la Provincia de Buenos Aires, a agosto del 2018, el porcentaje de condenas alcanzaba un 60,37% de condenas, un 26,41% de absoluciones y un 13,20% de sentencias mixtas, es decir, aquellos casos en donde habiendo más de un imputado, se absuelve a uno y se condena a otro, o con relación a un único procesado se lo absuelve por una imputación y se lo condena por otra (Schiavo).


Las legendarias manifestaciones de 2019

Como sea, los acontecimientos verificados en el país desde el 18 de octubre de 2019, que dieron inicio a lo que se ha conocido como “estallido social”, con permanentes y masivas protestas  por un cambio en el modelo político y económico que nos rige desde la Dictadura cívico militar iniciada con el golpe de Estado de septiembre de 1973, exigiendo un plebiscito en el que se defina si es necesaria una nueva Carta Fundamental que se levante en pilares diversos a la actual, pusieron especialmente en evidencia una serie de demandas ligadas a una mayor participación y una mayor democratización en distintos ámbitos, entre ellos en la Justicia. Sin ir más lejos, si observamos las cifras que arroja la encuesta de opinión pública CEP, podemos observar que el Poder Judicial bajó de un 12% de confianza en el mes de abril/mayo del año 2017 a un pobre 8% en el mes de diciembre del año pasado.

Esa demanda ciudadana de mayor participación y democratización en la Justicia también coincide con bochornosos y reprochables sucesos que vieron luz durante el mismo año 2019 dentro del Poder Judicial (por ejemplo, con ministros de una Corte de Apelaciones sancionados) y una importante crisis al interior del Ministerio Público, órgano consagrado para la dirección de las investigaciones de los delitos, entre otros hechos atentatorios a la confianza en las Instituciones (entre ellas, Carabineros de Chile, por su papel altamente cuestionado en el marco de las manifestaciones sociales verificadas tras el 18 de octubre del año pasado), todos seguidos y desde luego informados ampliamente a la ciudadanía por los medios de comunicación.

Por lo mismo, es que creemos que el planteamiento del debate sobre la posibilidad de un juicio por jurados en Chile es una idea que conjuntamente con tener que leerse en clave no exclusivamente jurídica, sino también cultural y política (pues la Justicia penal es un espacio político y desconocerlo sería de una profunda ceguera), resulta plenamente actual y pertinente en Chile de cara a evidenciar verdaderamente el impacto social de la función jurisdiccional en comento a la vez de humanizarla, reforzando de paso el concepto de garantía (límites al poder punitivo del Estado) (Binder) que ha ido cediendo terreno en su choque o tensión permanente con la búsqueda de la eficacia que, muchas veces, se ha transformado en un eficientismo puramente unidimensional (Palomo) dirigido casi exclusivamente a conseguir el puro cumplimiento de metas y estadísticas, además clasista, perdiéndose de vista las bases o fundamentos de un sistema adversarial.

Por fin, y aunque no sea de común conocimiento, lo cierto es que la institución del juicio por jurados en Chile no es totalmente novedosa, al menos si se da un vistazo a nuestra historia. En efecto, hasta la dictación del Decreto Ley 425 de 1925 y la Constitución Política de ese año, tenía vigencia el juicio por jurados para el conocimiento y juzgamiento de los abusos de la libertad de imprenta y de prensa, estando vigente por más de un siglo.

Con todo, dicha experiencia siendo relevante es limitada e insuficiente en los tiempos actuales, para sostener la conveniencia y hasta la necesidad de la consideración de una institución como la del juicio por jurados en Chile como reforzamiento de la legitimidad del poder punitivo y en el marco de una mayor democratización del Estado y donde la Justica penal, desde luego, no queda excluida, lo que impone, una vez tomada la definición central e inicial de asumirla y regularla, optar y definir, dentro de las diversas posibilidades de configuración cuál resulta ser la más adecuada a nuestra idiosincrasia".

Suscriben también: 
- Rodrigo Palomo, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
- Osvaldo Artaza, Director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca
- Raúl Carnevali, ex Decano, Sub Director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca
- Humberto Nogueira, ex Decano, Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca
- Miriam Henríquez, Decana Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado
- Renée Rivero, Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
- Mauricio Duce, Académico Universidad Diego Portales
- Cristian Riego, Académico Universidad Diego Portales
- Luca Lupária, catedrático de Derecho Procesal Penal en la Universidad Roma III
- David Vallespín, catedrático de Derecho Procesal en la Universitat de Barcelona
- Mónica Bustamante, Académica de Derecho Procesal Penal, Directora del Doctorado de Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín
- Dierle Nunes, Abogado, Académico de Universidad Federal de Minas Gerais y P. Universidad Católica de Minas Gerais
- Andrés Rieutord, Director de la Asociación Chilena de Juicio por Jurados
- Karina Flores, Abogada de la Directiva de la Asociación Chilena de Juicio por Jurados
- Sofia Libedinsky, miembro de la Asociación Chilena de Juicio por Jurados
- Mauricio Olave, Juez penal y Presidente del Instituto de Estudios Judiciales de Chile
- José Henríquez, Director de la Asociación Pensamiento Penal Chile
- Grace Méndez, Directora de la Asociación Pensamiento Penal Chile
- Oscar Silva, Presidente Red Procesal Chile
- Jordi Delgado, Académico de Derecho Procesal, Director de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
- Fernando Orellana, Académico Derecho Procesal y Secretario General de la Universidad Católica del Norte
- Andrés Harfuch, Vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y Académico de la Universidad de Buenos Aires
- Denise Bakrokar, miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados
- Natali Chizik, miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados
- Justina Granillo, miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados
- Mariana Bilinski, miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados
- Vanina Almeida, miembro de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados
- Nicolás Schiavo, Juez penal y Académico titular de posgrado en juicio por jurados en la Universidad de Palermo
- Adriana Nanni, Ex Jueza Cámara de Apelación y Garantías Trenque Lauquen, Provincia de Buenas Aires
- Ma. Inés Piñeiro, Jueza Tribunal Criminal 6. San Martín, Provincia de Buenos Aires
- Leticia Lorenzo, Jueza penal Colegio de jueces del interior de Neuquén y Académica de la Universidad Nacional de la Pampa
- Matías Deane, Juez del Tribunal oral de la Provincia de Buenos Aires, Académico de postgrado de la Universidad Austral de Argentina, capacitador de Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados

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- El Mostrador (20/07/20): "Juicio por jurados en Chile: ¿por qué no?" (ver)