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| Jueza Ángela Ledesma |
Ángela Ledesma, camarista federal de Casación, máximo tribunal penal del país, fue contundente y sin rodeos en su paso por Paraná. "No se puede reducir la competencia del jurado sin violar la Constitución Nacional", aseguró.
La prestigiosa jurista y profesora universitaria visitó Paraná para participar del XX Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Procesal Penal realizado en la UCA Paraná. Desde allí brindó declaraciones contundentes sobre la experiencia del juicio por jurados y criticó duramente las propuestas de reforma que buscan limitar este mecanismo en la provincia de Entre Ríos.
En diálogo con diversos medios del litoral, Ledesma destacó la evolución favorable del sistema de enjuiciamiento ciudadano en el país. “A medida que fue pasando el tiempo, fue avanzando el juicio por jurados y la experiencia es muy buena en la cantidad de juicios que se hacen,” afirmó.
Sin embargo, manifestó su sorpresa al conocer los proyectos legislativos que se manejan en Entre Ríos. “Por eso me llamó la atención un poco ayer (por el jueves) escuchar y saber que aquí hay un proyecto de reforma que iría en contra de los avances de la provincia de Entre Ríos”.
La preocupación central de la jurista se centró en la iniciativa que busca “acortar la participación del jurado popular en cierta en ciertos debates, especialmente los de abuso sexual”. Respecto a este intento de limitar las competencias del jurado popular, Ledesma fue categórica al calificar la medida de “totalmente inconstitucional”.
La profesora universitaria recordó que la base de este sistema está anclada en la Carta Magna nacional: “Precisamente la Constitución en tres artículos desde el año 1853 establece que el juicio por jurados tiene que ser la regla para las cuestiones criminales”. Por lo tanto, sostuvo que ese “achicamiento de facultades” es, en primer lugar, inconstitucional.
Además de la limitación en los tipos de casos, Ledesma se refirió a un posible fallo o proyecto de reforma que otorgaría a los fiscales “la facultad de recurrir el veredicto absolutorio”.
Ledesma consideró que tanto el proyecto como el fallo (si existiera) serían inconstitucionales. Explicó que el principio fundamental del juicio por jurados —tal como ocurre en los países del common law que lo implementan— es precisamente “la irrecurribilidad del veredicto absolutorio”.
La magistrada de Casación argumentó que el Estado ya posee todas las herramientas para la acusación y persecución, y no debe someter al imputado a un doble riesgo procesal. “El Estado tiene una sola oportunidad para acusar, tiene una sola oportunidad para perseguir con todo el aparato y con todas las herramientas al respecto y no puede someterse en dos oportunidades al imputado”.
Por eso, en defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y del poder ciudadano de participar de la administración de justicia, desde esta Asociación hacemos un llamamiento a rechazar con firmeza esta ofensiva.
Como siempre ha sucedido en la historia del juicio por jurados, lo que aquí está en juego no es un tecnicismo procesal, sino el principio republicano de quién tiene en última instancia el poder de habilitar al Estado a condenar a una persona: si lo hace la ciudadanía o lo hace el propio aparato estatal a través de los jueces permanentes. Defender el juicio por jurados es defender la división republicana de poderes y la soberanía popular, aun cuando ello incomode a quienes pretenden restaurar el sistema de concentración de poder que tanto daño le ha hecho a nuestra Nación.
COMUNICADO DE LAS ONG´S
En Entre Ríos se desarrolla una ofensiva articulada contra el juicio por jurados cuyo objetivo es claro: reducir el alcance de la participación ciudadana en la justicia penal y devolver el control absoluto de los casos más graves a un puñado de jueces técnicos. No estamos frente a episodios aislados, sino ante un plan coordinado que combina proyectos legislativos y un fallo judicial con claros tintes políticos.
En apenas dos semanas se desplegaron tres movimientos que avanzan en la misma dirección y que deben ser entendidos como parte de una estrategia común para destruir el sistema de jurados:
1. El avance de un proyecto de ley que busca reducir la competencia del jurado, cuyo tratamiento en el Senado comenzará esta semana con una exposición de su impulsor, el Procurador General de la provincia.
2. La inclusión en el temario de un paquete de reformas procesales de la posibilidad de que jueces técnicos revoquen veredictos de no culpabilidad dictados por jurados populares, también por pedido exclusivo del Procurador.
3. Apenas unos días después, una sentencia dividida de la Cámara de Casación de Paraná, que declaró la inconstitucionalidad de la irrecurribilidad de los veredictos absolutorios. Se trata de un fallo carente de argumentos, que deliberadamente ignora la ley, la doctrina clara del Superior Tribunal de Entre Ríos y privilegia prejuicios personales contra el sistema de jurados por sobre mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales.
Estas tres acciones forman parte de un mismo libreto y persiguen dos objetivos concretos:
1. Excluir a la ciudadanía del juzgamiento de casos graves que hoy son juzgados por jurados, para que vuelvan a ser decididos exclusivamente por jueces técnicos, sin control popular, reinstalando el viejo modelo de poder concentrado que la Constitución de 1853 repudió y que la legislatura entrerriana dejó atrás en 2020. El argumento del “colapso” judicial “ o “del barril de pólvora” es falaz: los datos oficiales muestran que el juicio por jurados representa apenas el 0,3 % del presupuesto del Poder Judicial y que en todo el territorio provincial se realiza, en promedio, menos de un juicio por semana hábil. La mora no es causada por el juicio por jurados, sino por un boicot deliberado a la realización de juicios, impulsado principalmente por una política institucional del propio MP. No hay razones para que no se realicen más juicios que los que actualmente se llevan a cabo. Existen incluso propuestas para abaratar costos y garantizar más juicios con el mismo presupuesto.
2. Devolver a los jueces la “última palabra” al permitirles revocar veredictos unánimes de no culpabilidad, vaciando de sentido el poder del jurado y vulnerando el derecho fundamental a no ser perseguido múltiples veces por el mismo hecho.
