SAN MARTÍN: El jurado declaró culpables a los policías Rodrigo Canstatt y Sergio Montenegro acusados de gatillo fácil

El músico Diego Cagliero, la víctima

Ayer, en San Martín, terminó el juicio por jurados en contra de los policías bonaerenses Rodrigo Canstatt y Sergio Montenegro, del Comando de Patrullas de Tres de Febrero, por el homicidio de Diego Cagliero. 

El debate había comenzado el pasado 6 de febrero. No sólo se los acusaba de matar a Cagliero, sino también por intento de homicidio de otros siete jóvenes que viajaban junto al músico.

Los hechos se habían producido el 19/05/19, cuando Cagliero, pasado el mediodía, en la localidad de Martín Coronado, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, con sus amigos Ángel, Damián, Rodrigo, Jonathan, Emmanuel, Mauro y Alfonso, volvían juntos del velatorio de un amigo en común.

Tras el velatorio, el grupo de ocho jóvenes llegó en una camioneta Fiat Ducato con el logo de la empresa AYSA al supermercado "Día" ubicado en Perón al 7300, de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero. 

Seis de esos muchachos agarraron hamburguesas y bebidas alcohólicas y se quisieron ir sin pagar del local, lo que generó en la vereda una discusión con el personal de seguridad del comercio, por lo que devolvieron gran parte de la mercadería, pero se llevaron una botella de alcohol. 

De acuerdo con el relato de un vigilador, en ningún momento los muchachos exhibieron arma de fuego alguna.

Desde el supermercado dieron aviso al 911 y la policía desplegó a varios patrulleros de la comisaría 5ta. de Eufrasio Álvarez y del Comando de Patrullas local. A unas 17 cuadras, en la esquina de Campo de Mayo y avenida Márquez, la policía interceptó la camioneta y efectuaron 13 disparos con sus armas reglamentarias, que impactaron en Mauro Tedesco y Diego Cagliero, que terminaría perdiendo la vida. Tenía apenas 30 años.

Los policías aseguraron que escucharon tiros y los repelieron con disparos, uno de los cuales le dio en el pecho a Cagliero. Pero se comprobó que esto no fue así, razón por la cual el jurado decidió que no correspondía la absolución.

El condenado Ranstatt

La fiscal María Fernanda Billone y los abogados Fernando Sicilia, Iván Koffman y Emiliano Montini, quienes representan a los padres de Diego Cagliero, sostuvieron que los policías Canstatt y Montenegro, dispararon al menos 13 veces sus armas reglamentarias contra una camioneta que, para colmo, no tenía ventanas. 

Mientras que Cagliero murió en el lugar, Tedesco debió ser internado por la herida de bala. Los otros seis integrantes del grupo de amigos no recibió ningún disparo y salieron ilesos del ataque. La misma estrategia llevó adelante la querella del CELS, coordinada por Agustina Lloret. Todos solicitaron la aplicación del homicidio agravado por ser perpetrado por personal policial, que conlleva prisión perpetua.

Agustina Lloret del CELS

Las armas encontradas en la camioneta, de acuerdo a los peritajes, determinaron que no habían sido disparadas, lo cual echó por tierra cualquier hipótesis de un supuesto enfrentamiento. Además, testigos indicaron que ninguno de los baleados tenía armas.

El condenado Montenegro

La defensa de ambos efectivos estuvo a cargo del defensor oficial Fernando Lagares (por Montenegro) y del abogado Diego Raidan (por Canstatt), quienes solicitaron la absolución o, al menos, una serie de delitos menores incluidos.

Por mayoría de 10-2, los jurados se ubicaron en un punto intermedio. Se negaron a absolver a los dos acusados, pero tampoco a condenar a perpetua. Por ende, los jurados terminaron condenando a Canstatt por el delito de homicidio culposo y a Montenegro por la tentativa de homicidio en exceso del cumplimiento del deber de los ocho amigos de Cagliero. Ambos llevan detenidos en prisión preventiva más de tres años.

Ahora solo resta que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Martín, presidido por el juez Marcelo Machado, previa audiencia de cesura, imponga las penas a los condenados.

COMUNICADO DEL CELS

El CELS sacó un comunicado tras el juicio que puede ser consultado íntegramente aquí (CELS comunicado).

En su parte medular, sostiene que "si bien la ley no prevé que el jurado deba justificar su veredicto, a partir de las calificaciones elegidas, se puede dar por probado que Canstatt mató a Diego Cagliero de un disparo durante el operativo policial, y que lo hizo violando todas las reglas y los cuidados necesarios sobre el uso de armas de fuego. En el caso de Montenegro, consideraron que se excedió en sus funciones y que sus disparos pusieron en grave riesgo a la vida de los 8 jóvenes que viajaban en la camioneta, en particular de Mauro Tedesco, quien estuvo internado en terapia intensiva por varios días. En ese sentido, el juicio deja un mensaje sobre el accionar de los dos policías y de que está prohibido disparar a mansalva, de la manera que lo hicieron.

Durante las audiencias quedó comprobada la ilegalidad del operativo de la Policía Bonaerense, que se llevó adelante sin protocolos, y en ese contexto, los condenados dispararon al menos 13 veces contra una camioneta para tratar de detenerla, sin que hubiera un riesgo cierto para sus vidas. Ese accionar provocó un resultado mucho más violento que el que supuestamente iban a contener: un muerto, un herido de gravedad y la vida de otros seis jóvenes con consecuencias irreparables. Sufrieron daños psicológicos, pérdida de trabajos y el dolor de soportar un proceso judicial injusto en el que se los acusa de la tenencia de las armas que ahora el jurado estableció que, en realidad, fueron plantadas".

El CELS insiste en remarcar que el problema de fondo es el uso desproporcionado de la fuerza letal que las agencias de seguridad y policiales emplean en Argentina.

" Las policías solo pueden usar la fuerza letal como un último recurso cuando es necesario proteger la vida de las personas.

El uso desproporcionado de la fuerza está directamente relacionado con la falta de profesionalismo en la labor policial. La cantidad de personas muertas por las fuerzas de seguridad es un indicador de violencia institucional, pero también del modo en que se desarrolla la tarea policial. Una policía que mata más –en circunstancias legales o ilegales- es una policía menos profesional y menos preparada para intervenir. La fuerza de seguridad más eficiente es la que cumple con los objetivos de brindar seguridad haciendo un uso mínimo de la fuerza.

En la Argentina el uso de la fuerza desproporcionada por parte de las policías es un grave problema de violación a los derechos humanos".

Leer noticias aquí:

- Télam (16/02/23): "Un jurado popular declaró culpable a dos policías por el crimen del músico Diego Cagliero" (ver) 

- INFOBAE (16/02/23): "Un jurado popular consideró culpables a dos policías de la Bonaerense por el asesinato de un joven músico" (ver)

02/02/23 - Asesinato de Diego Cagliero: empieza el juicio contra dos efectivos de la Policía Bonaerense (ver)

06/02/23 - Comienza el juicio a dos policías por balear a un músico en Martín Coronado (ver)

07/02/23 - Juicio Cagliero: tres testigos declararon que las víctimas no tenían armas (ver)

07/02/23 - Comenzó juicio por crimen del músico Diego Cagliero (ver)

09/02/23 - Juicio Cagliero: las contradicciones en los testimonios de los policías (ver)

10/02/23 - Juicio Cagliero: peritos confirmaron que no existieron pruebas de disparos desde adentro de la camioneta (ver)

11/02/23 - Juicio Cagliero: un perito confirmó que las lesiones sufridas por Mauro Tedesco pusieron en riesgo su vida (ver)

11/02/23 - Juicio Cagliero: “Me arruinaron la vida”, declaró una de las víctimas (ver)

12/02/23 - Juicio Cagliero: un chofer de patrullaje del municipio dijo que no vio armas (ver)

14/02/23 - Juicio Cagliero: perites confirman que el policía Rodrigo Canstatt mató a Diego (ver)

14/02/23 - Juicio Cagliero: contradicciones y evasivas en los testimonios policiales (ver)

15/02/23 - Acusan a dos policías de la Bonaerense de matar a un músico en un caso de “gatillo fácil”: hoy se conocerá la sentencia (ver)

SAN MARTIN: veredicto "no culpable" para remisero policía a quien la propia fuerza le armó una causa en la que estuvo dos años preso

Esta semana se llevó a cabo un juicio por jurados en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en el que la fiscalía acusaba al remisero y ex policía Jorge Gaj de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves contra civiles. El jurado popular, por unanimidad, declaró no culpable al acusado.

Lo sucedido en el juicio ante el jurado popular demostró que la causa estaba completamente armada por personal operativo de la Comisaría de San Miguel 3°. Todo indicó que los hechos habían sido tergiversados y fraguados. Sólo que en vez de estarlo en contra de un civil, la víctima era un policía que se negó sistemáticamente a cohonestar prácticas habituales de corrupción.


Causa armada: trasfondo

Jorge Gaj era un policía común y honesto. Como todos ellos, lamentablemente, sus bajos salarios lo forzaron a hacer adicionales de custodia en un cementerio judío y a poner un pequeño negocio de kiosco y remisería en el que operaban dos autos: el de Gaj y el de su esposa. Con esos ingresos subsistía la familia.

Gaj, quien estaba próximo a ascender a subcomisario, tenía frecuentes problemas con la Comisaría de San Miguel 3° por las coimas que le pedían para ejercer tales actividades (de acuerdo a lo que declaró en el juicio ante el jurado popular). Como se negó sistemáticamente a entrar en esa lógica, le inventaron todo tipo de sumarios y causas penales (como una por amenazas contra su ex suegra).


Los hechos de este caso: la represalia final contra Gaj

La persistencia de Gaj en negarse a pagar coimas habría llevado las cosas hacia una situación límite y provocado que fuera imputado falsamente en este caso.

Gaj en realidad había sido víctima de una agresión de una turba de dos bandas rivales frente a su remisería durante el Carnaval de febrero de 2014. Le bajaron los dientes de un piedrazo, le robaron toda la mercadería del remís-kiosco de su propiedad y de su esposa, lo incendiaron y perdió todo.

La policía de San Miguel 3° (a propósito, según reflexionó) no intervino resguardando el orden y, no conforme con ello, terminó acusando a Gaj de haber disparado con su arma y herido gravemente a uno de aquellos civiles.

Como consecuencia de esto, Gaj terminó siendo acusado, detenido, preso por dos años y exonerado de la policía. 

Comisaría San Miguel Tercera

El juicio y la controversia sobre los hechos

De acuerdo a la hipótesis de la acusación, a cargo del Fiscal Edgardo Ledesma, el acusado Jorge Gaj había abierto fuego con su arma reglamentaria contra un grupo de personas en medio de un conflicto vecinal producido tras los festejos de Carnaval, provocando a varias de ellas heridas de carácter leve. Todo ello, de acuerdo a lo informado por el acta de procedimiento de fs. 1 labrada por el Subcomisario Luis Manresa (la controversia sobre esta acta resultó ser decisiva en el debate).

Los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2014, en la puerta de una remisería.

Pero las cosas no resultaron ser tan claras como podría pensarse.

En una notable decisión estratégica de litigación, el abogado Oscar Kemerer decidió que el alegato de apertura ante el jurado lo efectuara el propio Gaj.

Fue un momento de gran tensión. El jurado vio sentarse a un hombre joven, correcto, de buena presencia, que les contó que tenía una esposa y dos hijas y que debió hacer adicionales y trabajar de remisero para poder llegar a fin de mes. Contó también que sus propios compañeros de la Comisaría  le exigían como coima un porcentaje del dinero adicional que él pudiera obtener por aquellas actividades.

Le contó al jurado que él se negó sistemáticamente a ser parte de esa red de corrupción y que, como consecuencia de esa negativa, empezó la persecución en su contra y el invento de esta causa que lo mantuvo injustamente en prisión por dos años. Describió con lujo de detalles ante el jurado popular todas las prácticas ilegales de las que había tenido conocimiento estando en aquella Comisaría. Finalmente, contó que el líder de la banda de policías corruptos, quien también lideraba el complot en su contra, era un subcomisario de apellido Manresa (aquel que había labrado el acta de procedimiento). Agregó que en el barrio era por todos conocido que este funcionario tenía vínculos con la droga y que era un adicto consumado.

Respecto de los hechos, Gaj explicó al jurado lo que verdaderamente pasó ese día y que el jurado probó como ciertos. Ese día de Carnaval se habían peleado dos bandas rivales delante de su remisería. Agregó que, como suele suceder, empezaron a apedrear su negocio, y que salió dos veces a pedirles que se retiraran hasta que en un momento recibió un piedrazo que le bajó todos los dientes. Precisó que recién ahí sacó su arma reglamentaria, apuntando hacia arriba, y se identificó como policía ordenando que se retirasen, pero que varios integrantes de esa turba le manotearon el arma, de la cual salió un disparo que no hirió a nadie. Lo golpearon, saquearon su kiosco, le robaron todo, y le prendieron fuego. Esto fue todo lo que sucedió, aclaró, y remarcó que la pasividad de sus compañeros de la Comisaría San Miguel 3° había sido total. Finalmente, Gaj le contó al jurado que, en represalia por querer seguir siendo un policía honesto, lo detuvieron en el acto y lo imputaron por tentativa de homicidio.

De este modo, y con este nivel de impacto, terminó el alegato de apertura de Gaj ante el jurado popular. Había marcado definitivamente el derrotero del juicio. Desde ese momento en adelante la prueba de la fiscalía y los testigos de este hecho iban a ser vistos a la luz del prisma de esa teoría del caso.

El testimonio del Subcomisario Manresa

A medida que desfilaba la prueba de la fiscalía, la acusación se caía a pedazos. Por ejemplo, la mayoría de los atacantes de la remisería (supuestas víctimas de los disparos de Gaj) no concurrieron al juicio por estar presos. El único que concurrió reconoció que nunca había sido herido y que solo había entrado al Hospital para visitar a su hijo.

La suboficial Noelia Romero, cuya firma constaba en el acta de procedimiento de fs. 1, reconoció ante el jurado que jamás había estado en ese lugar, con lo cual el testimonio del Subcomisario Manresa era esperado con gran expectativa.

Enorme fue la sorpresa para el juez, las partes, el público presente y el jurado, cuando el subcomisario Manresa hizo su entrada a la sala de juicio: apenas podía mantenerse en pie y era evidente que estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Incluso tuvieron que ayudarlo a sentarse. Durante el testimonio se lo vio verborrágico, inconexo, con ademanes ampulosos y hablando en voz alta. Para el jurado, esto selló definitivamente la suerte del juicio: todo lo que les había contado Gaj en el alegato de apertura era verdad. Una vez más, el viejo apotegma forense de "a confesión de parte, relevo de pruebas" volvía a demostrar su acierto.

El defensor Oscar Kemerer le hizo una simple pregunta: "Subcomisario Manresa, ¿podría mostrarnos su firma en el acta de procedimiento?"

Aun mayor fue la sorpresa cuando Manresa, tras casi 20 minutos de hojear delante del jurado todo el expediente, no sólo no pudo encontrar su firma, sino que tampoco pudo siquiera reconocer el acta de procedimiento de fs. 1 en el que figuraban todos estos supuestos hechos. No existía firma suya alguna en el acta famosa de fs. 1. La causa se había caído definitivamente.

El juez Moramarco Terrarosa, visiblemente fastidiado y molesto por la situación, lo llamó al orden varias veces ante sus evasivas, ordenó que respondiera la pregunta al abogado de la defensa y, además, informó a la jefatura departamental su comportamiento durante el debate.

Ya no había mucho más que hacer. Por más esfuerzos que intentó el fiscal Ledesma por sostener la acusación (aun incluyendo el delito menor incluido de abuso de armas), tras las instrucciones del juez, el jurado rindió un veredicto unánime de no culpabilidad.

Consecuencias del veredicto

El veredicto absolutorio del jurado fue una reivindicación no solo moral para Gaj, sino que le permitió recuperar en el acto la libertad injustamente perdida durante dos años, y le permitió iniciar un proceso administrativo contra la policía por haber sido exonerado de la fuerza como consecuencia de su detención.

La Fiscalía de Malvinas Argentinas, a cargo de Gloria Reguan, es la que investiga actualmente el proceder irregular del personal policial de la Comisaría San Miguel 3° que intervino en este procedimiento fraguado.