Adema Maciel, de 49 años, murió degollada, con su bebe en brazos, en junio de 2016 en una plaza de Villa Diamante, en Lanús.
Según los peritos, la mujer presentaba cortes en distintas partes del cuerpo, especialmente en el cuello, y golpes en la cabeza de tal brutalidad que le produjeron aplastamiento de cráneo.
La víctima tenía otros siete hijos, que quedaron sin madre tras el homicidio.
Durante el debate se escucharon las declaraciones de familiares y allegados de la víctima, y de otros testigos que presenciaron parte de lo ocurrido.
Según pudo probarse, la mujer, que tenía a su hijo de un año en brazos, mantuvo una discusión con Aranda, quien la golpeó y la atacó con un cuchillo para luego darse a la fuga. Maciel fue encontrada minutos más tarde por vecinos, que ya no lograron reanimarla. Aranda fue detenido horas más tarde.
La fiscal del caso, Marcela Dimundo, entendió que no contaba con los elementos necesarios como para sostener una acusación por femicidio, pero acusó a Aranda de homicidio agravado por la relación de pareja no conviviente.
El acusado era ex marido de una prima de Maciel y, según aseguró la fiscalía, al momento del crimen ambos mantenían una relación sentimental oculta producto de la que, siempre según la acusación, habría nacido el bebé que la víctima llevaba en brazos. Sin embargo, tal vez como consecuencia de que se trataba de una relación prohibida, las pruebas de esa relación no eran contundentes.
Tras los alegatos finales de las partes, el juez José Ignacio Póliza (integrante del Tribunal en lo Criminal Nº de Lomas de Zamora), leyó las instrucciones a los jurados y los envió a deliberar brindándoles tres opciones de veredicto: culpable de homicidio agravado por la relación de pareja no conviviente (de acuerdo al pedido de la acusación), culpable del delito menor incluido de homicidio simple y no culpable.
Luego de deliberar durante alrededor de dos horas, los jurados encontraron a Aranda culpable de homicidio simple. Evidentemente no consideraron suficientes las pruebas sobre la supuesta relación oculta de pareja no conviviente.
Resta ahora la celebración de la audiencia de cesura, en la que el juez deberá imponer la pena aplicable al caso, guiándose a través de una escala penal que va de los 8 a los 25 años de prisión.
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