viernes, 14 de diciembre de 2018

LOMAS DE ZAMORA: un jurado popular declaró culpables a integrantes de la patota de la UOCRA que asesinó a un obrero

Pasada la medianoche se conoció el veredicto del jurado en el tercer juicio que se realiza por un resonante y complejo homicidio ocurrido en 2014 en Lomas de Zamora, en el marco de un grave conflicto gremial que involucró a dirigentes del sindicato de la construcción (UOCRA).

Manifestantes reclaman "justicia por Darío Ávalos"

Al igual que en los casos anteriores, el jurado declaró a los acusados culpables de los diferentes delitos imputados, deslindando diferentes grados de participación y responsabilidad: desde lesiones hasta homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, pasando por tentativa de homicidio y homicidio en riña.

El juicio fue presidido por el juez Roberto A. Conti.


Los hechos y las víctimas

El 11 de marzo de 2014, obreros de la construcción se habían reunido frente a un obrador en Villa Fiorito, a la vera del Riachuelo, para reclamar el ingreso a la obra y por sus salarios. En ese contexto, una patota identificada con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de Lomas de Zamora los emboscó a los tiros.


Darío Ávalos (uno de los obreros de la construcción) recibió un tiro por la espalda y llegó desangrado al hospital local Luisa C. de Gandulfo, donde murió. 

Otras tres personas resultaron heridas:
  • Andrés Nogueira, quien sufrió múltiples heridas de cuchillo en la espalda y un intento de ahogamiento en el Riachuelo;
  • Alcides Nogueira, quien sufrió una herida de arma blanca en la cabeza y también un ahogamiento; y
  • Marcelo Cardozo, quien sufrió politraumatismos y dificultad respiratoria.


Juicios anteriores por los mismos hechos

En el primer juicio realizado por estos hechos, en julio de 2016, Alejandro Jara y Alberto Albornoz, integrantes de la UOCRA seccional Lomas de Zamora, fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio agravado por el concurso premeditado de una pluralidad de personas que tuvo como víctima a Ávalos, la tentativa de homicidio de otro albañil y las heridas recibidas por otros dos.

En tanto, Javier y Héctor Cabrera, Oscar Chuquimia y Carlos Cáceres, también integrantes del gremio, fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión por homicidio en riña.

En aquella oportunidad, al finalizar el juicio, los abogados de la querella habían afirmado que, ante un caso con tremendas presiones políticas, "el jurado nos ha dado una lección".

Gremialista "Colifa" Fernández, uno de los ejecutores del homicidio
según el veredicto de 2017

En el segundo juicio, llevado a cabo en junio de 2017, fueron condenados a perpetua Héctor Cabrera, Jonathan Vega y Sergio "Colifa" Fernández Galarza. El primero como autor intelectual del homicidio premeditado y los otros dos como coautores materiales.


El tercer juicio por jurados

Este tercer juicio comenzó al pasado martes, cuando el juez Conti recibió a los ciudadanos y ciudadanas convocados y dio comienzo a la audiencia de selección de jurados (voir dire).

Como en todos los casos anteriores, llevarlo a cabo resultaba un gran desafío para los acusadores y también para el juez, considerando que existían varias víctimas que habían sufrido heridas de diferente gravedad (incluso la muerte) y una gran pluralidad de victimarios, cada uno de ellos con diferentes roles, responsabilidades y grados de participación respecto de los hechos cometidos.

En esta oportunidad, los acusados eran dos: Miguel “Poti” Lomeña y Gastón “Narigón” Olivera. Del mismo modo que los acusados de los juicios anteriores, pertenecían a la UOCRA de Lomas.


La fiscalía fue presentando sus pruebas, que resultaron determinantes.

Un testigo directo del ataque, hombre de 26 años, relató: “fui a pedir trabajo porque me dijeron que estaban pidiendo gente y nos corrieron a los tiros”. Añadió que fueron “entre 80 y 100 disparos los que tiraron” y que los agresores “tiraron a matar” en el marco de una “emboscada”.

Ahondando al respecto describió que un grupo de la UOCRA bajó de varios vehículos en Camino de la Ribera Sud, frente a la obra en construcción donde permanecían hace varios días haciendo ollas populares, y comenzaron a dispararles.

“Cuando empezamos a correr, del lado contrario a Puente La Noria, al terminar el muro que está alrededor de la empresa, nos estaban esperando para tirarnos. Ahí lo vi a Poti (entre otros) arrodillado tirándonos a matar”, aclaró.

Otro de los obreros que reclamaba por su trabajo y su salario precisó que “por un amigo que vivía en el mismo barrio que ellos [los agresores], supimos que habían planificado la muerte de algunos de nosotros un día antes”,

Y al describir la emboscada contó que “ellos nos tiraron para que corramos a un lado donde nos estaban esperando más tipos armados apostados para tirarnos”.

Los testigos aseguraron que “el Narigón” Olivera era uno de los hombres que llegó junto al grupo de personas que venían en los vehículos y empezaron a disparar, y que “Poti” Lomeña se había “escondido” al final del paredón. Es decir, un grupo de agresores, a los disparos limpios, arriaba a las víctimas como ganado, conduciéndolas hacia el matadero, el lugar en que se encontraba atrincherado otro grupo, esperando para efectuar disparos certeros y llevarse la vida de algunos de los manifestantes. Una emboscada bien planeada.

Reclamos de justicia: "Basta de impunidad. Basta de patotas"
Los acusados se defendieron insistiendo en que no habían estado presentes. El acusado Olivera manifestó: “Lo único que exijo es que se haga justicia por Darío Ávalos. No maté a nadie y no estuve en el lugar del hecho. Me duele mucho porque éramos todos compañeros y lo que pasó fue por dinero”.

Algunos trabajadores de la misma UOCRA involucrada en los hechos, aportados por la defensa de Olivera como testigos  afirmaron que el “Narigón” no había estado en la escena del crimen: “Ese día estuvimos en el gremio esperando por los puestos de trabajo y Olivera estaba con nosotros cuando vimos en el noticiero lo que había pasado”, relató uno de ellos.

Otro testigo de descargo, un ex empleado administrativo (ahora jubilado) que trabajaba en la empresa constructora donde ocurrió la muerte de Ávalos, contó que “un día apareció un grupo de gente en el portón para pedir trabajo” y que “la cosa fue creciendo en cantidad de gente y en un momento se pusieron muy violentos. Fue traumático porque fueron muchos días que no pudimos entrar a trabajar”. Agregó no haber visto armas en el interior de la obra.

Finalmente, el juez Conti instruyó al jurado, les explicó cuáles eran los diferentes delitos imputados a cada uno de los acusados (incluyendo tanto a los delitos principales como a los delitos menores incluidos correspondientes), les suministró los formularios de veredicto y los envió a dleiberar alrededor de las 21 hs.

Pasada la medianoche, alrededor de la 1 AM, el jurado rindió sus veredictos. Encontró a ambos acusados culpables de cada uno de los delitos incriminados:
  • Ambos fueron declarados culpables por el homicidio de Darío Ávalos, agravado por el concurso premeditado de una pluralidad de personas.
  • Respecto de otra de las víctimas, uno de los acusados fue declarado "culpable" de homicidio en riña y el otro "culpable" de homicidio agravado por concurso premeditado
  • Respecto de otra víctima, uno de los acusados fue declarado "culpable" de tentativa de homicidio agravado por concurso premeditado y el otro "culpable" de lesiones graves agravadas por concurso premeditado.
Juez Roberto Conti (der)

De este modo, pudo finalizar sin inconvenientes otro complejo juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, en el que frente a una pluralidad de hechos, víctimas y acusados, el jurado supo arribar a un veredicto en cada una de las opciones brindadas por el juez, deslindando diferentes tipos de responsabilidades para cada uno de los autores y por cada hecho diferente.

Fuentes del Tribunal resaltaron el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas que participaron, y relataron que, al despedirse de los jurados, el juez Conti pudo advertir cómo la experiencia había cambiado positivamente la imagen de los ciudadanos hacia el sistema de administración de justicia.


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