domingo, 13 de octubre de 2019

ENTRE RÍOS: Acuerdo unánime para darle media sanción a la ley de juicio por jurados el miércoles 16 de octubre



Reunión de comisiones en la Legislatura

En otra muestra infrecuente de madurez política en la Argentina, los senadores justicialistas y de Cambiemos le dieron dictamen favorable al proyecto y votarán por unanimidad la media sanción de la ley de juicio por jurados de Entre Ríos el día miércoles 16 de octubre.

Es un hecho histórico que debe enorgullecer legítimamente a las instituciones del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo de Entre Ríos. Es un ejemplo para la política del país. Pocas veces se ha visto este fenómeno en la Argentina, siendo que la ciudadanía exige a los gritos de su clase política este tipo de gestos. Sobre todo, cuando se legisla algo tan importante como el juicio por jurados que ordena nuestra Constitución. El juicio por jurados es una Política de Estado, que trasciende a los partidos y a sus ocasionales desavenencias.

Los diputados y senadores de los dos bloques políticos mayoritarios de Entre Ríos estuvieron a la altura. Se reunieron la semana pasada para pulir el proyecto y alcanzar un consenso sobre el texto definitivo. La unanimidad fue total. No hubo mezquindades, ni chicanas, ni golpes bajos sino la conciencia plena de quienes saben que están dando un paso fundacional.

Gobernador Gustavo Bordet en la Legislatura

Es que el juicio por jurados no es cualquier ley.  Es una noble institución, muy valorada por nuestros Padres Fundadores y Constituyentes, y que representa el paradigma de la democracia republicana liberal en las naciones más avanzadas del mundo.

Así fue que se aprobó el dictamen de comisión por unanimidad, con la misma unanimidad que se le exige a un jurado popular para decidir la culpabilidad o no de una persona acusada de un delito.



Senadores Giano y Larrarte (PJ)

Los senadores Ángel Giano y Lucas Larrarte y los diputados Diego Lara y Juan Navarro (PJ) fueron los grandes impulsores en la Legislatura del proyecto sobre el que trabajó intensamente la Ministra de Justicia y Gobierno Rosario Romero y que el Gobernador Gustavo Bordet enviara al Parlamento el mes pasado.

En un gesto que los dignifica, los senadores Roque Ferrari, Rogelio Schild y Raimundo Kisser y el diputado Esteban Vitor (Cambiemos) anunciaron públicamente que su bloque votará sin dudarlo a favor del proyecto.


“No podemos perder esta oportunidad. Es un proyecto de avanzada, que tiene la particularidad que ha tomado la experiencia de otras provincias. Estoy convencido que hay que aprobarla. Estamos a punto de dar un salto de importancia para la Justicia entrerriana. Tenemos una oportunidad histórica y progresista de consolidar el valor justicia.”, declaró a la prensa el senador opositor Roque Ferrari.


Senadores Ferrari y Kisser (Cambiemos)

Desde la AAJJ no podemos sino felicitar a la clase política de Entre Ríos por este magnífico ejemplo que le están dando a la Argentina. Que el día 16 de octubre podamos reflejar en estas páginas la concreción de este largo anhelo.

Diputado Diego Lara (PJ)

Diputado Esteban Vitor (Cambiemos)

Diputado Juan Navarro

Leer noticias aquí:

- Diario Junio (11/10/19) "Roque Ferrari estima que en breve se aprobará el proyecto de juicio por jurado" (ver)

martes, 8 de octubre de 2019

VOIR DIRE en NEUQUÉN: Víctimas de violencia de género se excusaron de ser jurados populares de un femicida


"Ojalá todos los funcionarios fueran así de honestos y sinceros"

Con estas sentidas palabras describió una lectora del diario Río Negro lo que le provocó leer la noticia de que varias mujeres se excusaron de ser jurados populares en el voir dire del espantoso femicidio de Delia Aguado porque ellas mismas habían sido víctimas de violencia de género. Por ende, no podrían juzgar con imparcialidad al acusado Diego Tolaba.

Extraordinario por donde se lo mire y una muestra cabal de cómo funciona cada vez mejor el sistema de jurados en el país en un proceso donde se litiga en serio la búsqueda de jurados los más imparciales posible.




TREMENDOS TESTIMONIOS

“Mi mamá sufrió violencia de género. Yo a este señor no lo puedo juzgar con imparcialidad”.
“Fui víctima de violencia de género, mi papá me pegó hasta los 23 años. Tengo una postura muy firme en contra en este tema. No podría ser imparcial”.
“Mi esposa fue víctima de un asalto, la lastimaron mucho, la policía me tuvo que sujetar para que no le pegue al autor cuando lo agarraron. No podría ser imparcial con este hombre si fue violento con una mujer”.

La audiencia de voir dire, que es previa al juicio por jurados en sí, es aquella en donde se seleccionan públicamente a los doce (12) jurados y sus suplentes Uno a uno, mujeres y hombres sorteados para participar como potenciales jurados populares fueron dando sus honestas respuestas a la fiscalía y la defensa  para buscar un jurado imparcial en el inminente juicio contra Diego Tolaba (33), acusado del femicidio de su esposa Delia Aguado (32).




Leer noticias aquí:

- Río Negro (8/10/19): "Víctimas de violencia de género se excusaron de ser jurados populares de un femicida" (ver)

- Río Negro (12/101/19): "Búsqueda en redes, preguntas y recusaciones: cómo se elige un jurado popular" (ver)

CHACO: Inédita capacitación para periodistas sobre juicio por jurados

Por primera vez en nuestro país, ayer se realizó en Chaco una capacitación para periodistas sobre el funcionamiento del sistema de juicio por jurados. Medio centenar de periodistas y comunicadores sociales asistieron a la actividad organizada por el área de prensa y el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Chaco. Participaron como capacitadores Emilia Valle, presidenta del STJ; el camarista Víctor Del Río, María Fernanda Diez (Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados) y los integrantes del Área de Prensa del STJ.



El encuentro apuntó a transmitir las principales características del instituto que está pronto a implementarse en el Chaco y a acordar pautas para la cobertura de las distintas instancias. Los asistentes se mostraron sumamente interesados por el nuevo sistema. Es la primera vez que en nuestro país se realiza este tipo de capacitaciones, que sí encuentra antecedentes en países de tradición juradista.



"Hay que convencerse de que el juicio por jurado es la voz del pueblo, la representación del pueblo, su intervención en el único poder en que no la tenían", reflexionó Valle, y agregó: "El control social está dado a través del juicio por jurado, que es además el cumllimiento de una manda constitucional". Por su parte, Del Río afirmó: "Tiene que haber una forma distinta de comunicarnos entre justicia y ciudadanos".



lunes, 7 de octubre de 2019

Respuesta del presidente de la AAJJ a las manifestaciones del Procurador General de San Juan sobre el juicio por jurados



El mes pasado, en ocasión del XXX Congreso Nacional de Derecho Procesal, la Corte Suprema de Justicia de San Juan organizó un simulacro de juicio por jurados para presentar en sociedad al nuevo Código Procesal Penal acusatorio y con juicio por jurados sancionado por ley 1851 en diciembre de 2018. El evento fue un éxito rotundo. Inclusive la mejor jugadora del mundo de hockey sobre patines actuó como imputada y a sala llena. En definitiva, el simulacro atrapó todas las miradas del Congreso y de la prensa.

Al día siguiente, y por motivos que se desconocen, el fiscal general Eduardo Quattropani salió a criticar duramente al sistema de jurado popular y a la Asociación Argentina de Juicio por Jurados.

Sostuvo que el juicio por jurados es una "petulancia intelectual de ciertos sectores del derecho que no tienen apego a la realidad"; "que es atractivo y mediático, pero 10 juicios al año no mueven el amperímetro del reclamo de Justicia"; "que el garantismo cabalga sobre el sistema por exigir la unanimidad del veredicto"; que el jurado es  un contrasentido y un sistema complicado y caro para la época" y que "en la AAJJ se creen propietarios de la verdad revelada en la materia". 

Por último, aclaró que no es "enemigo del proceso". "Sólo digo que el Estado primero debe ocuparse de resolver la mayor cantidad de conflictos". A su vez, sentenció que "la única significación que tiene el juicio por jurado es la participación ciudadana en la administración de justicia, en pequeña escala"(ver la nota completa de El Diario de Cuyo aquí).

El presidente de la AAJJ, Héctor Granillo Fernández, escribió las presentes líneas en respuesta a dichas manifestaciones.




EN RESPUESTA A LA PUBLICACIÓN DEL SR. FISCAL GENERAL DE LA  PROVINCIA DE SAN JUAN SOBRE EL JUICIO POR JURADOS    
                        
                         En conocimiento de una reciente publicación del distinguido magistrado en la que realiza una serie de consideraciones sobre el JUICIO POR JURADOS –varias de ellas en contra de su instauración y funcionamiento-, ante el tenor de las mismas considero necesario efectuar algunas aclaraciones.
                        En primer lugar, la de que los siguientes desarrollos sólo serán efectuados desde la más respetuosa óptica institucional y con el fin exclusivo de disipar algunas aseveraciones desacertadas que exhiben cierto apasionamiento por conservar una función jurisdiccional sin cambios por parte del Estado, aún cuando se encuentra actualmente perimida y superada por las más moderna y valorable doctrina de los autores y pacífica jurisprudencia de los más altos tribunales nacionales supranacionales y extranjeros.
                        Al respecto, se exhibe con elocuencia una actitud que hemos conocido desde antigüo. Es aquella que obstaculiza toda iniciativa de adecuación al debido proceso y que, lejos de basarse en aparentes fines descalificables, más bien se muestra como emergente de la preocupación por lo desconocido.
                        Esto no debe sorprendernos si recordamos la omisión de tratamiento del juicio por jurados en las asignaturas universitarias correspondientes de Derecho Constitucional y de Derecho Procesal Penal. En ello se percibe, sin esfuerzo, una clara actitud en contra de su instauración y de su significado en lo que hace a la participación del pueblo en la labor del Poder Judicial, un tema que, hasta poco tiempo atrás, ni siquiera era materia de debate o de tratamiento por los medios de comunicación social. Así llegamos a ignorar la entidad del veredicto y hasta cambiarle su contenido, olvidando el sustento popular en que se apoya a pesar de que se le ha considerado por siglos erróneamente como un ante-fallo y se le ha valorado como si tuviera contenido jurídico.
                        Este entendimiento reposa aún en parte de nuestro país y de muchos países de América Latina como significativo y vigente, siendo letra del art. 118 de la Constitución Nacional, todo lo cual lleva a determinar que el veredicto configura también el acto por el cual el Pueblo soberano habilita o prohíbe al Estado a dictar sentencia condenatoria al imputado.
                        En segundo lugar, el Sr. Fiscal General sabe, sin dudas, que nuestra Nación ha adoptado la forma de gobierno representativa republicana y federal (art. 1º de la C.N.) y que ello significa que existe UN SOLO SOBERANO, QUE ES EL PUEBLO; que se eligen por el voto popular a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo pero que ELLO NO ES POSIBLE EN LO QUE HACE A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL POR CUANTO SUS ÓRGANOS DEBEN SER COMPETENTES, IMPARCIALES e INDEPENDIENTES de todo poder político (arts 8.4 de la CADH y 14.4 del PIDCP, ambos incorporados al texto mismo del art. 75.22 citado).
                        Dichas notas no podrían ser concretadas, por ejemplo, si los representantes del pueblo -en lo que hace a la función del Poder Judicial- emergieran de una candidatura a través de los partidos políticos.
                        Es así que la Carta Magna ha elegido la única forma posible de que, con adecuación a las exigencias detalladas, se pueda hacer realidad la representatividad también en el Poder Judicial y ésta no es otra que la del JUICIO POR JURADOS que introduce en sus arts. 24, 75 inc 12° y 118.
                        Es así que resulta impostergable, a los fines de cumplir el modelo de gobierno elegido por la República Argentina y para evitar profundizar el descreimiento del pueblo sobre la administración de Justicia, hacer real y concreta su participación en el juicio con la función sustancial de dictar el veredicto. Ello es así puesto que este último conlleva el mandato al Estado en cuanto a que sus magistrados absuelvan o condenen exclusivamente en casos en que el pronunciamiento del jurado así lo determine: si el veredicto es de inocencia, la sentencia será absolutoria; y solamente si lo fuera de culpabilidad, la sentencia podrá ser condenatoria.
                        En tercer lugar, el juicio por jurados completa el paradigma de la República establecido en la Constitución Nacional y desde ya podemos afirmar que su incorporación a la ley procesal de cada jurisdicción local debe ser considerado como la finalización del último bastión de la Colonia española en nuestro país.
                              Afirmar, como lo hace el Sr Fiscal General, que la única significación que posee el juicio por jurados es hacer participar a la ciudadanía "en pequeña escala" significa desconocer el programa entero de administración de justicia que nuestros Constituyentes previeron para nuestra Nación. El mandato terminante del art 118 de la Constitución Nacional obliga a que TODOS LOS DELITOS CRIMINALES ORDINARIOS se juzguen por jurados. 
                            Ciertamente, atento el tiempo transcurrido, cabe preguntarse sobre ¿cómo se ha podido permanecer ajeno a tan importante temática luego de la sanción de la Constitución Nacional de 1853-1860 y haber tolerado una forma de administración de justicia que no es la que exige esta última? La respuesta no se hace esperar: ello se debe a que los intereses de sectores poderosos así lo han hecho mantenido. Sólo que actualmente, esa situación ha terminado.
                        En cuarto lugar, no dudamos de que la Constitución Nacional ha elegido el modelo clásico anglosajón y ello, especialmente, en virtud de que la igualdad ante la ley es uno de sus principios esenciales de la República que garantiza a todos los habitantes, ciudadanos o no, las mismas posibilidades. Claro que ello condicionado a la exhibición de ciertas condiciones y requisitos “sine-qua-non” aplicables a todos los que resultasen seleccionados en la audiencia de “voir dire”.
                        Dicha igualdad viene a nivelar las diferencias que existen entre las personas, de tal modo que el nombramiento de los doce miembros titulares y los suplentes del jurado –seleccionados en un número inicial de cuarenta y ocho, o sea, cuatro veces mayor- constituya una real situación de integración del jurado con representación de los más diversos sectores con la sola condición de cumplir exigencias mínimas de edad, capacidad, conocimiento del idioma, falta de interés en el resultado del proceso, como de dependencia política alguna.
                     El interrogatorio y el contrainterrogatorio que caracterizan la audiencia que tratamos garantizan ampliamente la posibilidad de recusar con o sin causa a los candidatos no competentes, imparciales ni independientes.
                        En quinto lugar, el juicio se desarrolla con la máxima oralidad y publicidad  que responde al modelo acusatorio y contradictorio. Estas condiciones son infaltables porque se relacionan con la garantía del debido proceso en cuanto a las tres condiciones ya tratadas de competencia, imparcialidad e independencia que deben observar no sólo los jueces sino también los integrantes del jurado.
                        Pero a ello hay que agregar un efecto directo que siempre se produce y es el efecto purificador que tiene el juicio por jurados respecto de los procedimientos que se desarrollan con tribunales integrados por jueces letrados. Ello es consecuencia de la mayor rigurosidad que exige el juicio por jurados y de lo cual son ejemplos indicadores el de la prohibición de interrogar a los órganos de prueba por el juez letrado y por los miembros del Jurado; la prohibición de incorporar actos del expediente instructorio, etc.
                          En sexto lugar, entre los primeros actos del proceso penal por jurados,  el juez letrado –en su condición de presidente del tribunal- tiene a su cargo, entre otras importantes funciones, la de explicar las “instrucciones iniciales” al jurado. Allí informa a sus integrantes que lo integran sobre aspectos deben ser tenidos en cuenta por sus miembros y determina su función durante el desarrollo del juicio oral y público.
                        Esas explicaciones, bien efectuadas, garantizan el correcto entendimiento de los jurados y crea un vínculo totalmente diferente del que constituye la realidad ordinaria de nuestros juicios –sobre todo en lo penal- desde que el aporte de la valoración por seis hombres y seis mujeres atentos al desarrollo del proceso y responsables absolutos del pronunciamiento del veredicto. Se crea así un nuevo orden, otra realidad que implica una sana renovación de lo que ha llegado a nuestros días con la nota de su desgaste y alejamiento de los valores vigentes en el Pueblo.
                        El juez letrado –que interviene como presidente del tribunal de jurados- tiene funciones de gran relevancia. Entre éstas, tiene a su cargo decidir las incidencias que se planteen, admitir o excluir la prueba que oirá el jurado, a controlar y sortear las cuestiones que se vayan formulando y muchas otras funciones que le ubican como sujeto indispensable del proceso por jurados.
                        Finalmente, una vez producidos los alegatos y próxima ya la etapa de la deliberación de los jurados para dictar el veredicto, el juez se reúne con los letrados de todas las partes y, todos ellos en conjunto, elaboran consensuadamente las llamadas “instrucciones finales para dicha deliberación”
                        Estas últimas representan la transmisión del derecho aplicable y deben ser explicadas con detalle y en un lenguaje absolutamente claro y preciso que respete la circunstancia de que su destinatario es el jurado, es decir, que debe respetar que las explicaciones van dirigidas a gente común del pueblo, representativa de los más diversos sectores de la sociedad.
                        De esa manera, en un lenguaje no jurídico, se elaboran las “instrucciones” y, ante la presencia en la sala de juicio del jurado en pleno, el presidente del tribunal las explica a sus miembros en forma total y siempre con la impronta de que serán motivo central de las deliberaciones del jurado para dictar el veredicto. Un veredicto que históricamente exige la unanimidad en los países más desarrollados del mundo y en gran parte de nuestras provincias argentinas (Mendoza, Río Negro, Chaco, próximamente Salta, Santa Fe y Entre Ríos). Pero es unánime para los dos lados: para condenar, pero también para absolver; y si no habrá un nuevo juicio ante otro jurado a pedido del acusador. Por ello, las leyes procesales sobre juicio por jurados determinan que el presidente del tribunal debe entregar una copia de las mismas a cada uno de los miembros del jurado, para facilitar sus deliberaciones en pos de la unanimidad del veredicto.
                           El valor de las “instrucciones para la deliberación” está establecido en forma absoluta en los fallos que constituyen, respectivamente, los leading-cases de los máximos tribunales internacionales: “Taxquet vs. Bélgica” de la Corte Europea de Derechos Humanos del 6 de noviembre de 2010; y “V.R.P. y V.P.C. vs. Nicaragua” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de marzo de 2018.
                        En ambos se sienta la doctrina legal en lo que hace a los Derechos Humanos de que las sentencias –que son los llamados “fallos” en las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho a la revisión de la condena del imputado (arts. 8.2.h de la CADH y 14.2 del PIDCP, ambos incorporados al propio texto del art. 75.22 de la C.N.)- tienen como motivación la respuesta que el jurado brinde en su resolución a los puntos detallados en las mencionadas “instrucciones para la deliberación”. Esta decisión se completa con la exigencia de que el imputado debe terminar sabiendo exactamente POR QUÉ RAZÓN O MOTIVO ES CONDENADO.
                        Si bien todos estos desarrollos serían mejor explicados y, seguramente, entendidos en un contexto más grande en el que se pudiera ahondar en cuanto a la función jurisdiccional del Estado, me permito estimar al respecto que contribuyen a un mayor conocimiento del juicio por jurados. Este resultado es muy positivo porque produce el efecto de acrecentar el conocimiento sobre esta temática y, sobre todo, de concretar –razonadamente- este instituto como la respuesta más completa y ajustada a las garantías del imputado en la Constitución Nacional.
                        Dicho ello, queda usted invitado muy cordialmente para el cambio de información e ideas sobre el Juicio por Jurados siempre que, como seguramente así será, los hagamos con el respeto mutuo y la deferencia que merecemos como hombres de Derecho.
                        Le saludo con mi más distinguida consideración.

Héctor Granillo Fernández
Presidente
AAJJ

                                                                                                                                    

domingo, 6 de octubre de 2019

ENTRE RÍOS: Brillante encuentro de la Legislatura para debatir la inminente ley de jurados

El Gobernador Bordet cerró el evento


La apertura


En el marco del proyecto de ley de juicio por jurados que ya se debate en la Legislatura de Entre Ríos, se desarrolló en Paraná la Jornada Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos: hacia la democratización de la Justicia". El encuentro contó amplia participación de referentes en la materia de Entre Ríos y de todo el país y tuvo el cierre del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.





El evento fue organizado por el diputado Diego Lara y el senador Lucas Larrarte, ambos presidentes de las estratégicas comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de sus respectivas cámaras.

El éxito de la Jornada fue total. La sala desbordaba de gente, al punto tal que muchos tuvieron que verlo de pie. Fue muy importante la presencia de legisladores de la oposición política (Bloque de Cambiemos) y del oficialismo.




El presidente del TSJER, Emilio Castrillón, abrió la jornada y fue más que contunente: "El Poder Judicial respalda el proyecto del Ejecutivo. El momento es AHORA". 


El presidente del STJER, Emilio Castrillón

Se escucharon las voces de respaldo y aportes de la líder de la agrupación de víctimas VIDAER, Carla Cusimano (su exposición fue brillante), de la ministra de Justicia Rosario Romero (alma máter de la ley), del juez Rubén Chaia (AMFER), del defensor General Maximiliano Benítez (pidió que no entraran tantos delitos al sistema de jurados) y de Miguel Ángel Cullen (de APP). Este último expresó su inmensa felicidad porque por fin habrá ley de jurados en su provincia.

Miguel Ángel Cullen (APP)

Castrillón, Romero y Chaia

Carla Cusimano hace oir su lúcida voz


La mirada más crítica provino del Procurador General Jorge García, notorio opositor al proyecto. "¿Usted le dejaría el manejo del Instituto Balseiro a un grupo de vecinos?", se animó a decir ante la estupefacción de muchos de los presentes. Tras pedir superar falsas dicotomías, resaltó el valor de la motivación, optó por un escabinado, sin unanimidad, con recurso fiscal para la absolución y no obligatorio. Propuso tomarse un largo tiempo para recorrer las provincias, chequear su funcionamiento y más tiempo aún hasta hacer una síntesis. A su turno, Julio Federik, en representación del Colegio de Abogados, manifestó su total respaldo al proyecto de ley, pero abogó con énfasis porque fuera optativo como en Buenos Aires.


Julio Federik

En el panel de clausura, José Valerio, juez de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, fue enfático al resaltar el rotundo éxito del recientemente inaugurado sistema de jurados en Mendoza, prácticamente similar al de Entre Ríos: "No hay que tenerle miedo a la unanimidad. Funciona perfectamente. Los jueces y fiscales mendocinos han estado a la altura del desafío y la ciudadanía lo ha recibido con gran satisfacción".   

José Valerio, juez Corte Suprema Mendoza

El orador final fue el vicepresidente de la AAJJ y miembro del INECIP, Andrés Harfuch, quien respaldó abiertamente la ley y refutó cada una de las críticas con base en el reciente fallo Canales de la CSJN: "Estar en este momento en Entre Ríos es una enorme alegría y una gran satisfacción, porque estamos a punto de sancionar una ley prestigiosa, que termina de completar nuestro sistema y diseño constitucional”. 

"El Juicio por Jurados Populares está desde 1853, y aún antes, en los documentos anteriores pre constitucionales. Todos esos textos tenían en común esta institución, que fue muy importante para los Padres Fundadores del continente americano, porque el juicio por jurado significa terminar con la justicia del expediente escrito, del feudalismo, de casos que no terminan nunca y de papeles que se acumulan y terminan ofendiendo al ciudadano, porque los casos no terminan de resolverse jamás y nadie conoce nada”.

"La unanimidad del veredicto es uno de los valores más importantes para legitimar las decisiones judiciales. La sociedad manda mensajes muy fuertes permanentemente a través de los veredictos unánimes y los países que tienen jurado son los más desarrollados del mundo”.

Andrés Harfuch (AAJJ e INECIP)


“En Entre Ríos se ha hecho una revolución muy fuerte en el sistema de justicia, porque es todo oral y público, y ahora lo va a coronar trayendo a los ciudadanos comunes a definir los casos más graves en materia penal”

"La incorporación de miradas de género al proyecto es el más importante de todos. Todas las provincias poseen igualdad de género en sus jurados: mitad mujeres y mitad varones. Pero la provincia de Entre Ríos va un poquito más allá y dice que el género se va a definir de acuerdo a la identidad que figuran en el DNI, y esto es revolucionario”.

“Esta una ley de avanzada, porque he visto el texto que el Gobernador (Gustavo) Bordet ha enviado a la Legislatura y la verdad es una ley extraordinaria por donde se la mire”.

Estuvieron presentes también, los vocales del Superior Tribunal de Justicia; Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio, Martín Carbonell y Juan Ramón Smaldone; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; el secretario de Justicia, Pablo Biaggini; la vice intendenta de Paraná, Josefina Etienot; funcionarios del Superior Tribunal de Justicia, el juez Elvio Garzón,  miembros de los cuerpos legislativos, del Poder Ejecutivo, autoridades de Colegios Profesionales, Universidades y Alumnos.

También, participaron la senadora nacional Sigrid Kunath; el diputado nacional, Julio Solanas; la diputada Nacional, Mayda Cresto; los diputados provinciales: Juan Navarro, Marcelo Bissogni, Juan Carlos Darrichón, Gustavo Zavallo, Silvio Valenzuela, Alejandro Bahler, María Tassistro, Ester González, María Alejandra Viola, Esteban Vitor y Fuad Sosa; los senadores: Daniel Koch, Angel Giano, René Bonato, Rogelio Schild y Roque Ferrari.


PALABRAS DEL GOBERNADOR BORDET

Durante el cierre de la jornada, el Gobernador Bordet reafirmó: "Vengo a este encuentro a respaldar enfáticamente el proyecto que he enviado a la Legislatura""Es una institución que rige en la mitad de las provincias argentinas y que hace a una concepción clásica de la República que valora el aporte del sentido común que los ciudadanos tienen sobre una visión de un determinado hecho o acto”. "Estos mecanismos de participación que en nuestras democracias modernas son determinantes” y ratificó una vez más “desde el Poder Ejecutivo este proyecto que hemos enviado”.





GALERÍA FOTOGRÁFICA








Diputado Diego Lara

Senador Lucas Larrarte

Harfuch y Valerio en Canal 11

La AAJJ obsequia al diputado Lara
el inmortal film "Doce Hombres en Pugna"






Leer noticias relacionadas aquí:

- UNO Entre Ríos (5/10/18): "Avanza el juicio por jurados" (ver)

- La Voz (5/10/19): "Harfuch: “En Entre Ríos se ha hecho una revolución muy fuerte en el sistema de justicia” (ver)

- Canal 11 (3/10/19): "Juicio por jurado: "Es garantía del acusado ser juzgado por sus propios pares" (ver)

- El Sol (%/10/19): "BORDET RATIFICÓ LA VOLUNTAD DE LA IMPLEMENTAR EL JUICIO POR JURADOS EN ENTRE RÍOS" (ver)

miércoles, 2 de octubre de 2019

BAHÍA BLANCA: Unánime condena contra peón rural por violación



El jurado encontró culpable a un peón rural acusado de tocar e intentar abusar de su hijastra de 9 años.

En decisión unánime, el jurado lo halló responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y tentativa de abuso sexual con acceso carnal, con el agravante de la convivencia preexistente, dado que era el novio de la madre..

Manoseó a la niña, hija de 9 años de su concubina, en reiteradas ocasiones e intentó violarla en la vivienda que compartían en Punta Alta.  Fue hallado culpable por unanimidad en el juicio por jurados desarrollado a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3.

Producto de los ataques sexuales aparentemente cometidos de manera reiterada desde 2007, la nena tuvo que abandonar su hogar y mudarse al domicilio de su padre dos años después.

La doctora Daniela Castaño actuó como jueza de derecho, la acusación fue sostenida por el fiscal Rodolfo de Lucia y el abogado Julio Amaya defendió al acusado, a quien no se identifica para preservar a la víctima.

Durante la instrucción de la causa, el fiscal Mauricio del Cero, en aquel momento al frente de la fiscalía de delitos sexuales, dio por probado prima facie que el causante abusó sexualmente en forma reiterada de su hijastra mediante “tocamientos impúdicos en la vagina por encima de la ropa, la besaba y la obligaba a que le devuelva sus besos, como también le tocaba y lamía los pechos por debajo de las prendas”.

Los episodios al parecer ocurrieron en un inmueble de la vecina ciudad, donde convivían la niña, el procesado y su pareja, madre de la damnificada.

Los ultrajes se producían a la tarde, cuando el encartado regresaba del “campo donde trabajaba al momento de los hechos y subía a la menor a una mesa que había en la cocina” para manosearla, y “esporádicamente” se suscitaban a la mañana cuando estaba solo con la víctima aprovechando que la mamá de la pequeña se retiraba de la finca para ir a hacer compras.

La tocaba cuando miraba “dibujitos”

Según consta en el expediente, la nena “se acostaba con el imputado en su cama a mirar dibujitos” y el sujeto se “tiraba encima de ella sobre la cama” o la sentaba arriba de él para “cometer los hechos que se le enrostran”.

Además intentó “introducir sus dedos engrasados en la vagina de la menor” cuando estaban en un galpón del establecimiento rural donde trabajaba el procesado, en la zona de Bajo Hondo.

En otra oportunidad el imputado, quien llegó al juicio en libertad, trató de “penetrar a la víctima” en el domicilio puntaltense. Fue inmediatamente detenido tras el veredicto del jurado popular.


Leer noticias aquí:

- La Nueva Provincia (3 de octubre de 2019) "Juicio por jurados: lo hallan culpable de abusar e intentar violar a su hijastra" (ver)

lunes, 30 de septiembre de 2019

POR SUERTE HABÍA DOCE JURADOS: Brillante columna de opinión de Alberto Bovino sobre el caso Lisi Ríos de La Plata

NO HAY DERECHO
blog personal de Alberto Bovino
30 de septiembre 2019 (nota original aquí)

"POR SUERTE HABÍA DOCE JURADOS"


CASI 4 AÑOS PRESO  

UN JURADO LO ABSUELVE Y ERA INOCENTE

LA PLATA

1. Cronología

El 17 de diciembre de 2015, en Los Hornos, encontraron el cuerpo sin vida del electricista Miguel Ángel Quesada, de 62 años, con más de 40 puñaladas. Había sido asesinado dos días atrás. Fue su hijo quien llamó a la policía, que ya estaba en el lugar cuando llegó Federico Vicente Lisi Ríos (21 años), empleado de la víctima.

Más tarde, el joven fue a la comisaría de Los Hornos a declarar, para colaborar con la investigación. Su pesadilla estaba a punto de comenzar. La supuesta declaración testifical de Lisi Ríos se transformó en una indagatoria policial interminable, en la cual fue coaccionado y amenazado por los agentes policiales durante horas, hasta que terminó por confesar un delito que él no había cometido. El jefe de esa comisaría era, entonces, Sebastián Cuenca, hoy condenado a 3 años y 8 meses de prisión en la causa conocida como los "sobres de las coimas".

Dicha confesión no puede —ni podría— ser considerada un elemento de prueba válido por varios motivos: 1) fue recibida por los agentes policiales, a quienes se les ha prohibido legal y expresamente tomar esa declaración; 2) como se demostró luego, la declaración fue realizada bajo amenazas y coacción, es decir que no puede ser considerada voluntaria; y 3) no tuvo contacto alguno y previo con un abogado que lo asesorase.

A todas estas gravísimas circunstancias, que habían sido aceptadas por el juez de garantías César Melazo, se debe agregar el dictado de la prisión preventiva sin motivo que la justifique. Bellísima figurita este juez. 

"Este viernes (agosto 2018) fue detenido en su casón de Gonnet el ex juez de garantías César Melazo, acusado de liderar una banda de criminales integrada, entre otros, por policías y barrabravas de Estudiantes y Gimnasia. Entre otros hechos, se les imputa la autoría del asesinato de Juan Roberto Farías en 2010, hecho que destapó el funcionamiento de “la banda del Comisario”, dedicada al robo de autos y casas.
...
Fue funcionario judicial por unos cuarenta años, siempre en los tribunales de La Plata. Luego de ser ordenanza y prosecretario, en 1992 ascendió a fiscal y tres años después asumió como titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 16 de la capital bonaerense. Finalmente en 1998 fue nombrado juez de garantías, cargo que desempeñó hasta junio de 2017, cuando decidió renunciar acosado por juicios políticos y denuncias en su contra."

El defensor público cuestionó las medidas dictadas por Melazo, quien rechazó su pedido. El defensor, entonces, presentó una apelación. Antes de que la cámara resolviera esa apelación, un joven abogado de 25 años asumió como defensor de confianza de Federico Lisi Ríos. Era el año 2016. El nuevo abogado se llamaba Gonzalo Alba. Colaboraban con él Mauro García Strigl y Lautaro Iroz.

2. Preparación del juicio

La investigación preparatoria terminó el 20 de mayo de 2017. El juez a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata, Claudio Bernard, rechazó la solicitud de la defensa de excluir del juicio la declaración de Federico Lisi Ríos y fijó fecha de debate para febrero de 2020 (¡casi tres años después!). También se dispuso que el juicio fuera por jurados. En la misma audiencia, el fiscal, Jorge Paolini, cambió la calificación legal de la acusación a homicidio simple y hurto. La modificación le redujo la cantidad de jurados que debía convencer, pues mientras una acusación por delito con pena perpetua exigía unanimidad en el jurado, ahora solo necesitaba diez votos para obtener la condena.

Gonzalo Alba solicitó que se adelantara la fecha de debate, y como no lo hicieron, debió recurrir a la  Cámara. La Cámara dispuso que Bernard debía adelantar el debate. Bernard no hizo nada y Alba debió ir nuevamente a la Cámara. Finalmente, luego de todas estas idas y vueltas, la defensa logró que Bernard adelantara solo 5 meses la fecha de debate. Los camaristas eran Alejandro Villordo y Carlos Silva Acevedo. Pareciera que nadie consideró escandaloso que, terminada la investigación, el debate se realizara, finalmente, dos años y cuatro meses después de recibida la causa en el tribunal de juicio, y con el imputado detenido.

Pasados los dos años de detención del imputado, el defensor solicitó la excarcelación con prisión domiciliara en subsidio, que fue rechazada por Bernard. Debió recurrir a la Cámara, quien también rechazó sus pedidos. En estos escritos señaló expresamente que el plazo máximo legal estaba vencido y que, de seguir así, se alcanzaría el plazo previsto en la fecha de debate, que fue lo que finalmente sucedió.

3. El juicio

Durante cuatro días se realizó el juicio ante los doce jurados. El interrogatorio policial y la declaración de Lisi Ríos se convirtieron en la cuestión central. Es decir que, de no haber intervenido el jurado, Federico Lisi Ríos estaría aún privado su libertad y, además, condenado. Eso lo dijo el fiscal en su alegato. Por un grave delito que no se probó. Y no se probó porque él no lo cometió. Y aun si lo hubiera cometido, la declaración jamás podría haber sido valorada.

Ninguno de los tres policías que intervinieron en el interrogatorio pudo explicar, en el juicio, qué circunstancia fue la que desató la sospecha que "exigió" pasar de una testifical a una indagatoria. Ese solo hecho es un motivo más para anular toda la declaración, pues, además de que la policía no puede interrogar, aun si lo pudiera, frente a este panorama, ningún juez podría revisar la legalidad del interrogatorio.

Otra cuestión fue la falta de coincidencia entre sus declaraciones. Según Alba, además, no existe ninguna clase de registro sobre el "hecho" de que la policía detuviera el interrogatorio a Lisi Ríos en el momento en que surgió la sospecha que ninguno de los policías recuerda, y sobre la cual nadie declaró en la investigación. Tampoco sobre los supuestos llamados al fiscal y al juez en ese momento.

La policía, además, había hecho mirar el interrogatorio a un civil, para darle "legalidad" al acto. Esa circunstancia, más allá de no "legalizar" nada, en los hechos resultaría contraria al interés que la norma protege, incentivando a la policía a maltratar declarantes y, también, testigos. Por otro lado, el testigo ciivil dijo en el juicio que él no había visto que se hubiera detenido el interrogatorio y tampoco que se hubiera llamado al juez y al fiscal en ningún momento.

Por último, declaró Federico Lisi Ríos, explicando, también, su versión sobre el interrogatorio. Nuevamente, se pudo apreciar que ningún otro elemento indicaba la responsabilidad del acusado. Que la policía jamás siguió otra pista, a pesar de que se encontró ADN de dos hombres que no se pudo identificar en la escena del crimen.

Con toda esta información, el jurado dictó un veredicto absolutorio. Federico Lisi Ríos y Gonzalo Alba se abrazaron emocionados al escuchar el veredicto. Finalmente, Federico recuperó su libertad. No fue debido a los jueces profesionales, fue gracias a doce de sus pares. Tres años y nueve meses más tarde, su pesadilla terminó. Habría que ver qué sucede con todos los jueces que intervinieron y lo privaron de su libertad arbitrariamente durante 1.375 días. Seguramente nada. Y por eso, sucederá nuevamente.

4. La declaración forzada

Esta historia no habla muy bien de nuestros jueces profesionales. Es más, yo diría que habla muy mal. Los intervinientes en este caso han ignorado una y otra vez el derecho vigente, siempre con el ánimo de privar arbitrariamente de la libertad a Federico Lisi Ríos.

Si analizamos el tratamiento de la declaración ante la policía, veremos cómo los jueces permitieron el ingreso de una declaración arrancada por la fuerza. La prohibición legal que estos jueces desobedecen solo porque desean hacerlo tiene cierto sentido, que busca evitar el maltrato policial prohibiendo que interroguen al imputado. Ahora bien, estando el imputado en una comisaría, si los agentes policiales efectivamente lo maltratan, muy poco les costaría a los agentes forzar, además, a cualquier testigo que encuentren por ahí. Eso fue lo que sucedió en este caso.

Por eso, además de que está prohibido, es que la excepción utilizada por Melazo es absurda. Peor que eso, es un incentivo al maltrato, pues ahora necesitan apretar al imputado y, además, al testigo. Veamos los dichos del testigo:

Ahora bien, esto fue escuchado por Juan Ignacio Melano (21)... quien se encontraba en la guardia para hacer una denuncia policial, y escuchó cuando Lisi en forma espontánea y a contrario de lo manifestado por su defensa técnica comenzó a ponerse nervioso, irrumpió en llanto, haciendo manifestaciones autoinculpatorias. El testigo manifiesta, también, que los efectivos policiales al escuchar a Lisi, detienen su relato y, en ese momento, le leen sus derechos a fin de no vulnerar garantías constitucionales.

¡Tremendo oído el del testigo! El hecho de que coincidiera exactamente con la versión policial es una mera casualidad... Lástima que en el juicio se desdijo. Solo hubo que interrogarlo, que fue lo que los jueces no hicieron.

Más allá de eso, el precedente de la Corte Suprema citado no es aplicable al caso porque los hechos son diferentes. En efecto, el caso citado interpreta la frase "Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo...", y distingue, entonces, dos supuestos. Primero, se señala que "opera en aquellos casos en los cuales un sujeto realiza manifestaciones autoinculpatorias por algún tipo de coacción". El segundo supuesto se trata de "una persona realiza manifestaciones frente a un tercero, y sin encontrarse detenido, no hay objeción constitucional en valorar el testimonio del tercero receptor".

En primer término, los hechos son diferentes, pues Lisi Ríos sí estaba detenido.  Por otra parte, estaba declarando bajo juramento cuando, supuestamente, se autoincriminó. Aun si no hubiera estado detenido, lo cierto es que no fue una manifestación espontánea en la vía pública, que es el supuesto de ese fallo.

Finalmente, hay que destacar que en este caso no se le pedía a los jueces que interpretaran el artículo 18 de la CN, sino la regla legal que prohíbe los interrogatorios policiales. El artículo 18 establece un piso mínimo, y las  provincias regulan el tema según sus propias políticas. Por ello es que el legislador bonaerense decidió prohibir los interrogatorios policiales. Y si a Melazo y otros jueces no les gusta, nada les impide presentarse para legisladores y proponer las reformas que consideren necesarias. Pero no pueden aplicar el derecho ignorando las reglas vigentes. Especialmente cuando se trata de derechos fundamentales.

5. El encarcelamiento preventivo

Veamos ahora cómo se trató la libertad de Lisi Ríos durante el proceso. Desde el inicio, se lo encarceló sin necesidad alguna. Los jueces (estos y casi todos los demás) evaden las exigencias constitucionales y convencionales referidas a la prisión preventiva vaciándolas de contenido.

Cuando se trata de los peligros procesales cuya existencia deben verificar en el caso concreto, lo que hacen es mencionarlos, o indicar la existencia de una posibilidad (en Buenos Aires puede llover) muy lejana a la probabilidad (hoy lloverá). Cada vez que hay un avance en la jurisprudencia constitucional o internacional, se las rebuscan para citar los precedentes y no cumplirlos.

Así, por ejemplo, se indica que el imputado entorpecerá la investigación si está en libertad. Pero no se justifica a partir de los hechos del caso por qué y cómo es probable que lo haga. En casi todos los casos es posible que el imputado entorpezca la investigación, pero no en todos es probable que suceda. Existe peligro procesal cuando eso es probable, y se puede demostrar, no solo posible[1].

Así, como sucedió en este caso, se asumió en cada discusión que existía peligro de fuga y peligro de entorpecimiento, sin justificarlo. Ello se demuestra claramente si se advierte que, aun luego de cerrada la investigación, el juez Bernard seguía con la muletilla de la "obstaculización de la investigación", que ya había terminado, y la Cámara confirmaba. Ello no solo demuestra que la detención fue arbitraria, sino que fue realizada de mala fe.

La mala fe surge, también, de cómo se manejó la fecha de juicio, especialmente cuando se llegó al juicio con el imputado detenido, a pesar de las reiteradas advertencias de la defensa de que esto iba a suceder. Como bien dice Binder, no les tiembla la mano para enviar a alguien a prisión.

Por último, al analizar los planteos de la defensa referidos al vencimiento del plazo legal de dos años de encarcelamiemto cautelar, repitieron la práctica de ignorar la ley recurriendo a una garantía prevista en una norma superior. Así, citaron jurisprudencia de un artículo de la Convención Americana. La jurisprudencia no era aplicable al caso, por dos razones: a) se refería a casos en los cuales no había límite legal; y b) dejaron de lado que el art. 29.b de la Convención prohíbe ese tipo de interpretación.

Todo ello indica que los jueces Melazo, Bernard, Villordo y Silva Acevedo, a pesar de los pedidos reiterados de las defensas, utilizaron una declaración forzada y privaron arbitrariamente de la libertad a Federico Lisi Ríos durante tres años y nueve meses.

6. La justicia profesional

Este caso muestra la arbitrariedad de la justicia profesional. Estos parámetros no se utilizaron solo para este caso; se usan cotidianamente. Arbitrariedad que se utiliza con inocentes y culpables, todos los días. Y ni los jueces ni los fiscales responden por sus arbitrariedades, no sufren consecuencia alguna. Razón por la cual las prácticas arbitrarias se naturalizan y terminan por ser aceptadas.

Para 2018, en provincia de Buenos Aires, el 56 % de los presos eran procesados, y en la jurisdicción federal, el 58,63 % son presos sin condena. Esa es la manera en la cual en las dos jurisdicciones más pobladas del país aplican el principio que dice "el encarcelamiento preventivo debe ser excepcional".

La política de persecución penal en materia de sustancias prohibidas, por su parte, aumenta las estadísticas:

Las detenciones vinculadas a la ley de estupefacientes... colaboran en agrandar las estadísticas: en aquellos diez años aumentaron desde 4.049 a 10.476 detenidos [2006-2016]. "En general no terminan siendo condenados, pero se pasan un tiempo en prisión preventiva", destaca la experta [Paula Litvachky] y agrega: "Es una de las causas principales del aumento en las encarcelaciones" (subrayado agregado).

Ello significa que el costo de la ineficiencia persecutoria lo paga en prisión preventiva el imputado, y ésta es una parte sustancial de cómo se administra el castigo. Una vez que la persona es encarcelada preventivamente, el fiscal o el juez pueden descansar tranquilamente, pues el costo de la espera es solo del imputado. Y ello teniendo en cuenta que los plazos legales de por sí son demasiado extensos. Si hay algún plazo, los jueces tienen varias maneras de evadirlo, nuevamente a cargo del imputado[2].

Seguramente, los jueces no se sienten responsables de, por ejemplo, los extensos plazos que se toman para resolver cualquier causa, aun si es sencilla. La culpa es siempre del legislador, o de los litigantes que presentamos muchos recursos, o de la falta de recursos materiales o humanos... nunca de ellos.

7. Las causas armadas

Tal como dijo el fiscal Paolini en el juicio, si este caso hubiera sido juzgado por jueces profesionales, Lisi Ríos habría sido condenado. Es que los jueces profesionales no ven problema alguno en colaborar activamente con el fiscal, además de que llegan al juicio conociendo el caso. Tampoco ven problema en aplicar el derecho arbitrariamente, según su voluntad, como en este caso.

En este contexto, las causas armadas se tramitan y no son advertidas, pues ni jueces ni fiscales controlan el trabajo de la policía. En algunas causas, además, algunos son cómplices.

Lo paradójico es que cuanto más grave sean las irregularidades, más energía confirmatoria de esas barbaridades parecen tener los jueces. El avance de la causa, también dificulta cada vez más la tarea de impugnar actividad procesal inválida.  Si cuando anular la actividad procesal que perjudica al imputado implica dejar expuestos a los funcionarios judiciales o policiales responsables, es muy difícil obtener esa anulación.

Por otra parte, el ánimo de protección corporativa hace que sea muy difícil lograr que se investigue o persiga penalmente a jueces, fiscales o funcionarios policiales de cierto rango. Cuando se trata de causas armadas, el "mejor resultado" posible suele ser que se pueda lograr la absolución.

Es que demostrar que una causa es armada no es fácil. En un caso que llevé hace tiempo, el juez de instrucción en un momento advirtió que la causa estaba armada, pero como ya estaba por elevarla a juicio, fue a ver a mi cliente a la cárcel y le dijo que no se preocupe que en el juicio lo iban a absolver.

El caso de Fernando Carrera quizá sea el mejor ejemplo. La policía lo confundió con unos ladrones y le disparó. Carrera quedó inconsciente por los disparos y mató a dos mujeres y un niño, y lesionó a varias personas más. La policía siguió disparando cuando el auto se detuvo. En total recibió ocho disparos. Cuando los policías se dieron cuenta de que se habían equivocado le armaron la causa, y el tribunal lo condenó a treinta años. Carrera debió soportar dos juicios e igual continuaba condenado. Tuvo que ir a la Corte Suprema dos veces para obtener su absolución, que llegó luego de once años y nueve meses de arbitrariedad.

Estos son solo unos pocos ejemplos. En julio de este año, el presidente de la Corte Suprema provincial, Eduardo De Lazzari (Buenos Aires) dijo:

Estoy hablando de causas armadas artificialmente, de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde actúan influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados.


¿Por qué se arman las causas? Porque pueden. ¿Y los jueces que hacen? ...



[1] Sobre diferencia entre posibilidad y probabilidad, ver (aquí)

[2] Cuando se modificó la ley 24.390, el proyecto de reforma original disponía la creación de un registro donde se anotaría cada vez que a un juez se le vencía un plazo. Los jueces presionaron y la regla desapareció del proyecto.