La SCJPBA acaba de escribir una página de oro en la historia del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
El leading case "Aref y otros" (P. 130.086 06/11/19)
es un precedente que quedará en la posteridad por ser el que inaugura su jurisprudencia sobre jurados, porque salió por unanimidad del pleno de sus jueces, porque revisó a fondo los hechos de un caso muy complejo y por la coherencia y el nivel que exhibe en todas sus líneas.
Lo hemos dicho repetidamente en estas páginas:
cualquier sistema de jurados del mundo necesita del apoyo de sus Cortes para que no se vea distorsionado su funcionamiento. El jurado de Argentina, afortunadamente, goza hoy de la comprensión y de la protección de sus jueces y de sus tribunales revisores, aún en aquellos aspectos que tensionan la inveterada cultura escrita e inquisitorial que heredamos de Europa continental y de la monarquía española (inmotivación del veredicto, unanimidad, irrecurribilidad del veredicto del jurado, etc).
Ni más ni menos que nuestra CSJN in re "Canales" (mayo 2019) le ha dado un formidable espaldarazo político y judicial al sistema de jurados del país (
Libro homenaje al fallo Canales)
.
Este fallo de la SCJPBA se inscribe decididamente en esa línea, lo que de por sí es una noticia más que auspiciosa, por ser la Corte Suprema más importante del país luego de la Corte Federal. Por esa razón, está destinado a tener una profunda influencia en el país por su claridad conceptual y el acierto de su solución.
Esta es la primera vez que el máximo órgano jurisdiccional bonaerense analiza a fondo el instituto del juicio por jurados y, puntualmente, dos de sus aristas claves:
1) el
"máximo rendimiento" de revisión amplia contra la condena y
2) el
test de más allá de toda duda razonable.
Además, analizó otros temas no menos importantes, como el veredicto general sin exteriorización de motivos, el rol de las instrucciones, la inconsistencia entre veredictos y cómo se resuelven, etc.
La SCJPBA se pronunció así con clase y lucidez para
confirmar el veredicto unánime de un jurado popular por un homicidio calificado ocurrido en Azul.
LA CLAVE DEL FALLO DE LA SCJPBA
El fallo de la Corte es doblemente remarcable pues ha comprendido por completo la lógica y hasta el lenguaje revisor de una decisión que proviene del veredicto de un jurado.
La Corte Interamericana de DDHH (fallo
VRP vs Nicaragua 2018) y la Corte Europea de DDHH. (
Taxquet vs Bélgica 2010) repetidamente han dicho que el juicio por jurados y el juicio ante jueces técnicos son ambos convencionales y constitucionales
pero que, al tratarse de procedimientos diferentes y con institutos propios que no se pueden extrapolar de un sistema al otro, el método para la revisión de las condenas variará y cualquier tribunal revisor deberá acomodarse a las particularidades de cada procedimiento.
Es exactamente lo que ha hecho la SCJPBA en este caso y de allí su inestimable valor.
Veamos una pequeña muestra: estas son las palabras iniciales de la SCJPBA en
Aref. Es un pasaje memorable, con un poder de síntesis digno de destacar. Confirma
in totum y en sólo tres párrafos la validez de la esencia del juicio por jurados y prácticamente agota el remanido argumento de que no hay
doble conforme posible en el veredicto de un jurado clásico:
"III. En primer lugar cabe señalar que al tratarse de un caso de procedimiento de Juicio por Jurados y de conformidad con la naturaleza propia de este sistema, la fundamentación de los motivos sobre la existencia de la materialidad ilícita, la participación de los acusados y el derecho aplicable a la plataforma fáctica tenida por probada, no han sido exteriorizados en el veredicto de primera
instancia (conf. art. 210, CPP).
Según lo establece la normativa que rige estos casos (conf. art. 106, CPP) -y que no fuera puesta en
entredicho- son las instrucciones del juez técnico que dirigió el debate las que constituyen "...plena y suficiente motivación" del veredicto.
De todos modos, ello no fue óbice para que, frente a los diversos agravios presentados por la defensa de los imputados aquí recurrentes, el Tribunal de Casación emprendiera una actividad que, conforme se resumirá, lo llevó a un minucioso abordaje de cada uno de los elementos de prueba rendidos en el juicio."
LOS COMPLEJOS HECHOS DEL CASO
El 13 de febrero de 2014, una turba de varias personas atacó a los tiros una casa usurpada para recuperarla. Murieron dos de los ocupantes tras el salvaje tiroteo.
La fiscalía acusó a Brian Nicolás Bertolano, Nicolás Morales, Juan Marcos Seitz y Vanesa Aref -los tres primeros en carácter de coautores, y la última como instigadora y partícipe necesaria-, por los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma de uso civil.
Fue un caso muy difícil, ya que el jurado tuvo que rendir veredictos por varios hechos y discernir la actuación de múltiples acusados. Sin embargo, el jurado condenó a todos por unanimidad por el homicidio calificado (les dieron perpetua) y absolvió a Bertolano por la portación. A Vanesa Aref el jurado la sindicó como la instigadora del hecho, puesto que generó el ataque del que resultaron víctimas los fallecidos para lograr su objetivo de recuperar la casa.
La Sala I del Tribunal de Casación confirmó el veredicto, tras analizar y agotar minuciosamente todas las cuestiones de hecho, derecho y prueba que le planteó la defensa. No sólo eso,
Aref fue el
leading case sobre el voir dire, ya que la defensa alegó que uno de los jurados tenía antecedentes penales. La casación resolvió de manera excelente la cuestión con el voto líder del juez Daniel Carral y no hizo lugar al planteo (
Selección del jurado: fallo de casación sobre el voir dire).
En el cuestionable sistema de
doble casación que tiene la provincia de Buenos Aires por imperio de su Constitución local, la defensa de
Aref recurrió ante la SCJPBA. La Corte decidió abrir el recurso exclusivamente por los agravios acerca de la revisión de los hechos adjudicados por el jurado. La defensa entendió que el jurado determinó los hechos de manera arbitraria, confusa y contradictoria y en violación del estándar de más allá de toda duda razonable.
LA DOCTRINA LEGAL DE LA SCJPBA
La SCJPBA confirmó por unanimidad y en todos sus aspectos el veredicto del jurado y la revisión posterior del
doble conforme de la Sala I de Casación. Podríamos decir que la Corte bonaerense llevó a cabo un
triple conforme, ya que realizó su propia revisión de los hechos cuestionados por la defensa y los resolvió. Para no fatigar a lector, hemos adjuntado el fallo completo, que muestra el amplio examen revisor que realizó el Alto Tribunal bonaerense.
Con sólo hacer esto, dejó sin argumentos de ninguna clase a quienes todavía sostienen que es incompatible una revisión amplia de las decisiones de condena tomadas en el marco de un juicio por jurados.
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| Sala de Audiencias de la SCJPBA |
Los pasajes más sobresalientes del fallo son tres y los enumeramos a continuación: primero, la SCJPBA le da correctamente estatus constitucional al principio de más allá de duda razonable (CN, 18 garantía de inocencia) y específicamente emplea la palabra
"test" para referirse a dicho estándar.
"Tiene dicho esta Corte que, si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible....para el tribunal encargado de la revisión, en el caso se superó el test de duda razonable como para confirmar el veredicto de culpabilidad y la sentencia..."
Durante siglos, las Cortes Supremas del
common law han ido delineando estándares para demarcar los alcances de la revisión contra las condenas derivadas de veredictos de culpabilidad de los jurados y los mecanismos para llevarla a cabo.
Por ejemplo, dos célebres fallos de la Corte Suprema de Justicia de Canadá dieron origen al test
"Yebes/Biniaris" o
"Test del jurado razonable", que consiste en determinar, con base en la información disponible del caso -las pruebas, el registro en video, las audiencias recursivas, memoriales de las partes, las instrucciones del juez al jurado, la acusación fiscal, etcétera-,
"si el veredicto es aquel que un jurado, debidamente instruido y actuando conforme a derecho, podría razonablemente haber rendido".
La Corte bonaerense llevó a cabo de manera impecable este cotejo de información para resolver la confirmación de la condena a
Aref.
En segundo lugar, la SCJPBA trata el tema de la
amplitud recursiva y la doctrina de la arbitrariedad:
"... el tribunal revisor analizó uno a uno los testimonios prestados en el juicio con indicación precisa de su ubicación dentro del registro audiovisual mediante la cita de los minutos donde ocurrieron, evaluó las evidencias restantes, abordó y descartó las distintas hipótesis presentadas por la defensa de los encartados y concluyó en la suficiencia probatoria como para despejar toda duda razonable y avalar la decisión del veredicto de culpabilidad y sentencia...
En definitiva, la defensa no demuestra -siquiera conjeturalmente- que la sentencia atacada padezca de algún vicio que bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad"
Siguiendo la metodología señalada, la Corte bonaerense corroboró que, en el caso, el Tribunal de Casación había podido perfectamente efectuar una revisión amplia, analizando los argumentos de las partes en la audiencia y los registros audiovisuales para corroborar si podía predicarse arbitrariedad respecto del veredicto.
Así, convalidó la tarea de la Casación al descartar que hubieran existido vicios en el procedimiento y determinar que la prueba había resultado suficiente como para concluir que el veredicto de culpabilidad era razonable.
En tercer lugar, la SCJPBA acomete otro agravio de la defensa;
que el veredicto era absurdo y contradictorio.
"Veredicto Inconsistente", lo llaman en el
common law (
ver Harfuch, Andrés "El veredicto del jurado", Ad Hoc, 2019, ps 195-198)
. "Veredicto Contradictorio" lo llama la Corte, pero la esencia de lo resuelto es coherente y correcto. La defensa dijo:
"Si Berolamo fue condenado por matar con un arma y el mismo jurado lo absuelve de la portación del arma, el veredicto es absurdo".
El que sigue es otro pasaje extraordinario de la Corte:
"... la defensa había tachado de contradictorio el veredicto de culpabilidad por decir que Bertolano había sido encontrado culpable del delito de homicidio agravado en calidad de coautor, y a la vez inocente del de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Sobre el punto, el a quo señaló que del análisis de la prueba desarrollada surgieron en debate evidencias suficientes que lo sindicaban como una de las personas que atacó a las víctimas disparando con un arma de fuego, y recordó que al ser detenido no le fue secuestrado artefacto alguno, por tal motivo razonablemente el Tribunal de Jurados resolvió que no podía responsabilizarlo por el delito de portación ilegal de arma y sí por el de homicidio agravado".
Habitualmente se presenta la siguiente situación: un jurado rinde dos veredictos generales por hechos distintos contra un mismo acusado. En el presente caso, veredicto de culpabilidad por el "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, calificado por el uso de armas de fuego y por la participación de un menor de edad" (respecto de un hecho consumado y otro tentado) y de no culpabilidad por el delito de "portación ilegal de arma de fuego de uso civil".
La jurisprudencia del
common law en materia de jurados enseña, tal como ahora lo hace la Suprema Corte, que el análisis de corrección del veredicto
no depende de esa aparente inconsistencia, sino del análisis de suficiencia de la prueba.
"También tuvo en cuenta el tiempo transcurrido hasta su detención -suficientemente extenso- como para que el nombrado pudiera deshacerse del arma que supuestamente utilizó durante el ataque".
En síntesis, estos tres pasajes demuestran que el fallo
Aref marcará un antes y un después en la jurisprudencia revisora del país sobre jurados. La confirmación que ha hecho la SCJPBA del veredicto y de la revisión posterior de la sala I de Casación corrobora que el juicio por jurados se adecua perfectamente a las exigencias en materia de recurso amplio emanadas de la Constitución Nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
